viernes, 8 de septiembre de 2017

PERVERSIÓN ANTIDEMOCRÁTICA



                        Saltándose la Constitución Española, el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña y el mero sentido común democrático, incluido el mismísimo Reglamento del Parlament de Cataluña, los separatistas, en dos abruptas y esperpénticas sesiones parlamentarias, imponen su ilegal referéndum y su diseño de República Catalana en la Cámara Legislativa autonómica, donde su Presidenta, Forcadell, y la mayoría de la Mesa que preside, en vez de actuar como garante de los derechos de los diputados de forma imparcial y velar porque se actúe conforme a la legalidad, decide convertirse en una activista más, pero con el mazo en la mano, del totalitario “procés” independentista y con nocturnidad y alevosía permite que se apruebe la ley del referéndum ilegal y la suprema ley de transitoriedad que, con apariencia chapucera de legalidad, habilite al Govern, echado al monte desde hace tiempo, para consolidar la ruptura de España. Así, los separatistas imponen su referéndum, generando una crisis institucional en Cataluña sin precedentes (bueno sí, con el precedente de la generada durante la Segunda República, abortada enérgicamente por el Gobierno Republicano), mientras la oposición democrática denuncia el procedimiento como un atropello a la democracia y, excepto la marca de Podemos, abandona la Cámara para no participar en las ilegales votaciones. Tras semejante secuestro de la democracia para fracturar España, una indiscutible perversión democrática, por no calificarlo directamente de Golpe de Estado, el Govern en pleno, casi con los ecos del himno de “Els Segadors”, cantado por los independentistas presentes, firma la convocatoria del 1-0 después de imponerlo en el Parlament burlando incluso el veto del propio Consejo de Garantías de Cataluña y contra los informes de sus propios letrados y el secretario, que ni firma los decretos. Contra todo y contra todos, los totalitarios independentistas de Junts pel Sí y la CUP imponen sus ilegales y antidemocráticos objetivos en un Parlament semi vacío, mientras una diputada de la marca de Podemos en Cataluña retiraba de los escaños las banderas de España que los diputados del PP habían dejado, junto a las banderas catalanas, antes de ausentarse, provocando que desde la dirección de Podemos, que sí participó en la votación absteniéndose, le llamaran la atención y la requirieran a pedir disculpas, pero ella se negó en rotundo. Ante tan graves acontecimientos, Rajoy, que acude al Tribunal Constitucional para impedir la ilegal consulta, se reúne por separado, tanto con Sánchez como con Rivera, quienes le garantizan total apoyo y sin fisuras al mantenimiento de la Ley, en nombre respectivamente del PSOE y de Ciudadanos (éste incluso había anunciado en el Parlament una moción de censura contra Puigdemont), mientras la Fiscalía se querella contra Forcadell y contra la Mesa del Parlamento catalán.
            Como era de esperar y por vía de urgencia la Justicia acorrala a todos los responsables del referéndum y de semejante crisis institucional en Cataluña: Fiscalía decide acusar al Govern de desobediencia, prevaricación y malversación; y el Tribunal Constitucional suspende la Ley del Referéndum y su convocatoria el uno de octubre, y advierte a los 947 alcaldes catalanes y a 62 cargos de la Generalitat de que no colaboren con el 1-O. Por su parte Mariano Rajoy, tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, comparece ante los medios, manifestando en su mensaje, entre otras cosas: “no voy a permitir que se liquide nuestro sistema de convivencia”, “haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo”, “sé lo que se espera de mí y sé cuáles son mis obligaciones”, “no menosprecien la fuerza de la democracia española”, “España no es una ocurrencia de última hora”, “vamos a demostrar que la democracia española, libre y plural, sabe defenderse de los enemigos de la convivencia”,  “esta consulta atropellada, chapucera e ilegal no se va a celebrar”, “estén tranquilos, nadie les puede obligar a hacer nada ilegal, la Ley les protege y les defenderá” (refiriéndose a funcionarios y cargos catalanes presionados por el Govern), “no sigan avanzando hacia el precipicio institucional, asuman de una vez su fracaso, dejen de forzar la voluntad de la gente, no liquiden sus propias instituciones” (instando al Govern a reflexionar sobre la gravedad de lo sucedido). Lógicas y razonables palabras de un Presidente de Gobierno democrático acosado por un Golpe de Estado, cuyos autores y colaboradores quedan apercibidos por la Justicia, mientras el principal artífice del golpe, Puigdemont, que considera que España no es un Estado Democrático y le acusa de amenazas por pretender imponer la legalidad democrática en Cataluña, insta a los alcaldes por escrito a que cedan los locales necesarios para celebrar la ilegal consulta, en tanto que el TC les apercibe, junto a otros cargos, de los riesgos de colaborar con semejantes ilegalidades, con lo que la batalla de la consulta ilegal se traslada ahora a los Ayuntamientos.  
            Y gracias a la aprobación en el Parlament esta madrugada de la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica, por si, tras la celebración del ilegal referéndum, ganara el “sí”, ya conocemos las pretensiones de esta ley suprema, convertida en la norma con la que aspiran los independentistas a situarse por encima de la Constitución para dotarse de la potestad de crear su propio Tribunal Supremo, prescindir de las leyes españolas y erigir al President de la Generalitat en Jefe de Estado de la nueva República Catalana; una ley pensada exclusivamente para suplantar ilegalmente la legislación española. Ya ven, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, cuando ante semejante perversión democrática, hasta la UE, por boca del Presidente del Parlamento Europeo, acaba de declarar que “actuar contra la Constitución es una acción contra la Unión Europea” y por tanto, en el caso hipotético de que Cataluña se independizase, dejaría de ser “ipso facto” un Estado miembro de la Unión, frente a lo que sostienen los independentistas para manipular y engañar a los catalanes. Mientras tanto, la Guardia Civil rastrea las papeletas, que los Mossos habrán de quitar el 1-O junto a las urnas en caso de que se celebre la consulta, y los soberanistas les avisan que “se imprimieron hace dos semanas”. Ya en víspera de tal perversión democrática, se intuía lo que iba a suceder, mientras Artur Mas y otros altos cargos, eran urgidos a pagar cinco millones por los gastos de la chapuza antidemocrática del 9-N y el Govern preparaba en secreto la aprobación de las citadas ilegales leyes de ruptura citadas, en tanto que los Mossos (según encuestas el 85% de ellos no está dispuesto a incumplir la ley), como es lógico, consideran prioritario obedecer las órdenes de los tribunales. En efecto, el Tribunal de Cuentas cita para seis días antes del ilegal 1-O al ex president (actualmente inhabilitado) y a diez altos cargos más para que respondan solidariamente con su patrimonio, reclamándoles 5.120.000 euros por los gastos ilegales, que repartidos entre once tocarían a 465.455 euros cada uno de ellos, aunque Mas ya ha hecho el cálculo y pretende, al mejor estilo de Lola Flores, que si los que votaron en aquel esperpento de consulta del 9-N pagan una mínima cantidad la deuda quedaría saldada. Es decir, que el pueblo pague las fechorías e irresponsabilidades de su gobernantes y todos contentos (y algunos, millonarios). No obstante, tengo la certeza de que todos ellos estarán deseando que triunfe su paradisiaca República Catalana, cuyos promotores ya han anticipado que una de las primeras medidas será amnistiar a todos los condenados o investigados por el “procés”.
            En cuanto a otros asuntos, que también los ha habido, cabe citar que el “número dos” de Ignacio González confiesa en el “caso del Canal” que cobró una comisión de 900.000 euros; que PP y PSOE pactan reformar RTVE al margen de Podemos y Ciudadanos; que el Estado Islámico pide atentar contra objetivos de la capital de España y Madrid refuerza la seguridad y el control de las mezquitas ante esta amenaza de atentado yihadista; que el Banco de España da por perdido el 75% del rescate bancario; y que los editores de libros de texto denuncian que el exceso de oferta por las exigencias de las CCAA incrementa los precios, pues para una sola asignatura hay que editar hasta 25 libros para adaptarse a las exigencias peculiares de cada comunidad autónoma.   
            Y mientras el Caribe afronta un devastador huracán, conocido como Irma, Florida se prepara para la catástrofe ya que tras cruzar el Caribe arrasándolo todo se dirige a EEUU, provocando desbandadas en Cuba y Florida. Entretanto cabe citar además que Putin cree que se ha desatado “histeria militar” por la crisis de Corea del Norte; que el Papa, en visita a Colombia, da un espaldarazo a la política de paz de Santos, instando a renunciar a la venganza para asentar la convivencia; que Trump devuelve a la ilegalidad a 800.000 jóvenes anulando el plan contra la expulsión de menores inmigrantes y otorga al Congreso un plazo de seis meses para concederles un status; y que Estrasburgo limita el control de los “e-mails” por las empresas, fallando que debe haber un aviso previo y un motivo convincente, con lo que avala entrar en el correo de los trabajadores si hay aviso previo.  
            La buena noticia en España, visto lo visto, se debe a los deportes: mientras la Selección Española de Fútbol se da un festín al ganar a Liechtenstein por 8-0 (tampoco es nada extremadamente difícil) y con Nadal y Muguruza liderando la ATP y la WTA, lo que convierte a España en el tercer país que monopoliza el tenis, va Gasol y se erige como máximo anotador de los Eurobasket. Enhorabuena a todos ellos.
                                                Jorge Cremades Sena