Sabido
es que el Estado de Derecho y la Democracia tienen como uno de sus pilares
básicos la separación de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y, por
tanto, todo lo que suponga no garantizar esta independencia supone un atentado
contra la Democracia y, por ende, contra las libertades ciudadanas. Sabido es
también que el Sancta Sanctorum de la Democracia es el Legislativo derivado de
la voluntad popular tras unas elecciones libres, de donde emana el conjunto de
leyes y donde el Ejecutivo, que ha de obligar al cumplimiento de las mismas,
debe rendir cuentas con arreglo a los procedimientos establecidos, mientras el
Judicial con absoluta independencia ha de dirimir si en caso de litigio dichas
leyes se cumplen o no, imponiendo las penas pertinentes en este último caso. Y
todo ello al amparo de una Constitución o Carta Magna, libremente otorgada por
los ciudadanos, donde radica el límite de las libertades y derechos del pueblo,
que, en ningún caso, nadie puede ni debe saltarse. Todo lo que vaya contra estas
básicas premisas democráticas supone por tanto un menoscabo de las libertades y
garantías de los pueblos favoreciendo las tendencias más o menos totalitarias
que suele tener el poder, en este caso el Ejecutivo, cuando, erigiéndose en
dueño y señor de la situación, pretende controlar al resto de poderes,
especialmente al Judicial para que se incline a apoyar sus tesis en caso de
conflicto, dado que al emanar el Ejecutivo del poder Legislativo, ya suele
contar “a priori” con la mayoría de la Cámara a la hora de avalar sus proyectos.
Por tanto, no respetar las reglas y procedimientos, previamente establecidos, a
la hora de modificar este obligado (y difícil) equilibrio en la independencia y
separación de poderes del Estado, es un paso adelante hacia un sistema autoritario
y, por ende, un paso atrás hacia un sistema democrático. Es lo que sucede en
España con la pretensión del PSOE de Sánchez (jamás se le hubiera ocurrido al
PSOE de Felipe González) y del Podemos de Iglesias (no sé si se le ocurriría al
Podemos de Errejón) para reformar por vía rápida el Poder Judicial, dado que
con las reglas de juego democráticamente establecidas (mayoría cualificada de
tres quintos de diputados, 210, en vez de, simplemente mayoría absoluta, 176
diputados) es prácticamente imposible dejar al margen al principal partido de
la oposición a la hora de renovar las vacantes del CGPJ, y en vez de estrujarse
los sesos tanto Sánchez como Casado para llegar a un consenso, como siempre ha
sucedido entre PSOE Y PP, el Presidente, a instancias del Vicepresidente
populista, opta por el atajo de romper las reglas de juego y las garantías
consecuentes para la ciudadanía, bajando a su antojo la mayoría parlamentaria
cualificada y diseñar así un CGPJ que para sus intereses sea el más idóneo.
Estamos en la antesala de una peligrosa evolución de un sistema democrático
hacia un sistema autoritario (Venezuela, Polonia o Hungría podrían servir de
ejemplo) que, una vez implantado, se hace muy difícil reconvertir. No extraña
pues que el PP, es decir, la oposición, califique la medida de “dictatorial”
(igual hubiera calificado el PSOE si se le hubiera ocurrido hacerlo a Rajoy)
pues no cabe en democracia saltarse los controles para cambiar el Poder
Judicial desde el Ejecutivo sin mayoría cualificada y burlando la Constitución.
Lamentablemente Sánchez ha cedido ante las presiones de Iglesias para imponer
el modelo de éste, y tras negociar con él da la orden “personal” en plena
investigación judicial de su Vicepresidente, eludiendo todos los controles, con
lo que, si prospera, la coalición y sus socios de investidura podrán nombrar un
gobierno de los jueces a su medida con solo la mayoría absoluta del Congreso,
desconcertando dicha maniobra no sólo a los ministros más moderados (y más
democráticos), sino también a los magistrados de la UE que critican el acoso a
la independencia judicial. De momento el CGPJ desafía el rodillo de Sánchez y
cubrirá las vacantes (Lesmes propondrá este mes los nuevos presidentes de los tribunales superiores),
mientras la judicatura se rebela y considera antidemocrática la reforma legal
que pretende el Ejecutivo. Por su parte Casado alerta hoy en Bruselas del
“asalto” y “atropello” a la separación de poderes en España, dado que el
mismísimo PSOE pidió “no dar un euro” a Hungría y Polonia, cuyos ejecutivos de
ultraderecha atacaron igualmente a la Justicia en sus respectivos países. Es
más, Polonia plantea a la UE sancionar ahora a España por el golpe al CGPJ,
mientras hasta los socios del gobierno social-comunista de España (PNV, ERC y
Más País), que apoyaron la investidura
también cuestionan esta reforma exprés de la ley, no ya porque sea
antidemocrática (algunos de ellos son totalitarios), sino porque crea un
peligroso precedente: ¿qué sucedería cuando gobierne en España la derecha o la
extrema derecha? En efecto, en el futuro cualquier gobierno, del signo que sea,
podría modificar a su antojo el CGPJ sin la pertinente mayoría cualificada que
se requiere ahora…..¿lo defendería entonces PSOE y Podemos desde la oposición?
Sinceramente, creo que no. Para colmo este asalto al Poder Judicial complica
incluso la llegada de los fondos europeos, pues Polonia pide igualdad de trato
y pregunta a Bruselas si multará a España por menoscabar la independencia de
los tribunales (Garicano ve en peligro la llegada de dichos fondos tras hablar
con comisarios europeos de este plan de Podemos y el PSOE), mientras Sánchez
defiende ahora bajar la presión sobre Hungría para intentar que su reforma
judicial no afecte a los mismos. En fin, es lo que hay……nuestros gobernantes no
dan para más.
Y
mientras el FMI sitúa a España como ejemplo de “corruptelas” (seguro que con un
CGPJ más controlado irían “in crescendo” incluso) y la señala por la peor
recesión y el déficit record (prevé que la economía española caiga el 12´8%,
con un desfase del 14´1% en las cuentas públicas y una deuda del 123%), Sánchez
salva a Iglesias de la reprobación en el Congreso de los Diputados por el “caso
Dina” tras haber elevado el juez García Castellón al Supremo sus actuaciones en
tan sospechoso caso por encontrar indicios de delito; en efecto, los votos del
PSOE y de Podemos, a los que se unen los grupos de la investidura, impiden la
reprobación del Vicepresidente que solicitaban PP, Ciudadanos y Vox.
Entretanto, cuando la ministra Montero es salpicada por un fraude de ayudas en
la Junta de Andalucía, el Supremo ratifica la sentencia del “caso Gürtel” con
pequeñas variaciones, pues confirma que el PP se lucró con dicha trama a título
lucrativo aunque ve arbitraria la alusión a la “caja B” que provocó y sirvió de
argumento para la moción de censura contra Rajoy, rechazando los excesivos
párrafos al respecto cuando dicho asunto no se juzgaba en el caso; por lo demás,
condena a 51 años de cárcel a Francisco Correa, a 29 a Bárcenas y a 12 años y
11 meses a su esposa Rosalía Iglesias, que tendrá que ir a prisión, ratificando
con leves cambios las penas al resto de los acusados. Una sentencia ya
definitiva y firme, por fin, que subraya que en ella no se juzgaba la
financiación ilegal del PP al que condena a título lucrativo pero precisando
que “no puede afirmarse” que fuera autor de delitos de corrupción ni prevaricación
y rechazando los párrafos que motivaron la moción de censura que aupó a Sánchez
al poder…. La dirección del PP actual asume los hechos como “condenables” y la
dirección anterior se siente aliviada porque el Supremo desmonta la moción ya
que “el PP no delinquió en la Gürtel” y corrige las “excesivas alusiones” a la “caja
B” que no se había juzgado en el caso……y sobre Bárcenas, que siempre puso como
límite para tirar de la manta el encarcelamiento de su mujer, desde la actual
dirección popular se sostiene que “lo que tenga que decir Bárcenas irá a la
espalda de Rajoy”. Una sentencia, ya ven, que considerada parcialmente de forma
interesada dará mucho que hablar, cuando ya los voceros de unos y otros se
precipitan en cargar las tintas en aquello que pueda beneficiar a sus intereses
o perjudicar a los de sus contrarios.
Entretanto
la pandemia sigue haciendo estragos, no sólo sanitarios, sino económicos, pues
mientras el FMI señala a España como al único país desarrollado al que no
mejora sus previsiones para 2020 y alerta de que no generará empleo ni con los
fondos europeos (mejora las previsiones de todas las grandes economías excepto
la nuestra), la pandemia provoca el cierre de casi 100.000 negocios, cuando la
mitad de la hostelería y el ocio está ya en riesgo de quiebra, cuando Jorge
Marichal, presidente de CEHAT, sostiene que “el Gobierno llega tarde; hay que
reconstruir el turismo” y Friedrich Sell, profesor de Economía de la
Universidad de Munich, manifiesta que “dar fondos de la UE al actual Gobierno
español no es responsable”. Y es que, entre otras cosas, el virus sigue fuera
de control con 27.856 nuevos contagios y 195 muertos en el fin de semana, en
plena refriega entre el Gobierno Central y el de la Comunidad de Madrid.
Curiosamente Navarra, que encabeza la tasa de contagios, elude el confinamiento
(Sanidad no la cierra pese a sumar 564 contagios en un día, la cifra más
elevada desde la pandemia) y Cataluña prepara más restricciones para
anticiparse a “días difíciles” (Aragonés llama a “sacrificar la vida social”
ante el ritmo de infecciones y cierra los bares y restaurantes hasta fin de mes),
mientras Illa cambia otra vez de criterio para alargar la alarma en Madrid,
reclamando ahora que la incidencia baje de 100 cuando lleva dos días por debajo
de 500 que él fijó inicialmente, por lo que Ayuso le acusa de “inventarse las
reglas”. La triste realidad en medio de este embrollo es que un estudio augura
25.000 muertes más por Covid en España, que casi 300.000 universitarios se
quedan sin clase presenciales por los brotes, que Sanidad despide a la cuarta
parte de la plantilla de la Agencia Española del Medicamento y que la pandemia
sigue creciendo de forma alarmante, al igual que sucede en otros países pero
que nosotros estamos en cifras de record.
En
este ambiente putrefacto se respira absoluta frialdad entre los líderes políticos
durante la Fiesta Nacional del 12-O, con un Jefe de Estado frente a la
crispación presidiéndola en un clima de tensión inusitado y deplorable. La
gestión de la pandemia y las tensiones al respecto, junto a los ataques de
Podemos a las instituciones, eran el caldo de cultivo de una atípica
celebración festiva, no exenta de abucheos a Sánchez, vivas al Rey y protestas
contra el Gobierno, por quienes a pesar de las restricciones y el miedo al
contagio decidieran movilizarse en varias ciudades, mientras todos veíamos por
televisión el frio saludo entre Sánchez y Ayuso o el de Iglesias al Rey, quien,
una vez más, exhibía firmeza y neutralidad en plena división política
irreconciliable, mientras Vox se echaba a la calle en vísperas de la moción de
censura que se celebrará el 21 y el 22. ¿Merecemos todo esto los españoles por
parte de nuestros gobernantes a quienes pagamos sus suculentos sueldos con
nuestros impuestos y nuestros sacrificios? Yo creo que no lo merecemos, que les
elegimos y les pagamos para que resuelvan nuestros problemas y no para que los
compliquen más o se inventen problemas nuevos para oscurecer sus manifiestas
incompetencias.
Por
lo que respecta a otros asuntos cabe citar que las parejas de hecho tendrán
derecho a la pensión de viudedad como los casados; que siete CCAA ignoran el
plan Celáa y no aprobarán el bachillerato con suspensos, mientras las familias
se plantan ante una precaria escuela semipresencial (asociaciones de padres
emprenden protestas y preparan recursos ante la dispar eficacia de las medidas
implantadas en la enseñanza); que el magistrado del Constitucional procesado
por malos tratos renuncia a su cargo; que
ochos fiscales del Supremo estudiarán el informe del “caso Dina”; que los
presos del “procés” miran a las urnas un año después en este primer aniversario
de la sentencia con los indultos en la agenda; que Hacienda prohíbe las amnistías
que ya vetó el Constitucional en 2017; que Interior acerca al etarra Troitiño
como otro gesto a Bildu para los PGE; que el Gobierno quiere obligar a las
empresas que no hagan públicos los sueldos por sexos con multas de hasta
187.000 euros a las compañías para que reduzcan la brecha en los salarios; y
que Bankinter expulsa a Neurona por las sospechas de blanqueo cerrando las
cuentas a la consultora chavista contratada por Podemos y negándose a tenerla
como cliente, mientras la Seguridad Social informa al juez de que la filial
española no tiene trabajadores dados de alta.
Y
del exterior, destacar que Reino Unido fija tres niveles de alerta del
coronavirus al saturarse los hospitales; que la asistencia sanitaria en EEUU
está en juego en la batalla por el Supremo, mientras Trump acelera la designación
de la juez Barrett ante el 3-N y ésta evita comprometerse sobre el aborto o el
matrimonio homosexual; que fracasa el intento de la OCDE para establecer una “tasa
Google” global por lo que la organización aplaza a mediados del próximo año el
embrión del nuevo tributo; que Margrethe Vestager, Comisaria europea de la
Competencia, dice que “evitaremos que las tecnológicas sean monopolios de facto”;
y que Francia impone el toque de queda a causa del Covid en París y otras ocho
grandes urbes francesas, por lo que los ciudadanos no podrán salir a la calle
de nueve de la noche a seis de la mañana.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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