DESMADRE LEGAL E INSTITUCIONAL

 

                        Cada vez se hace más urgente un consenso político para acabar con el desmadre legal e institucional en el que España está inmersa, haciendo prácticamente imposible la gobernabilidad. Miles de ejemplos se podrían poner sobre el desbarajuste competencial de las CCAA y las del Estado, sobre una serie de leyes difusas y procedimientos complejos que facilitan interpretaciones judiciales contrapuestas, sobre la parálisis de algunas instituciones al no tener claros sus mecanismos de renovación de caragos, etc etc. Pero valga como paradigma el encontronazo absurdo entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid en un asunto tan sensible y preocupante como es la salud. En efecto, Sanidad y Madrid, están bien lejos de un acuerdo pese al avance del virus (un acuerdo que han escenificado pero que no han cerrado) sobre qué hacer y cómo actuar para frenar la pandemia, y, tras demasiado tiempo mareando la perdiz, rompen definitivamente cualquier posibilidad de pacto. El Ministerio de Sanidad pide “más contundencia” y la Comunidad argumenta que la situación hospitalaria “ha mejorado”, Illa exige a Ayuso medidas más duras y confinar 70 municipios madrileños y la Presidenta no lo cree necesario ya que cerrar Madrid sería la ruina absoluta…..argumentos esgrimidos antes de firmar un preacuerdo que salta por los aires al día siguiente. Illa fija criterios nacionales que por ahora sólo afectan a la Comunidad de Madrid y abocan a confinar la capital, y Ayuso, agraviada, siente que estos criterios a la carta sólo pretenden socavar su credibilidad política. Y el acuerdo, que tenía que cerrarse en el Consejo Interterritorial, salta por los aires ya que, junto a Madrid, varias CCAA (Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta) votan en contra del plan de Illa finiquitando el consenso necesario para aplicarlo sin sobresaltos ni triquiñuelas en beneficio de la salud de todos los españoles. Así las cosas, como en otros tantos asuntos vitales para que España funcione, el encontronazo PP-PSOE, junto a las salidas de tono de secesionistas y radicales, finiquita la mínima esperanza de que mejore la situación mientras España se va hundiendo cada vez más en la miseria económica, en el desastre institucional, en el pozo sin fondo de la beneficencia y, en definitiva, en la enfermedad y la muerte. Illa al final, como portavoz del débil y variopinto gobierno al que pertenece, decide, sin acuerdo común para confinar, imponer el cierre de Madrid anunciando una orden ministerial en el BOE y Ayuso se rebela definitivamente negándole validez jurídica. El Gobierno, que pretendía tomar el control de las grandes urbes de más de 100.000 habitantes, dejando el resto como competencias de las CCAA, decide imponer unilateralmente el control de Madrid sin consenso en el Consejo Interterritorial, con lo que, al final, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Ayuso denuncia que la decisión del Gobierno “no tiene validez jurídica”, mientras Illa, retorciendo la ley para intentar imponer restricciones a Madrid, manifiesta que “la situación de Madrid es compleja y preocupante; vienen semanas muy duras” y Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad madrileño, manifiesta: “Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada, es falso; el Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid”. El enésimo conflicto político está servido: el Ejecutivo insiste en que la orden ministerial es vinculante (afectaría a 4´8 millones de madrileños y a miles de empleos) y que Madrid tendrá que acatarla pues, según Illa, es “de obligado cumplimiento”, mientras la CAM le acusa de mentir y declara que no cumplirá la orden porque la ley dice que debe aprobarse “por consenso” y, por tanto, Ayuso recurrirá al Supremo ya que “un acuerdo sin consenso no es válido” apelando a la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud para recurrir. Mientras tanto los contagios y los fallecimientos siguen creciendo en casi toda España (13.449 nuevos contagios en el fin de semana sólo en Madrid), siendo el contagio de menores de 15 años el que más crece,  aunque la incidencia del coronavirus cae en la Comunidad de Madrid en 29 de las 45 zonas básicas con limitaciones de movilidad. 

            Por otro lado, Torra es inhabilitado por desobediencia por el Supremo, que confirma la condena por incumplir órdenes de la Junta Electoral, abocando el cese del President a Cataluña a unos cuatro meses de interinidad (Pere Aragonés, de ERC, dirigirá en funciones la Generalitat y no habrá otra investidura antes de los nuevos comicios, mientras PP y PSOE apuestan porque éstos se celebren lo antes posible). El fallo del Supremo cree “contumaz y obstinada” la negativa de Torra a acatar a la autoridad de la Junta Electoral y le condena a año y medio de inhabilitación; el Gobierno cree que la salida del President hará más fácil llegar a acuerdos con el independentismo antes de la celebración de elecciones en enero o febrero, y Torra, por más que lo intenta, no logra movilizar multitudinariamente la calle y no le queda más remedio que asumir su fracaso al no “avanzar más” mientras pide que los próximos comicios sean un plebiscito para “acabar con la Monarquía”. No obstante, los más radicales protagonizan movilizaciones y tumultos callejeros  como reacción a la sentencia del Supremo, exhibiendo su carácter violento, mientras ERC no rompe con Sánchez tras la sentencia y Torra comparece, rodeado del Govern. Esquerra por su parte intenta aprovechar la presidencia interina de Pere Aragonés para acercarse al PSOE, exhibiendo que “sabemos negociar bajo presión” por lo que convocará la Mesa y negociará las cuentas y la rebaja de la pena del delito de sedición. Para empezar, el Parlament se salta la ley con el fin de homenajear a Torra y tuerce su propio reglamento para permitir que el inhabilitado ex President se despida, mientras la consigna de los CDR para este 1-O es contundente: “esperamos cinco minutos…..y violencia”.

            Y mientras el Gobierno espera a ERC para convocar la Mesa de diálogo, Sánchez tolera un nuevo ataque de sus aliados al Rey pero cínicamente culpa a la oposición de ello, en tanto que Batet no lo impide apelando a la libertad de expresión. En efecto, Sánchez en el Congreso, vuelve a callar ante las ofensas de sus socios al Jefe de Estado y justifica que son “amenazas falsas”; Casado por su parte sale en defensa del Monarca y por ello se le acusa de querer apropiarse de la Monarquía. Y mientras prosiguen las ofensivas contra Felipe VI por parte de los ministros podemitas (Castells se suma y le critica por su “desafortunado discurso” tras el 1-O y afirma que no es prudente que vaya a Cataluña), Rufián, el portavoz de ERC, arremete contra el Jefe del Estado diciendo que sí hubo un español que le votó, Francisco Franco, y que Vox tiene un diputado más en la Cámara legislativa, el Rey Felipe…..; en definitiva, un discurso intolerable que merece al menos la repulsa inmediata y contundente de cualquier demócrata y especialmente la del Ejecutivo, máxime cuando el Rey siempre ha sido exquisito en la defensa de la Constitución y cuando, curiosamente, fue Cataluña la región que aprobó el refrendo de nuestra Carta Magna con más apoyos porcentuales.  Menos mal que, al menos, el viejo socialismo decide arropar hoy a Felipe VI en un acto de reivindicación de la Corona. Lo triste y preocupante es que, tras cinco días de continuos ataques de Podemos y el nacionalismo secesionista contra el Rey, la portavoz del Gobierno sólo esboce una tímida defensa del papel del Monarca y contra lo dicho por Iglesias y Garzón, asegurando Montero que Felipe VI jamás ha roto la “neutralidad constitucional” (¡menos mal que lo dice!), pero evitando desautorizar a sus socios gubernamentales a quienes justifica con el argumento estúpido de que “ser dos partidos diferentes en la coalición, tienen diferencias en cuestiones como ésta” (dos partidos diferentes sí, pero no dos gobiernos diferentes en uno….y menos en asuntos tan esenciales como éste, en el que la uniformidad del Ejecutivo ha de ser contundente). Pues, bien, ahora resulta que quien salga en defensa del Monarca, del Jefe del Estado, es acusado de que lo que pretenden es apropiárselo……y, por lógica, quienes arremeten contra él son los que querrán defenderlo. En fin, no extraña que los empresarios digan que “desestabilizar la Corona socava la inversión en España” y adviertan de las consecuencias de los ataques al Rey; tanto la CEOE, como el Círculo de Empresarios o la Cámara Americana en España descalifican la ofensiva de algunos miembros del Ejecutivo….. ”nos preocupa el siguiente ataque y que obliguen al Rey a firmar los indultos a líderes del procés”, afirma Zulueta, y Garamendi añade “me llaman de fuera de España y no me preguntan por los ERTE, sino qué pasa con la estabilidad del país”. Obvio, un país inestable, como comienza a serlo el nuestro, es un pozo de ruina y miseria que espanta a los inversores tanto del país como del exterior, pues no es un territorio recomendable para invertir y crear riqueza.

            Entretanto la Audiencia Nacional absuelve a Rato, Acebes y a otros 32 directivos de Bankia por la salida de ésta a Bolsa. ¡Con todos los ríos de tinta que se vertieron en su día sobre el asunto! Pues bien, la Audiencia reprocha a los fiscales Anticorrupción la “total ausencia del más mínimo sustento probatorio” y destaca que la salida a Bolsa de Bankía, presidida por Rato, “fue impulsada por las autoridades económicas y financieras” y no fue delito por el aval del Banco de España y del Gobierno de Zapatero que lo impulsaron, concluyendo que la operación no fue una estafa a los inversores, descartando que se cometiera falsedad contable y recalcando que el Banco de España supervisó todo. No en vano Francisco Verdú, ex consejero delegado de Bankia, manifiesta “destrozó mi vida profesional; tuve que buscarme la vida fuera de España” o que Acebes, ex ministro de Interior, diga “he pasado los nueve peores años de mi vida; sacaron a un ex ministro del PSOE para incluirme a mí”. Es evidente, esta demora desesperante en impartir Justicia la convierte en injusta inevitablemente. Por cierto, en asuntos de corrupción, probados o no, prosiguen las informaciones del “caso Kitchen”, basadas en comentarios de Villarejo, que alardeaba de supuestos trabajos sucios en favor de Rajoy, “las maldades que me han encargado para salvarle el culo al Barbas” decía, mientras el fiscal acredita que Interior ocultó al juez el espionaje a Bárcenas, y la policía señala a Francisco Martínez como el “intermediario” de Rajoy en el asunto, pues “Paco Martínez le daba todas las novedades al Asturiano” (otro mote de Rajoy) con lo que las grabaciones secretas de Kitchen salpican al ex Presidente del Gobierno y abundan en datos sobre la relación de Villarejo con Cospedal.

            Y, hablando de jueces y de Justicia, en el CGPJ se llega finalmente a un acuerdo para renovar seis cargos clave del Supremo, mientras Bruselas pide a España la renovación urgente del Poder Judicial, que lleva demasiado tiempo “en funciones” a causa del desencuentro entre PSOE y PP para renovarlo. En definitiva, el CGPJ pacta renovar el Supremo, obviando que “no nos plegamos ante los políticos” con lo que vocales progresistas y conservadores se ponen de acuerdo para cubrir las tres vacantes de la Sala de lo Penal, mientras el Gobierno había trasladado a los jueces que esperasen a un acuerdo con el PP. Entretanto se publica que el CGPJ del ministro Campo nombró 32 cargos estando en funciones, cuando, precisamente por ello él ha pedido reiteradamente al Consejo que no realizase los nombramientos de las vacantes a pesar de que cuando en los 22 meses que él estuvo en el mismo hizo hasta 32 nombramientos (¿la doble vara de medir las cosas?). Y, mientras Bruselas ve con “preocupación” la relación de la Fiscal Delgado con Moncloa, ahora Sánchez, con el Gobierno más débil de toda nuestra democracia y con menos apoyos parlamentarios, sopesa cambiar la ley para renovar el Poder Judicial sin los populares, con lo que, entre otras medidas se plantea bajar la mayoría para elegir a doce vocales. En fin, el desmadre legal e institucional está más que servido.

            Todo ello cuando, finalmente, los empresarios dan por fin el visto bueno al acuerdo entre Ministerio de Trabajo y sindicatos en el asunto de los ERTE, en lo que España ha consumido ya 700 millones más que toda la ayuda europea (ha destinado 22.000 millones de euros y de Bruselas llegarán sólo 21.300) y el coste de lor ERTEs a enero superara los 25.000 millones…..cifra que, obviamente habremos de pagar al final entre todos los españoles. Hacienda por su parte rectifica y facilita los Presupuestos al suspender las reglas fiscales (en 2020 y 2021 las Administraciones no estarán obligadas a cumplir los objetivos de déficit y deuda) con lo que CCAA y Ayuntamientos podrán gastar más….. un acicate, sin duda, para que presten el apoyo a las estancadas cuentas del Estado. En fin, gastar, gastar y gastar más, en vez de gastar mejor, hasta que, al final, este país no pueda soportar por mucho más tiempo la ruina económica.

            En lo que se refiere a otros asuntos cabe citar que Francia entrega a Ternera a la Justicia española por la financiación de ETA; que el FMI pide a España que los fondos europeos paguen reformas laborales; y que Madrid, aplicando la Ley de Memoria Histórica de Sánchez, saca del callejero a Indalecio Prieto y a Largo Caballero….. el revanchismo de los hechos del pasado está servido: tú borras del mapa a unos y yo borro del mapa a los otros, cuando lo urgente es que el pasado no lo olvidemos y nos sirva para no repetir idénticos errores ni en el presente ni en el futuro.

            Y del exterior destacar que el impago de impuestos de Trump sacude la campaña electoral en EEUU; que ha muerto Quino, el dibujante en español más internacional, creador entre otros personajes del de Mafalda; que Trump lanza un fin de campaña feroz contra Biden y en el primer debate entre ambos ataca con absoluta agresividad al demócrata; y que populares y liberales de la UE acusan a Borrell de “blanquear a Maduro” y 200 personalidades manifiestan por carta estar en contra de su mediación en Venezuela.

                                               Fdo. Jorge Cremades Sena