CONVENIENCIA POLÍTICA

 

                            Nada peor para los gobernados que su gobierno se mueva por espurios intereses de permanencia en el poder cómo sea y a costa de lo que sea, dejando a un lado, si es posible, cualquier principio ideológico, cualquier procedimiento de control establecido o un mínimo de coherencia que permita, entre otras cosas, saber de antemano si su proyecto es progresista o conservador, centralista o descentralizado, democrático o autoritario, europeísta o nacionalista, constitucionalista o antisistema. Es lo que sucede en buena medida con este gobierno social-comunista de coalición, mitad una cosa y mitad otra, que, al final, se mueve por mera conveniencia política de supervivencia en medio del desconcierto generalizado de los ciudadanos, que no saben a qué atenerse, y del progresivo deterioro institucional, social y económico, que nos conduce a un futuro incierto y preocupante. En efecto, llama la atención que Sánchez, tras la amarga experiencia de detentar todo el poder durante el largo primer periodo del estado de alarma a causa de la pandemia, pase “ipso facto” a delegar prácticamente cualquier responsabilidad de gestión en las CCAA, mientras se hace con el reparto de las ayudas europeas aprobando un decreto que refuerza su poder sobre todos los fondos de la UE que recibe España y montando veintidós ventanillas, una por cada ministerio de su macro-gobierno, para que repartan el ansiado maná de la esperanza, dando la sensación de que aplica la ley del embudo con las autonomías: lo bueno y fácil me lo quedo yo y lo malo y difícil para vosotros tras haber experimentado que no le conviene políticamente quedárselo. ¿Centralismo o descentralización, en qué quedamos?  Y lo preocupante es que, para proceder así, se salta todos los controles establecidos posibles, como, entre otros, el del Consejo de Estado, no sometiendo a dictamen de dicho órgano las medidas más polémicas que toma con la finalidad de eliminar cualquier obstáculo a su gestión, por lo que, entre otros, ni los decretos del Estado de Alarma, ni las controvertidas leyes de Educación o Eutanasia, ni la del CGPJ han sido examinadas por tan prestigioso y plural órgano consultivo, ni consensuadas con la oposición, limitándose a aplicar el pírrico rodillo parlamentario del que goza gracias al apoyo coyuntural de sus aliados secesionistas, radicales, populistas y nacionalistas ya sean de izquierdas como de derechas…… dando por zanjado el asunto con la improvisación de una comisión de nueve expertos (esperemos que no sean como la misteriosa comisión de expertos que le asesoraban durante la alarma), designados a dedo, para valorar si el Gobierno está cumpliendo su programa y hacer un balance anual de gestión. ¿Transparencia y control o no, en qué quedamos? Con semejante forma de proceder sale adelante por “vía exprés” en el Senado la Ley Celaá sin enmiendas por primera vez en 35 años, al aplicar el Gobierno, con ERC y PNV, el rodillo ignorando más de 4.000 aportaciones, tal como sucedió hace unos días con la aprobación de los Presupuestos; una ley, la educativa, que, a pesar de la sentencia del TSJC, destierra el castellano de las aulas y que Baleares, con un gobierno socialista de coalición con Podemos y Més, copia para blindar el catalán como única lengua vehicular en la Comunidad Autónoma y para atacar el modelo de la educación concertada. ¿Constitucionalismo o antisistema, en qué quedamos? Y mientras PSOE y Podemos aceleran por “vía exprés”, es decir, por atajos, la reforma del Poder Judicial, ante la presión de populistas y nacionalistas a Sánchez para que lo haga ya de una vez y que pase lo que pase, los fiscales del procés hacen un alegato político contra los indultos, que ya se ven venir, asegurando que la medida de gracia no puede ser “moneda política de cambio”, o pago político, para lograr “apoyos parlamentarios”, advirtiendo en un durísimo informe al Gobierno de que no hay “razones de justicia, equidad o utilidad pública” que justifiquen la aplicación de dicha medida a los líderes del ilegal “procés” por lo que no se puede indultar por “pura conveniencia política” del Gobierno, máxime cuando ninguno de los condenados ha dado muestras de arrepentimiento sino más bien de todo lo contrario, pues salta a la vista que están deseando recuperar su libertad para continuar con su proyecto totalitario secesionista y aplicarlo, como ya pretendieron, de forma unilateral y antidemocrática desde las propias instituciones del Estado como son, en este caso, el Govern y el Parlament de Catalunya. Cierto que cualquier gobierno democrático no debe moverse por su mera conveniencia política, pero es obvio que ello es posible cuando se sustenta en un proyecto ganador, concreto y transparente del signo que sea en vez de una mezcolanza ideológico-programática de espurios intereses particulares coyunturales, pues entonces, como sucede ahora, la conveniencia política se convierte en la verdadera esencia de la gobernabilidad o el desgobierno, según se mire.

              Conveniencia política en la antesala del tradicional discurso de Navidad que hará el Jefe del Estado, el Rey Felipe, a quien Moncloa pide que sea “suficientemente explícito” y que dé un discurso “tranquilizador” ante la crisis del antecesor, el Rey Emérito, cuando sabe que, diga lo que diga y haga lo que haga, parte del Ejecutivo, el sector comunista, y la mayoría de los partidos que le apoyan esperan con la escopeta cargada para arremeter, no ya contra las presuntas fechorías personales de Juan Carlos I, sino contra la Corona pues por algo son antisistema y furibundos enemigos de la Monarquía Constitucional que elegimos los españoles voluntaria y libremente. Un Rey, Felipe VI, que acaba de hacer entrega del Cervantes a Margarit en Barcelona en una visita fuera de agenda pues sus detractores, socios y sostenedores del Gobierno, ven con malos ojos su presencia en Cataluña diciendo que ellos no tienen Rey, es decir, no acatan la Jefatura del Estado, establecida en la Constitución. Un Rey, Felipe, que afronta por todo ello su más difícil mensaje, cuyo discurso pondrá a prueba el control del Presidente sobre Iglesias, quien, al respecto, acentúa más aún la división en el Ejecutivo ya que Unidas Podemos anticipa una respuesta dura, mientras el PSOE, junto a la derecha, espera un discurso tranquilizador, como todos los anteriores, sabiendo que para Podemos, ERC, PNV o Bildu, socios de Sánchez, el discurso será improcedente especialmente si, como siempre, está en plena sintonía con la Constitución de 1978 y los principios democráticos que en ella se contemplan. Y cuando se conoce que la Fiscalía no vio pruebas de que el Emérito cobrase una comisión por el AVE, concluyendo Anticorrupción en 2019 que no recibió dinero alguno (y en caso de que se demuestre lo contrario no debiera afectar a la institución sino al ámbito personal del ex Jefe del Estado), el CIS desmonta la estrategia de Iglesias de poner en primer plano un absurdo debate Monarquía-República al constatar que sólo el 0´3% de la población se declara preocupada por la Monarquía….es obvio que semejante problema, hoy por hoy, obedece a la conveniencia política ni siquiera de todo el Gobierno sino de parte del mismo, seguramente para que no se hable de otros asuntos verdaderamente preocupantes.

              Y no precisamente por conveniencia política del gobierno de Sánchez, pero sí de su demagógico Vicepresidente Iglesias, en plena crisis migratoria en Canarias, el Gobierno español se ve obligado a convocar a la embajadora marroquí tras reclamar Marruecos Ceuta y Melilla cuando el primer ministro alauí afirma que las dos ciudades “son marroquíes como el Sahara” tras el malestar generado por Podemos pidiendo un referéndum en la ex colonia española, aunque Moncloa se limita a pedir respeto ante la ofensiva de nuestro vecino del sur, a pesar de que la embajadora no se retracta tras decir que Ceuta y Melilla pertenecen a Rabat como el Sahara. Por si no tenemos pocos conflictos, era lo que nos faltaba.

              Entretanto la nueva cepa británica del virus se va extendiendo por Europa, mientras España, con un par de días de retraso (siempre llegamos tarde) respecto a la mayoría de los países de la UE se suma a las limitaciones de vuelos con el Reino Unido, y la UE aprueba la vacuna de Pfizer, cuando los españoles van perdiendo el miedo a ponérsela. Una variante del virus que llega a Gibraltar, que ultima la supresión del control fronterizo con España, mientras Madrid y Londres preparan un acuerdo por el que los británicos que vayan del Reino Unido al Peñón deberán pasar un control de pasaporte. En efecto, España se aísla por fin y como ya hicieran otros países cierra sus aeropuertos a vuelos procedentes de Reino Unido, que empieza a pagar el error del Brexit pues el miedo a una salida sin acuerdo, aunque se está haciendo lo imposible por evitarlo, vacía los supermercados de un país aislado del resto de Europa tras el estallido de esta nueva cepa, con miles y miles de camioneros (entre ellos unos 3.000 españoles) atrapados en Dover por el cierre de la frontera franco-británica que pasarán esta Nochebuena fuera de casa con la esperanza de “volver en fin de año” mientras va creciendo la tensión ya que, pese a la apertura del Canal, el caos generado por más de 48 horas de cierre y la exigencia de test para cruzarlo ahora hace prever que el atasco monumental tardará días en despejarse; no en vano los camioneros atrapados se quejan de que “somos los rehenes de la ruptura de Reino Unido y la UE” cuando ya se inician choques con la policía británica en medio de la desesperación.

              Con este panorama el Gobierno se dispone a afrontar la campaña de vacunación generalizada en plena celebración, por decir algo, de las Fiestas de Navidad en que la movilidad entre las CCAA da para todos los gustos, pues todas, salvo Valencia, permiten viajar para visitar familiares, pero con salvoconductos o PCR, aunque cada una de ellas con sus propias ocurrencias: para ir a Navarra, Rioja, País Vasco y Aragón o para salir de Madrid hay que llevar una declaración responsable;  las cenas serán entre seis y diez personas, según los territorios; en Asturias habrá que justificar el noviazgo para ser visto como familiar; Canarias permanecerá abierta salvo Tenerife; y nada de fiestas, aunque los toques de queda obligan a irse a casa entre la una y la una y media de la madrugada. No obstante, a pesar de las restricciones, la CEOE monta una comida de Navidad en plena segunda ola, un evento celebrado en un complejo de la esposa de Garamendi, mientras Madrid se prepara para extender los test de antígenos a las farmacias, por lo que la Comunidad ya tiene preparados 500 establecimientos y más de 900 profesionales, y el Gobierno se dispone a censar a quienes se nieguen a vacunarse a pesar de que la vacunación será voluntaria, mientras el manual de la vacuna de Pfizer alerta de mareos y escalofríos, efectos secundarios mínimos frente a los riesgos de no estar inmunizado. En todo caso, aunque Sanidad todavía no ha acordado un plan con las CCAA pese a la complejidad del proceso, anuncia que dos millones de españoles estarán vacunados en marzo, que la campaña empezará con 350.000 dosis a la semana repartidas entre las CCAA y que la primera inyección será el próximo domingo en una residencia de Guadalajara, donde Pfizer tiene un almacén. La intención es que en tres meses quede vacunada al menos toda la población de riesgo para lo cual España recibirá unos 4´5 millones de dosis de Pfizer en las próximas doce semanas.

              Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Arrimadas defiende su negociación con Sánchez porque “le desenmascaramos” y afirma que “Ciudadanos es el único centro liberal y no se diluirá en el PP”; que el Gordo de la Lotería de Navidad reparte millones desde Punta Umbría a Reus; que uno de cada cinco funcionarios tiene más de 60 años evidenciando el paulatino envejecimiento de la plantilla; que Trabajo asume que el SMI subirá nueve euros máximo en 2021 y Calviño rechaza subirlo si no hay acuerdo social; que la propuesta de Escrivá bajaría una media del 5´5% las nuevas pensiones; que las ayudas a la hostelería y el comercio ascenderán a 4.220 millones, un plan de rescate que no llega ni al 5% de los afectados; que, según Beatriz Toribio, directora de ASVAL, “España va a ser el único país de la UE que ampare la okupación”; que las CCAA tramitan cuentas expansivas tras la pandemia y aprueban sus presupuestos con previsiones de mayor gasto especialmente en asuntos sociales; que los permisos de venta de armas al exterior crecen un 650% en el primer semestre del gobierno de coalición, disparándose hasta los 22.544 millones, superior a la suma de los años 2018 y 2019 juntos; y que Neurona desvió a Méjico 129.000 euros con facturas falsificadas de “spots” políticos y entrega al juez nuevos documentos sobre actividades irregulares, mientras los trabajadores de Podemos no conocían a ningún empleado de la consultora…..¡misterios sin resolver!.

                                                        Fdo. Jorge Cremades Sena