Mientras
la vacuna está a punto de llegar a medio centenar de puntos secretos en España,
al igual que sucederá en el resto de países de la UE, el Tribunal Supremo,
desoyendo al fiscal, pedirá investigar la gestión de la pandemia del coronavirus
aunque dejando que sean los juzgados ordinarios competentes quienes estudien si
hubo responsabilidades penales en la crisis sanitaria; por tanto, el TS rechaza
la posición de Fiscalía de archivar las querellas y las remite a los juzgados
ordinarios para que, entre otros aspectos, investiguen en cada caso la omisión
de medidas de seguridad para sanitarios o policías y las muertes de ancianos en
residencias, considerando que determinadas conductas durante la pandemia deben
ser investigadas frente al criterio de Fiscalía, que apostaba por un archivo
generalizado de las querellas y denuncias presentadas, y si las diligencias que
practiquen dichos juzgados evidencian la existencia de indicios de
responsabilidad contra algún aforado será cuando, en su caso, el juez instructor
lo eleve al Alto Tribunal. Todo ello
cuando, al margen de los estragos anteriores, son casi 18.000 muertos más por
la pandemia los que hay que sumar en este otoño negro, y cuando se constata un
alarmante repunte de infecciones que nos aboca a unas Navidades caóticas a
causa de la falta de un modo de actuación común y concreto contra el virus en
todo el territorio español ya que serán las CCAA quienes decidan en sus
respectivos territorios al respecto. En efecto, unas Navidades del caos ya que,
según la región española donde se celebren, darán lugar a diecisiete Navidades
diferentes pues, aunque el Gobierno avisa de que “crecerán los contagios”,
renuncia al mando único para combatirlos, con lo que cierres, viajes, número de
personas en reuniones familiares y horarios de toque de queda dependerán de
cada Autonomía en medio de una confusión generalizada para el conjunto de los
españoles que habrán de echar mano de una especie de manual de instrucciones
para que, dadas las variedades territoriales, su conducta se ajuste a la
variopinta normativa. ¿No hubiera sido más razonable acordar e imponer una
normativa común para todo el territorio español como hacen otros países? Por lo
visto, no. Aquí Illa se inhibe de la responsabilidad ministerial en las “17
Navidades diferentes”, que niega a pesar de su evidencia, y se limita a
comunicar que el reparto de vacunas empezará el día 27 de diciembre y que será
“equitativo”, dejando hacer a los gobiernos regionales cuando apenas hace un
mes dijo todo lo contrario, con lo que al final, delegando en las CCAA los
temas logísticos, de personal y administración, tanto para vacunar como para
celebrar las Fiestas Navideñas, se consolidan diecisiete planes diferentes en
ambos asuntos en esta España esquizofrénica de las Taifas o Estados Autonómicos
que en vez de un Estado, centralizado o federal, más bien parece un conjunto de
territorios a la gresca entre ellos y empeñados en agudizar sus diferencias en
vez de consolidar sus semejanzas e intereses comunes, como hacen incluso los
Estados Federales existentes en el mundo. En definitiva, un Estado, el español,
con tendencia a convertirse en un Estado fallido, en el que sus ciudadanos cada
vez agudizan más lo que les separa en vez de lo que les une, que es mucho, por
lo que cada vez con más intensidad se cuestionan sus instituciones, empezando
por la propia Jefatura del Estado, y se degrada la esencial división de poderes
que ha de inspirar a cualquier estado democrático. No extraña pues que, según
NCReport, en medio de una alentada división ciudadana ante una posible vuelta
del Emérito a España, la mayoría de españoles crea que el Gobierno actual de
coalición no apoya la Monarquía como forma de Estado, pues es obvio que, al
menos, parte de dicho Gobierno, el sector comunista, defiende sin rodeos desde
la propia institución el derribo de lo que llaman el “régimen del 78”, es decir
nuestro actual sistema democrático, homologado y homologable con el del resto
de países de la UE. Ni extraña que al inaugurar los Reyes en Madrid el
monumento en memoria de los profesionales sanitarios fallecidos, acompañados de
Ayuso e Illa, se oigan pitos para el Ministro y vivas al Jefe del Estado, pues
la ascendiente división de los españoles en todos los niveles distorsiona ya
incluso actos protocolarios que debieran ser aplaudidos por todos. Y mientras
Sánchez hace cuarentena, a pesar de dar negativo, tras haber estado con Macron,
infectado por el virus, lo que ha generado ciertas críticas ya que cuando dio
positivo su mujer no se puso en cuarentena, el puente y las compras navideñas
siguen empujando los contagios en esta dislocada España de variopintas fiestas
navideñas según el territorio dónde se viva, la mayoría de ellos endureciendo
las restricciones ante la inhibición del Gobierno que es en definitiva quien
debiera tomarlas. Y por si fuera poco lo anterior se desata la alarma en Reino
Unido y en la UE al detectarse en tierras británicas una nueva cepa del
coronavirus más rápida de contagios por lo que ante esta nueva variante del virus
Boris Johnson prohíbe tajantemente las reuniones navideñas en Londres mientras
Europa se aísla del Reino Unido prohibiendo la llegada de británicos por
tierra, mar y aire para evitar un previsible contagio que ya ha llegado a
Bélgica e Italia. En efecto, media Europa cierra el tráfico con las islas,
aunque España se limita a endurecer el control con PCR a la espera de que la UE
tome una postura común conjunta al respecto, pues, curiosamente, el Gobierno
español no quiere una UE con 27 Navidades distintas en cada país mientras sí
apuesta por las 17 caóticas Navidades en España. La realidad es que los grandes
países europeos aíslan a Reino Unido donde a la emergencia sanitaria “fuera de
control” se suma el caos por la salida del país de la UE.
Unas
Navidades caóticas en España mientras se especula con el tradicional discurso
del Rey con motivo de tan entrañables festejos. Un rey, Felipe VI, que se acaba
de sumar al homenaje a Azaña inaugurando la exposición sobre el ex presidente
de la II República cuando se cumplen ochenta años de su muerte, acto al que,
aunque estaba prevista la presencia de Sánchez, éste no pudo asistir al estar
en cuarentena. Y se especula sobre el discurso aunque algunos tienen claro que,
diga lo que diga y haga lo que haga, el Rey Felipe será criticado por quienes
desde las instituciones tienen el objetivo de derribar la Monarquía
Constitucional aprovechando las presuntas conductas delictivas personales del
Emérito, quien esgrimirá el covid para no regresar a España en Navidad, tras
pactar un perfil bajo y aceptar el criterio marcado por su hijo para evitar
perjudicar a la Corona. Así las cosas, al parecer, Zarzuela busca blindar el
discurso navideño centrándolo en la pandemia y evitando como mensaje otro
“somos iguales ante la ley” para no dar protagonismo a la polémica por el
Emérito, que intencionadamente trasciende el ámbito personal para centrarlo en
el institucional, por más que el propio Tezanos se sorprenda de que su propio
CIS manifieste que a los españoles no les preocupa la Corona…..y la realidad es
que el debate Monarquía-República no es hoy por hoy un problema en nuestra
sociedad por más que algunos intenten colocarlo entre las más sensibles
preocupaciones de los españoles, quienes, obviamente, tenemos otros problemas
mucho más preocupantes y urgentes que resolver.
Urgente
o no, oportuna o no, el Congreso aprueba el derecho a la eutanasia y el
suicidio asistido por 198 votos a favor y 138 en contra. Una ley de eutanasia
exprés, apoyada por el Gobierno y sus socios, que convierte a España en el sexto
país del mundo en autorizarla, tras Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Colombia y
Canadá. Una ley que, al no estar consensuada, divide a la ciudadanía entre
partidarios y detractores mientras Sanidad se compromete a que sea una
prestación pública por su “alta demanda social”, aspecto que, como el asunto de
la Jefatura del Estado, pone en duda buena parte de los ciudadanos,
protagonistas de fuertes protestas al respecto, mientras los psiquiatras, a
pesar de que la ley es bastante garantista, alertan de la ambigua redacción de
la misma para los trastornos mentales, denunciando que no aclara qué ocurre con
estos pacientes ni cómo acreditar su deseo de morir. La oposición política, por
su parte, mientras el Gobierno presume de su Ley de Eutanasia y oculta que los
cuidados paliativos ahorran sufrimiento, no apoya la Ley remarcando que en
España el 60% de los enfermos terminales no tienen acceso a la atención final.
Lo cierto es que, al margen de la polémica, España se convierte en pionera de
la eutanasia en el mundo junto a los otros cinco países citados, aunque el
resto de países no hayan legislado al respecto todavía.
Entretanto
la Justicia obliga a dar un 25% de clases en castellano en Cataluña, aunque la
Generalitat se dispone a acogerse a la Ley Celaá para mantener la inmersión y
no aplicar la orden del TSJC de que el español deje de ser una lengua
“residual” en las aulas. La realidad es que el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña frena la inmersión y da un vuelco a la discriminación del castellano
en las aulas, poniendo en evidencia a la Ministra de Educación al constatar por
primera vez que el uso del español en las aulas es “residual”, evidencia negada
por quienes pretenden erradicar la lengua castellana en buena parte de los
territorios españoles, por lo que ordena al Estado que garantice de forma
“efectiva e inmediata” al menos ese 25% de clases en castellano en todos los
niveles. Ahora basta saber si los gobernantes de Cataluña, socios de Sánchez,
acatarán o no la orden judicial pues ya se sabe que cuando la Justicia no avala
sus tesis no es justicia sino opresión, aunque lo cierto es que, por vez
primera, se constata judicialmente la grave situación por la que atraviesa el
castellano en Cataluña (y en otros territorios) a pesar de ser la lengua común
y oficial en toda España. No en vano, Mónica, madre pionera contra la inmersión
lingüística, afirma “ni mi hijo sabe que pedimos clases en castellano en el
colegio” y asegura “fue el peor momento de nuestra vida, nos llamaban nazis,
totalitarios e irresponsables”. Y mientras el TC, por su parte, reconoce a la
Universidad Católica las becas que le deniega la Generalitat, la Fiscalía se
opondrá, como es lógico, a los “indultos generales” del 1-O, ya que, por más
que les pese a los gobernantes secesionistas totalitarios, los fiscales del
“procés” ultiman el informe en el que advertirán al Gobierno de que la
Constitución prohíbe generalizar dicha medida de gracia, resaltando que ninguno
de los condenados ha dado muestra de arrepentimiento (sino todo lo contrario)
como exige el art. 25 de la Ley del Indulto y señalando que las penas son
proporcionadas a la gravedad de los hechos que se produjeron en Cataluña en
2017……. El Gobierno de Sánchez decidirá al final si actúa conforme a la legalidad
o se pliega a las exigencias de sus socios secesionistas, radicales y
populistas.
Un
Gobierno dividido cada vez más, en el que los ministros socialistas sostienen
que “Iglesias pide lo que sabe que Europa no acepta”, mientras los ministros de
Podemos, antieuropeos y antisistema, presumen de que sus propuestas se van
imponiendo, en tanto que, según NCReport, la mayoría de españoles quiere que
Sánchez rompa con Iglesias y suspende a los morados ya que todos los ministros
de Podemos son los peor valorados. Por su parte en la oposición, mientras
Abascal, que no ha vuelto a hablar con Casado tras la frustrada moción de
censura, que asegura que volvería a repetir, dice que “si PP y Vox concurren
por separado hay más posibilidades de echar a Sánchez”, Núñez Feijóo sostiene
que “volvería a plantear la gran coalición porque en un momento pospandemia es
bueno para España”. Bueno o no, lo cierto es que ya podríamos conformarnos con
que PSOE y PP consensuaran algunos temas de Estado, como, por ejemplo la obligada
renovación del CGPJ, cuyos miembros mayoritariamente piden a Sánchez que oiga a
Europa antes de maniatarlo, sacando adelante dieciséis vocales, de todas las
responsabilidades, un texto de consenso e instando a recabar su dictamen y el
de la Comisión de Venecia sobre la limitación de funciones, mientras Iglesias
inventa una “doble mayoría” para controlar al Gobierno de los Jueces y burlar a
la UE, pretendiendo aprobar una reforma con el apoyo de ERC y Bildu que, como
es sabido, no reconocen la autoridad de la Justicia española salvo en los casos
en que les da la razón.
Por
lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Madrid dispara hasta 5.000 euros
su brecha con Cataluña en renta per cápita desde el 1-O; que un millón de los
trabajadores aun dependen de las ayudas por el covid; que Bárcenas declara que
el abogado del PP “el Largo” le amenazó en la cárcel; que Fiscalía investiga el
chat de mandos militares retirados en que se decía “la forma de parar esto es
otro alzamiento”; que Interior vuelve a reforzar la seguridad ante el riesgo de
atentados; que Escrivá lleva a la UE un plan que recorta 25.000 millones
anuales de gasto futuro en pensiones; que las calles claman de nuevo por la
libertad educativa, llenando los padres y educadores de coches las calles de
las grandes ciudades, cuando se publica que el gasto sube en la escuela
concertada y cae en la pública en la última década (el gasto en conciertos
educativos aumentó un 7´6% entre 2009 y 2018, mientras el resto del gasto público
para educación no universitaria cayó el 5%); que el Gobierno deja sin ayudas
directas a la hostelería, aunque los hosteleros podrán pagar la mitad del
alquiler en la crisis, imponiendo así una reducción de precios a los grandes
propietarios que alquilen locales a bares, restaurantes y comercios afectados
por el virus, mientras intenta asociarse con la gran empresa para gastar el
fondo europeo, apostando por sociedades mixtas en las que tendría mayoría; y
que Neurona, la consultora de Podemos, trata de engañar al juez con documentos
falseados, pues presuntamente sacó fondos electorales de España con facturas
falsas, desviando unos 300.000 euros a una tapadera mejicana mediante estas
facturas por falsos trabajos de “estrategia de comunicación”, “gestión de redes
sociales” o “spots publicitarios”, facturas que ya han llegado a algunos medios
de comunicación.
Y
del exterior, destacar que la UE anuncia que la inmunización de Pfizer se
empezará a inyectar entre los días 27 y 29 tras su autorización hoy; que Macron
da positivo y Sánchez, entre otros, guarda cuarentena por haber estado en
contacto con él; que Italia se confinará desde el 23 de diciembre al 7 de enero
ante el avance del virus; que 260.000 personas han huido en los últimos años a
Brasil desde Venezuela; y que en Nigeria más de 300 alumnos de secundaria,
raptados por Boko Haran, regresan a sus casas tras tres días de cautiverio….es
el balance siniestro de este grupo terrorista.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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