¿DISOLVER PARTIDOS?, NO

 

                        El PP propone disolver los partidos políticos que lancen consultas independentistas o promuevan referéndums ilegales y en su enmienda a la totalidad a la patética Ley de Amnistía, promovida a la carta para satisfacer al prófugo Puigdemont y al secesionismo en general a cambio de que el PSOE de Sánchez pueda seguir gobernando con Sumar, plantea incluir en el Código Penal nuevos delitos por “deslealtad constitucional”. Es lo que se plantea y yo, como demócrata, no puedo estar más en desacuerdo con la propuesta del PP de Feijóo, pues en democracia el camino para solucionar los problemas no es, ni debe ser jamás, disolver los partidos políticos por rechazables que sean o nos parezcan sus propuestas ya que por ese camino, al final, si hay suficiente mayoría (imaginen una mayoría absoluta tendente al totalitarismo) se llegaría al partido único y, si me apuran, a la eliminación de los partidos políticos; es decir, sería una ilegítima aberración democrática intolerable. No cabe pues, como pretende Feijóo, disolver Junts o ERC si preparan otro 1-O, pues por esa regla de tres cabría la ilegalización de otros partidos por otras razones que repugnan a la ciudadanía, ya que lo que cabe hacer es convencerla para que rechace en las urnas sus propuestas indeseables de forma masiva y que éstas queden reducidas a minorías testimoniales, pues en democracia no cabe perseguir penalmente ideas o proyectos sino hechos delictivos ya consumados y no propuestas por nefastas que éstas sean para la sociedad y la convivencia. Así pues, por mucha legitimidad que tenga el PP en querer ganar terreno a Vox y, al efecto, reclame “más dureza ante el vaciamiento del Estado de Derecho”, que es cierto y preocupante por el chalaneo mercantilista del actual Gobierno con secesionistas, prófugos y delincuentes convictos y confesos, y por más que el PP pretenda “rearmar” al Estado con una reforma penal, planteando penas de más de diez años a quienes declararan la independencia tras las cesiones de Sánchez al independentismo, la solución no es apelar al Supremo para avalar la disolución de dichos partidos, por más que el Alto Tribunal pudiera tener dicha medida como “reivindicación”, pues, con no pocas razones, los expertos ven trabas legales en semejante solución, cuando en España el problema no está en que no haya ya suficientes medidas penales para afrontar semejantes conductas sino que lo que hay es un incumplimiento manifiesto de las mismas por intereses políticos que incluye incluso la desautorización de las sentencias, incluidas las del Supremo, por parte del Poder Ejecutivo, que no sólo se permite el indecente lujo de desautorizar y anular sus sentencias firmes (como sucede en las del “procés”), sino que además, aliándose con los condenados o fugados de la Justicia, promueve en el Parlamento mínimas mayorías contranaturales para beneficiarles borrando o rebajando del Código Penal los delitos por los que fueron condenados con todas las garantías procesales o por los que son perseguidos, como el de sedición o la malversación, para que éstos delincuentes puedan volver a ejercer su actividad política y queden inmaculados penalmente como si no hubiesen actuado contra el Estado desde las propias instituciones, como es el caso, y todo ello después de haber hecho uso abusivo del “indulto” sin exigirles siquiera una muestra de arrepentimiento. Esta es la cruda y triste realidad, pues en España no hay un vacío legal penal para perseguir los delitos contra el Estado de Derecho (y no lo hay todavía, ni siquiera, tras las actuales medidas y rebajas penales diseñadas a la carta para favorecer a los delincuentes secesionistas a cambio de que éstos apoyen al Gobierno), pues lo que lamentablemente hay es una flagrante invasión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial invalidando las sentencias que no le vienen bien al primero y un chalaneo legislativo por el que delincuentes por un lado y quienes debieran ser garantes del orden constitucional por otro lado, se alían indecentemente para conformar coyunturales mayorías y allanar el terreno legislativo a los primeros para que sigan fomentando sus fechorías pasadas con mayor facilidad. Por tanto, un “no” rotundo a disolver partidos políticos, como propone el PP de Feijóo, pues ni siquiera la medida serviría de nada si, una vez aprobada, el Ejecutivo de turno, por intereses políticos personales, siguiera actuando impune y torticeramente contra las decisiones de los tribunales de Justicia cuando le conviene en vez de resolver las discrepancias escrupulosamente por la vía judicial, acatando las sentencias de los tribunales.

            Obviamente, con semejantes anomalías democráticas, sólo cabe esperar desencuentros e incongruencias político-institucionales sin precedentes como, por ejemplo, tener un Gobierno que defienda a la vez una determinada política y la contraria, sometido además a todo tipo de chantajes por minorías radicales que si no se salen con la suya tienen la capacidad de derribarlo cuando les convenga. Ya, para empezar, Junts, el partido del fugado y socio de Sánchez (algo insólito e indeseable), Puigdemont, anuncia que votará en contra del decreto de medidas anticrisis porque ve peligrar la aplicación de la Ley de Amnistía que tiene pactada con el PSOE para favorecer personalmente a él y a sus compañeros de fechorías delincuenciales, exhibiendo con ello la debilidad de un Ejecutivo en sus manos al que castiga por incluir en el decreto aspectos que afectan a la Ley de Amnistía en Europa y por crear con ello una especie de “Gran Hermano judicial”. En efecto Junts pone en jaque, de momento, el decreto que desbloquea nada menos que 10.000 millones de la UE, dado que un informe interno justifica el “no” al decreto “ómnibus” porque le da “control total a Bolaños” sobre la Justicia, obligando así a Santos Cerdán a una negociación exprés para ver si salva la primera prueba de su mezquina alianza, en medio de recelos independentistas por el margen que tienen los tribunales contra la amnistía y dado que el primer ingrediente de este pacto PSOE-Junts (como del resto de aliados) se basa en la desconfianza absoluta de unos y otros, y, ante el detonante de que pudiera quedar sin efecto la amnistía el prófugo Puigdemont quiere dejar claro que él va a exigir los pactado pase lo que pase y caiga quien caiga…..y ya saben que para él, si es legal o no, importa bien poco. Ni siquiera le sirven las últimas concesiones económicas concedidas por Sánchez a Cataluña, que es la comunidad autónoma que más debe y la que más recibe del Estado, al que el secesionismo se quiere cargar, pues tiene la mayor deuda por volumen, el agujero per cápita más alto y la que más debe al FLA, siendo Madrid la que más aporta al sistema común…… pero ya saben aquello que los antecesores corruptos de Puigdemont sostenían para ganar adeptos en Cataluña: “España nos roba”, mientras quienes robaban eran ellos.

            Así las cosas, los socios de Sánchez dejan solo al PSOE en la denuncia sobre la indecente “piñata” colgando y apaleando un muñeco del Presidente, pues Yolanda Díaz se alinea con los juristas y contradice a los socialistas al no ver “delito de odio” en la polémica protesta de Ferraz…..no en vano los socios del Presidente, casi en su totalidad, ven con cierta normalidad hechos similares o muy parecidos contra el Jefe del Estado u otros políticos de la oposición al extremo de que este Gobierno y sus variopintos socios aprueban debatir en el Congreso de los Diputados una reforma del Código Penal para eliminar el delito de injurias al Rey y para despenalizar los delitos de ultraje a los símbolos nacionales, enaltecimiento del terrorismo y ofensa a los sentimientos religiosos….. contradicción, sin duda, sobre los actos de violencia y de odio, salvo que éstos sean repudiables sólo para quien en cada caso convenga. Entretanto Bildu, otro socio de Sánchez, celebra unos 500 actos al año a favor de ETA y los presos etarras, provocando que la asociación de víctimas, Covite, denuncie la “legitimación pública” de los terroristas mientras el Gobierno entierra la promesa de Marlaska de castigarlos incluso con sanciones económicas y el partido de Otegi en plena negociación con el PSOE sanchista impulsaba 136 homenajes a la banda terrorista y Covite cifra en 458 los actos proetarras en 2023, pues Sortu y su rama juvenil promovieron marchas, carreras deportivas, concentraciones y cenas al efecto…..Menos mal que, al menos, PP, PSOE y Más Madrid sí coinciden en reprobar a Ortega Smith en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y exigen su dimisión, aunque este ejemplo debiera extenderse a cualquier acto violento al margen de quien lo protagonizara y sobre quien recayera, si el objetivo real es acabar definitivamente con la violencia.

            Y es que no caben semejantes incongruencias en las instituciones democráticas y en los partidos políticos, pues conllevan al descrédito de nuestros gobernantes. No en vano en la Pascua Militar, la primera en que participa la Princesa Leonor con su uniforme de cadete, el Jefe de Estado, elogia a los militares por “su defensa del marco constitucional” y reivindica al Ejército por su “defensa de la Democracia”, agradeciendo a las FFAA “su papel fundamental en la preservación de la identidad histórica de España” y la “defensa del marco de convivencia”, es decir, de la Constitución, en una España que nada tiene que ver con la anterior a 1978, aislada y totalitaria, y que en 2024 tendrá más tropas que nunca en el exterior ya que la convulsa situación internacional obliga a un despliegue de más de 3.600 militares destacados en una veintena de misiones de forma permanente. ¡Lástima que algunos se empeñen en seguir vinculando las FFAA y las Fuerzas de Seguridad del Estado con un trasnochado totalitarismo irresponsable, cuando merecen, como les dice el Rey Felipe, que “vuestra entrega es por tanto ejemplar y merece todo el respeto y el más alto reconocimiento” en esta España democrática que algunos se empeñan en deteriorar!

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que España crea medio millón de empleos pese a la inflación y las guerras, aunque la contratación se ralentiza y es el sector público el que tira del empleo; que el incremento de los pensamientos suicidas aconseja un plan nacional de salud contra semejante problema, tal como aconsejan los psiquiatras; que la escasez de agua obligará a más restricciones en Cataluña y Andalucía; que se multiplican los casos de gripe y covid y varias CCAA imponen el uso de mascarillas en centros sanitarios y hospitalarios; que ser joven en España supone siete años más para cobrar el sueldo medio de los padres; que la huelga de Iberia en los aeropuertos afecta a más de 45.000 pasajeros en pleno final de las vacaciones; que, según SigmaDos, el 85% de los españoles cree que “la Justicia no es igual para todos” tras la amnistía pactada entre Sánchez y Puigdemont; y que llegan a España los primeros migrantes latinos de EEUU en pleno colapso canario con los migrantes africanos ya que el Gobierno acoge una remesa de 281 nicaragüenses y venezolanos (sendos países con gobiernos populistas radicales de izquierdas, que se dicen democráticos) a los que Biden ha rechazado para aliviar la presión migratoria en sus fronteras, cuando España devuelve a más de 4.000 migrantes (los retornos a países de origen representan el 10% de las entradas irregulares en 2023), y es que Moncloa, además de acoger refugiados hispanoamericanos, utiliza también la compra de gas estadounidense para acercarse a Biden y tras la crisis con Argelia y la necesidad de recomponer las relaciones, importa esta energía al doble de precio de hace cinco años…..son las consecuencias de una errada política exterior, ni siquiera explicada a la ciudadanía.

            Y del exterior, destacar que la Justicia argentina paraliza la reforma laboral de Milei; que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, dice “necesitamos limpiar la Fiscalía de esta banda de criminales”; que la UE despide con honores a Jacques Delors, uno de los principales arquitectos de la construcción europea y fallecido el mes pasado; que Israel planea una Gaza con administración palestina y bajo control militar; y que un doble atentado durante un homenaje al general Suleimani, asesinado por EEUU, deja más de cien muertos en Irán y el Estado Islámico asume la autoría del atentado, con lo que la irrupción de este grupo terrorista agrava más aun el polvorín de Oriente Próximo mientras Hamas pide venganza contra Israel por la muerte en Líbano de su “número dos”.

                                                            Fdo. Jorge Cremades Sena