La cínica capacidad de
Sánchez y su gobierno para sobrevivir es incuestionable pues, aplicando aquello
de “donde dije digo, digo Diego”, es capaz de defender cualquier cosa y la
contraria en menos de lo que canta un gallo y sin ruborizarse, como ha sucedido
en tantos y tantos asuntos que están en nuestras mentes, culminando ahora con
el “terrorismo”, delito que, según el Ejecutivo, jamás podría ser amnistiado y,
por tanto, era la “línea roja” que jamás el PSOE podría traspasar por más que
el prófugo Puigdemont, su socio más significativo y más intransigente, se lo
exigiera para mantener a Sánchez en el poder, que es el supremo objetivo por
encima de cualquier otra consideración, incluida la observancia y acatamiento a
las reglas de juego de la democracia. Así las cosas este PSOE sometido a
Sánchez y al secesionismo, tras haber defendido por activa y pasiva que la
amnistía no cabía en la Constitución, ahora hace “piña” en torno a que “la
amnistía es constitucional” para no contradecir a su Jefe en semejante “cambio
de opinión” tan bochornoso y patético; pero además, aplicando aquello de “donde
hay patrón no manda marinero” y siendo obvio que el patrón del barco es el
fugado Puigdemont, éste, una vez conseguida la tramitación de la Ley de
Amnistía (ahora declarada por los sanchistas como “constitucional” por los
cuatro costados) le exige a Sánchez, el subalterno del prófugo, que hay que
traspasar la “línea roja” de no incluir el delito de terrorismo como
“amnistiable” dado que el prófugo está inmerso en una investigación judicial
por presunto delito de terrorismo y ello podría dejarle fuera de los
beneficiarios de la amnistía ya que la UE podría no dar el visto bueno a
aplicar la medida pues ni el terrorismo ni la malversación se entienden como
beneficiarios de cualquier perdón en la normativa europea (aquí en España, por
lo visto, sí). Y ¿cómo salir de este atolladero?, muy fácil: redefiniendo, vía
enmiendas, el delito de terrorismo y dividiéndolo en dos, un terrorismo malo y
un terrorismo bueno (o menos malo); el primero, el de siempre, terrorismo y
punto, es decir, terrorismo malo que seguirá siendo no amnistiable, mientras el
segundo, el novedoso y bueno o menos malo, que sí podrá amnistiarse y,
obviamente, Puigdemont (y Rovira) podrán ahora acogerse a esta especie de “terrorismo
light” a la carta que, siendo terrorismo, queda descafeinado con la nueva
tipificación del delito al no causar “violaciones graves de derechos humanos”
(como si fuera posible un terrorismo que no atente contra los derechos
humanos), lo que significa que sus autores, al no haber provocado una masacre,
pueden ser amnistiados sin problema alguno, pues, en caso de condena, serían
terroristas pero, ya ven, de segundo grado, terroristas no perversos del todo.
En fin un camelo más a la medida de los intereses de Puigdemont y del
secesionismo para intentar salvar el filtro de la UE (a ver si cuela) que
tendrá que valorar ahora si esa especie de delito terrorista “light” es
amnistiable o no. En definitiva y en “roman paladino” para que todo el mundo lo
entienda, una chapuza más como las anteriores (sedición, indultos, cesión de
competencias, malversación….etc etc) con la finalidad de que el prófugo, los
CDR, Rovira y el “procés” queden blindados ante los presuntos cargos por
terrorismo, con esta especie de redefinición del delito “ad hoc” que el
Gobierno impone para que Sánchez pueda seguir en el poder, cuando hace solo
unos meses defendió en el Parlamento Europeo justo lo contrario dejando claro
que era una “línea roja” que jamás se debería traspasar (palabra de Sánchez).
El Gobierno pues redefine el delito de terrorismo para amnistiar a sus socios,
algo insólito en Europa y en cualquier democracia que se precie. Pero ni
siquiera con esto se aplaca la voracidad secesionista, pues Junts pide más aún
y mantiene todas sus enmiendas para reformar la Ley en el Pleno del Congreso.
Y, obviamente, ante semejante
afrenta progresiva a la democracia, hasta en el propio PSOE va creciendo un
temor creciente ante una legislatura insostenible si es que Sánchez, por
intereses personales, no es capaz de frenar al secesionismo de una vez por
todas, aunque la toma de control de Ferraz por el Gobierno reduce las críticas
internas para no dañar al Gobierno socialista en plenas negociaciones con el
secesionismo y ante el triunfalismo que exhibe Sánchez por sus chapuceras
victorias a cambio de ceder cualquier cosa a quien le dicta la política
española desde Waterloo. Ahora, tras cruzar esta “línea roja” con el
terrorismo, Moncloa supedita la amnistía a tener antes los Presupuestos, lo que
ya causa risa y nadie cree (así será o no si Puigdemont quiere, no Sánchez),
mientras que, para colmo del cinismo, este PSOE “sin complejos” ve la
democracia española “más completa” contando con los delincuentes Puigdemont y
Junqueras, mientras Feijóo exhibe músculo contra la insólita amnistía y nada
menos que 3.361 alcaldes firmarán un manifiesto oponiéndose a la misma. Pero
Sánchez, ensimismado en su entelequia, tira de anuncios para esquivar las
críticas a la amnistía e insufla ánimos a la militancia socialista diciendo que
“así se une España” (ya ven, España está más unida que nunca), mientras anuncia
500 millones para matemáticas tras conocerse el informe PISA que tira por el
suelo la calidad de la Educación en España (otro asunto polémico en Cataluña),
pues el Gobierno asume por fin el fracaso del sistema educativo y anuncia un
plan de choque para acabar con el déficit en lectura y matemáticas de los niños
españoles, contemplando clases extra para los maestros de Primaria, que
recibirán formación didáctica y matemáticas, y primando a quienes enseñen
matemáticas “afectivas” mientras estudian un “complemento económico” a los
profesores que utilicen las nuevas metodologías de la polémica Ley Celáa con el
objetivo de que las clases sean “más amenas” y que la asignatura “no genere
ansiedad a los alumnos” mientras el PP prepara su propio plan de choque
alternativo en las doce CCAA que gobiernan.
Por otro lado, además del varapalo
por la educación, el Gobierno recibe otros contratiempos importantes después de
que el Supremo haya declarado ilegales las devoluciones de inmigrantes menores
a Marruecos, y Marlaska, en vez de acatar la decisión judicial y asumir
responsabilidades, defiende que dicha devolución fue en favor de “un interés
superior” (ya ven, el fin justifica los medios) y que “las autoridades actuaron
con el convencimiento de ajustarse al ordenamiento jurídico” (olvidando que “la
ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”), algo insólito en quien
siendo juez, ahora es ministro, provocando con ello la crítica severa de los
ministros no socialistas y de los socios del Ejecutivo, ya que los socialistas
cierran filas con la metedura de pata de Marlaska; y entretanto Junts exige al
Gobierno una interlocución directa con la Comisión Europea para fijar la
acogida de inmigrantes, tras haber pactado con el PSOE la cesión de amplias
competencias en algo que constitucionalmente es competencia exclusiva del
Estado. En definitiva, tanto bordear la legalidad vigente y pisotear la
Constitución, aberraciones democráticas insoportables, provocan que cada vez
sea menor el entusiasmo por nuestro sistema político, pero ello no puede ni debe
llevar a nadie a decir, como acaba de hacer el popular González Pons, que el
Tribunal Constitucional es “un cáncer del Estado de Derecho”, aunque se haya
retractado después de semejante afirmación desafortunada, pues por mucho que
sea cuestionada su imparcialidad, debido a la intromisión del Ejecutivo en los
nombramientos de magistrados, no se puede ni debe cuestionar jamás el entramado
institucional democrático del Estado, sino denunciar obviamente las carencias
que cada institución tenga y proponer las alternativas para mejorar su
funcionamiento, pues, en democracia, son los ciudadanos quienes al final serán
los ciudadanos quienes decidirán en las urnas la solución y quienes llevaban
razón o no.
Entretanto, en asuntos económico-sociales,
Yolanda Díaz, tras aprobar sin diálogo social con los empresarios la subida del
SMI, amenaza ahora a la CEOE con aprobar la reducción de jornada laboral “aunque
no lo respalde la patronal” y añade además que “haremos disuasorio el despido”
aunque añade que convocará al diálogo social, lo que, anunciando su decisión
antes de ponerla sobre la mesa, se considera como un ataque, otro más, a los
empresarios sin que ellos puedan ni siquiera debatir sus razones para oponerse,
pues si la decisión está ya tomada por ella de poco vale dialogar. Y mientras
los Jefes del Ibex niegan con un “para nada” un acercamiento a Sánchez (y
mantienen sus críticas y la paralización
de inversiones tras su relajado encuentro en Davos porque “fue algo puntual”),
según 40dB, dos tercios de los españoles respaldan la reducción de la jornada
laboral y entre los jóvenes la propuesta de Trabajo llega al 72%....lo que no
está nada mal, siempre que la medida vaya acompañada de un estudio exhaustivo
de viabilidad que haga posible al menos la actual productividad, una de las más
bajas de la eurozona, un 14´1% por debajo. Entretanto se conoce que sólo uno de
cada nueve parados acude a cursos de formación para encontrar trabajo, al extremo
de que de los 2.100 millones que se recaudan anualmente con las cuotas para
mejorar la empleabilidad unos 900 millones se quedan sin gastar cada año por lo
que hay acumulado un remanente de 5.000 millones desde 2015. También se conoce que
el empleo creció en Madrid el doble que en Cataluña en 2023, mientras Economía convoca
a los banqueros ante la tensión con el sector, anunciando el nuevo ministro, Cuerpo,
que se reunirá con los principales ejecutivos “con ánimo de escucha” (algo es algo).
Y mientras el ministro de Cultura, Urtasun, dice que desterrará el colonialismo
de los museos nacionales y les pide que revisen sus colecciones para “superar
un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocentristas”, Belarra
dice que Yolanda Díaz quería apartar a Irene Montero con una embajada y añade
que cuando se lo propusieron se echó a llorar (sin más comentarios).
Por lo que respecta a otros asuntos
citar que la Fiscalía investigará el espionaje policial a su Jefe en Cataluña
pues presuntamente Interior siguió a Rodríguez Sol por afín al secesionismo
durante el Gobierno de Rajoy; que el PP denuncia ante el Parlamento Europeo el “señalamiento”
al juez García Castellón desde el Ejecutivo mientras el Supremo pregunta a
Fiscalía por los indicios de terrorismo en Tsunami; que Abascal se aferra a los
barones para intentar sacar a Vox del bunker, pues tras acabar con el sector más
liberal confía en los líderes territoriales para resurgir; que trece CCAA
rechazan la ley del alquiler y sólo Cataluña promete que la aplicará; que la
Guardia Civil localiza 74 pozos irregulares junto al Mar Menor; que el triple
asesino de Morata de Tajuña es adicto al hachís, okupa y prestamista con fama
de usurero y vivió con los tres hermanos asesinados; que Madrid acogerá un gran
premio de “fórmula 1” durante diez años; y que Galicia revive el grito de “nunca
máis” contra los pellets y miles de personas se concentran en Santiago contra
la gestión de la Xunta y a dicha protesta ciudadana se unen todos los partidos
excepto el PP.
Y del exterior, destacar que De
Santis se retira de las primarias republicanas y apoya a Trump dejándole vía
libre; y que, mientras los muertos en Gaza ya suman unos 25.000, la UE debate
un plan de paz para crear el Estado Palestino, apostando por la solución de los
dos Estados, mientras Israel rechaza a Borrell como interlocutor de la Unión,
asegurando la diplomacia israelí que está “del lado palestino”.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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