GAMBERRADAS Y DELITOS

            Un turista muerto y un camionero herido de consideración cuando circulaban en sus respectivos vehículos. Ante la cantidad de accidentes de circulación que se dan en nuestras carreteras, tales sucesos ni se considerarían como noticia extraordinaria, pues, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a ellos al aparecer en los medios de comunicación casi a diario. Sin embargo, en esta ocasión, no se trata de un accidente más, ni de la enésima colisión provocada por la imprudencia de uno de los conductores, ni de otro fatal y casuístico encuentro de dos vehículos en alguno de los puntos negros que todavía existen en nuestras carreteras. Es más, ni siquiera se trata de un accidente de circulación en que el turista y el camionero hayan estado implicados, sino de dos hechos lamentables, acaecidos en días distintos, cuyas consecuencias podrían haber sido mucho peores. Ambos provocados por la irracional forma de diversión de sendos grupos de adolescentes que, a falta de algo mejor que hacer, deciden pasar el tiempo tirando piedras a los vehículos que pasan por las autovías desde un paso elevado. Conductas de menores que, desgraciadamente, ni son aisladas ni puntuales, aunque, afortunadamente, no siempre desencadenen tan trágico desenlace. Para algunos, simples gamberradas de jóvenes; en realidad, faltas graves o delitos de los que alguien debe hacerse responsable y pagar por ello. Pero, si otras conductas delictivas más graves –asesinatos, violaciones-, protagonizadas por menores, han activado todas las alarmas sociales, dejando un sabor amargo en la sociedad por las sombras de impunidad que muchos entienden que la Ley del Menor concede a sus autores, poco se puede esperar de éstas y otras parecidas achacables a la imprudencia y no a la intencionalidad de delinquir.

            Ni es la primera vez, ni, lamentablemente, será la última, que escribo sobre la violencia protagonizada por menores. Mi contacto con ellos por razones profesionales me permite afirmar que, ante la comisión de la mayoría de los actos monstruosos que algunos protagonizan, hay una serie de precedentes violentos cotidianos que, desgraciadamente, nuestra legislación olvida, convirtiendo la Ley del Menor en un lamentable ejercicio de hipocresía social. Nada que objetar a su finalidad de regular la responsabilidad penal de los menores como sujetos susceptibles de una especial protección por razones de edad. Pero todas las objeciones a la carencia de medidas preventivas para evitar que los menores se conviertan en delincuentes habituales y, considerándose impunes, sigan progresando en su escalada delictiva a sabiendas de que, si llega el caso, su responsabilidad penal queda atenuada de forma tan considerable. Si ni la familia, ni la escuela, ni el entorno ha sido capaz de hacer entender a demasiados adolescentes que, entre otras conductas similares, apedrear a los coches puede acarrear consecuencias tan graves es obvio que la sociedad está fracasando estrepitosamente y por tanto es la responsable directa de semejantes fechorías. Y también su víctima.

            Si somos incapaces de entender que, salvo excepciones que confirman la regla, las conductas delictivas de los adolescentes están precedidas de una niñez permisiva y descontrolada, difícilmente resolveremos la preocupante violencia juvenil que genera tanta alarma social. Lamentablemente así es. Muchos niños, sin que nadie lo remedie, se desarrollan en un ambiente permisivo, sin ningún referente de autoridad y respeto, haciendo lo que les viene en gana. Pronto perciben que ni sus padres, ni sus maestros, ni cualquier otra autoridad tienen herramientas suficientes para reconducir su forma errada de proceder. Son intocables frente a quienes tienen su tutela y la responsabilidad de educarlos, quienes, desarmados e impotentes, prefieren sufrir el maltrato progresivo por parte de ellos ante el temor de que cualquier medida correctora les sitúe en el lado de los maltratadores. “¿Qué puedo hacer con mi hijo?” es la pregunta recurrente. La respuesta más apropiada, “nada, hágale entender que tiene que comportarse mejor”. Cualquier castigo o medida represiva es susceptible de considerarse como maltrato físico o sicológico. La consecuencia inmediata es el incremento de un maltrato en el ámbito familiar de los hijos hacia sus padres. El niño toma las riendas de su propio destino, amparado en una libertad que a su edad no le corresponde. Es lo políticamente correcto.  Pero además, es paradójico que, junto a este hipócrita proteccionismo frente a padres que quieren educar a sus hijos, se abandone y desproteja a otros muchos niños que padecen un absoluto abandono por parte de sus progenitores a quienes no se exige que cumplan su responsabilidad de educarlos. En tan desesperanzador contexto sólo cabe esperar que los menores rebasen socialmente los límites de lo razonablemente soportable y conviertan sus gamberradas en indiscutibles delitos. Entonces sí funciona la última trinchera de la hipocresía con la aplicación de la vulgarmente conocida Ley del Menor, que debiera llamarse Ley de protección de menores delincuentes. Proteger a los menores es otra cosa bien distinta. 

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

MI ÚLTIMO CURSO ESCOLAR

            Como todos los años por estas fechas asistimos a la finalización de un nuevo curso escolar, pero éste tiene para mí un significado especial, es mi último curso escolar. El tiempo va pasando y, casi sin darme cuenta, me llega la hora de la jubilación. Con casi cuarenta años de servicios, aunque algunos de ellos excedente para dedicarlos a la política, estoy satisfecho de haber dedicado mi vida profesional a dos de las tareas más apasionantes por su incidencia en el futuro de nuestra sociedad que, obviamente, ha cambiado mucho. Pero también estoy frustrado por la progresiva devaluación social que maestros y políticos han sufrido progresivamente. Es obvio que algo hemos hecho mal y lo seguimos haciendo, pues estamos a la cola en resultados escolares y los políticos están cada vez más desprestigiados según todas las encuestas. Desde mi experiencia personal en ambos terrenos he manifestado públicamente mi opinión al respecto en varias decenas de artículos, colgados en mi blog o publicados en algunos medios, que, escritos ante algún hecho puntual destacable, en definitiva, no eran la excepción, sino la evidencia de lo que cotidianamente sucede. Bien lo sabemos quienes trabajamos en esto. Está claro que las dos tareas que han ocupado gran parte de mi vida son manifiestamente mejorables y asumo la parte alícuota que me corresponda.

            Como todos los años, tras las evaluaciones finales de curso, hemos constatado el alto índice de fracaso escolar, que intentamos amortiguar siendo benevolentes con aquellos alumnos que, sin conseguir los objetivos mínimos, al menos han mostrado cierto interés y están cerca de lograrlos. Hemos identificado las causas crónicas del fracaso (absentismo, desmotivación, desarraigo familiar, ausencia de medidas disciplinarias…), mayoritariamente inimputables al trabajo en el centro educativo, para comprobar su identidad con las de cursos precedentes. Como todos los años, aunque en éste yo quede liberado para siempre, mis compañeros intentarán preparar el nuevo curso con sus mejores intenciones, apostando por nuevos agrupamientos, nuevas medidas de atención educativa y de acción tutorial, nueva distribución de aulas, nuevos materiales y técnicas educativas… y otros tantos asuntos que, como siempre, tendrán una incidencia mínima en el resultado del siguiente curso, generando una nueva frustración, pues, siendo importantes dichas medidas, lo que falla es el propio sistema educativo, teóricamente aceptable pero prácticamente inviable, al menos, en su tramo obligatorio, especialmente en la secundaria. Si el Estado es incapaz de garantizar la asistencia regular a clase de los alumnos, el alto índice de absentismo así lo demuestra, hablar de obligatoriedad del sistema es una broma de mal gusto. Si es incapaz de garantizar la implicación de las familias, responsables directas de la educación de sus hijos ¿qué sucede con aquellas que no quieren o no pueden hacerlo? Absolutamente nada. Tienen su puesto escolar reservado para no ocuparlo o hacerlo cuando y como les venga en gana, generando una distorsión en el proceso educativo que conduce a la mediocridad inevitablemente.

            En este caótico laberinto de derechos teóricos sin recíprocas obligaciones los centros educativos se convierten en guarderías de niños y adolescentes, vigilados por profesores que, despojados de autoridad para imponer medidas disciplinarias, a duras penas mantienen las mínimas pautas de convivencia que le permitan desarrollar su verdadero trabajo educativo con aquellos alumnos, cada vez menos, que, en ambiente tan hostil, se esfuerzan para educarse. Raras avis que no merecen que los recursos, siempre escasos, se destinen mayoritariamente a quienes entorpecen su trabajo de aprendizaje condenándoles a un fracaso sistemático. Lo lógico sería hacer todo lo contrario. El Estado debe garantizar el derecho a la educación de todos, para que nadie quede excluido por razones socioeconómicas, habilitando los recursos necesarios. Pero, si además pretende convertirlo en una obligación universal, debe incluir medidas eficaces para imponérselo a quienes no quieran ejercer tal derecho o pasen de él. Es hipócrita obligar a que todos los menores se matriculen y concluir que con dicho trámite ya se están educando, convirtiendo la obligatoriedad en una pantomima, pues, en la práctica, una vez matriculados, el Estado carece de instrumentos para obligar a los padres a una implicación permanente en la educación de sus hijos. Los centros quedan como compartimentos estancos que reproducen la realidad social, cuando debieran ser correctores de las conductas perniciosas que se dan en ella con el objetivo de mejorarla en el futuro. Quienes tenemos la experiencia docente de sólo tiza y pizarra con las aulas a reventar de alumnos, cuando la educación ni siquiera era obligatoria pero sí un valor en alza, sabemos que sin esfuerzo, ni disciplina, ni autoridad, es imposible obtener resultados globales satisfactorios, pues, lamentablemente, no todos somos buenos y benéficos. Despojados los docentes de medios para imponer dichos valores, no se les exige un trabajo, sino un milagro. Es en lo que estamos. Bueno, yo, ya no, pero como si lo estuviera. Aunque sea imposible, vale la pena intentarlo.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

FALACIA INDEPENDENTISTA

En los muros de un cortijo situado a orillas de la carretera Albacete-Manzanares se puede leer en letras bien grandes y en ambas direcciones “El Bonillo es una nación”. Cuando la vi por vez primera, hace ya tiempo, lo consideré una chanza que alguien gastaba al citado pueblo manchego vaya usted a saber por qué. Pero los argumentos de algunos políticos independentistas, especialmente catalanes y vascos, para justificar su reivindicación, avalan la posibilidad de que en El Bonillo, como en cualquier otro lugar, se pueda consolidar una opción nacionalista con finalidad independentista. Si, olvidando el proceso histórico de construcción del estado español y la legislación internacional, tan ilustres politólogos afirman que el futuro de Cataluña o de Euskadi será el que decidan catalanes y vascos, no es de recibo negar idéntico derecho a los pobladores de El Bonillo. Al fin y al cabo sólo se trata de consolidar una falacia, tergiversando los hechos históricos y sacándolos de contexto, para eludir las responsabilidades propias si el resultado es adverso y crear un futurible desde entonces que te convierta en víctima de todos los males presentes y futuros. Seguro que El Bonillo tiene más posibilidades que Cataluña o el País Vasco de eludir sus responsabilidades en el proceso histórico de construcción del actual Estado Español, pues, obviamente, son infinitamente menores. Sólo es cuestión pues de ponerse manos a la obra. Además, si en España hace unos años había sólo dos falacias independentistas y ahora hay diecisiete, la que pueda consolidar El Bonillo no debe ser motivo de preocupación especial.

            Lo preocupante es que quienes han sido protagonistas históricos, junto al resto de españoles, del proceso histórico de construcción de España como actual modelo de estado, la consideren ahora no sólo ajena sino también perniciosa para sus intereses territoriales. Que además lo hagan quienes jamás tuvieron status jurídico independiente, pues siempre fueron territorios subordinados a algún reino histórico desde el Medievo, es inadmisible. Que, siendo parte de España, se autoexcluyan, se autoproclamen la esencia del progresismo, insulten y se mofen de los símbolos del estado y se declaren en rebeldía ante la legalidad vigente es intolerable. Y que, además, nieguen cualquier crítica a sus paranoicos planteamientos, tachando de fascistas a los españoles que se atrevan, ya no a mofarse sino sólo a poner en cuestión su simbología independentista, es esquizofrénico. Que el estado español tolere todo esto, caso único entre los estados modernos, no tiene calificativo. Lo extraño es que no arraigue el independentismo en territorios con justificación histórica como estados independientes y arraigue en  Cataluña o el País Vasco que jamás lo fueron.

 Salvo que nos remontemos a los pueblos prerromanos, la génesis de elementos políticos diferenciadores hay que buscarla en el complejo proceso histórico medieval de la reconquista. La Hispania Romana o Visigoda poco ofrece al respecto. Con el proceso de expulsión de los musulmanes sí van apareciendo diversos entes territoriales diferenciados. Curiosamente, tanto Cataluña como Euskadi, al igual que Aragón o Navarra, lo hacen como la Marca Hispánica, ¡quién lo diría!, subordinados al Reino Franco –posterior Imperio Carolingio- en su frontera sur, a diferencia de Asturias que se constituye en Reino de forma autónoma. Y, curiosamente, mientras con el avance reconquistador van surgiendo diversos reinos (Navarra, León, Aragón, Castilla, Galicia, Portugal) ni vascos ni catalanes hacen lo propio y permanecen como territorios subordinados, en el caso vasco a Navarra y definitivamente a Castilla, en el caso catalán a Francia. El Señorío de Vizcaya pasa a ser un título más del Rey de Castilla y se integra definitivamente en la Corona de Castilla; el Condado de Barcelona, por vía matrimonial, conforma la Corona de Aragón para evitar la unión castellano-aragonesa y se convierte en un título más del rey de Aragón. La posterior unión dinástica de la Corona de Castilla y Aragón, decidida libremente por los Reyes Católicos, integra ambos territorios como parte del Reino de España, sin que jamás hayan gozado de status jurídico independiente de primer orden, aunque manteniendo determinados fueros o privilegios concedidos por sus titulares. La Guerra de Sucesión, con los vascos en el bando vencedor y los catalanes en el perdedor, no justifica el independentismo, menos aún en el actual estado autonómico. Catalanes y vascos, como el resto de españoles, son corresponsables directos de lo que hoy es España, incluido el periodo franquista en el que, por más que pretendan camuflarlo, muchos catalanes y vascos no sólo colaboraron con el dictador y su régimen, sino que, al igual que otros españoles, figuraron de forma destacada como precursores de dicha ideología, propagandistas de la misma y gestores de su aparato administrativo e institucional; incluida la elaboración de nuestra Constitución que no contempla, obviamente, planteamientos independentistas. El futuro de España será lo que decidan los españoles, incluidos vascos y catalanes; también los de El Bonillo.

Fdo. Jorge Cremades Sena

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

            Cuando probablemente tarde, aunque más vale tarde que nunca, se asume y se evidencia que España no puede salir por sí misma del abismo en que sus irresponsables gobernantes la han metido, necesitando un préstamo de hasta 100.000 millones de euros sólo para sanear el sistema financiero, la respuesta de nuestros dirigentes políticos, su gran preocupación, es hacer un debate semántico que defina con precisión si se trata de un rescate, ayuda, línea de crédito o vaya usted a saber qué, así como precisar si lo ha impuesto la UE al gobierno o viceversa. Nada sorprendente, pues, desde hace tiempo, nos confunden con sus precisiones lingüísticas, al extremo de que aún no sabemos si lo que vienen practicando en los presupuestos, tanto el gobierno anterior como éste, son ajustes, recortes o reformas, pues semánticamente dicha terminología depende de la posición política (gobierno-oposición) del usuario y no de las relaciones entre significado y significante. Y mientras tan interesante debate enriquece nuestro léxico y el bolsillo de algunos, se van empobreciendo los bolsillos de la mayoría en proporción directa al deterioro de nuestra economía. Una vez más los intereses generales quedan supeditados al interés político-partidista, consustancial a la partitocracia vigente.

La realidad es que España es el cuarto país intervenido de la eurozona. Asunto que se intuía desde que Zapatero, negando la crisis, claudicara en 2010 a su programa populista, inaugurando la política de recortes sociales, y que se confirmó cuando Rajoy expuso y asumió la cruda realidad económica nada más ganar las elecciones, lo que, de entrada, era positivo ya que la posible solución del problema pasa inevitablemente por reconocer que el problema existe. Obviamente, algún tipo de intervención era cuestión de tiempo, pues un país en caída libre, campeón del paro, empobrecido progresivamente y en plena recesión económica es incapaz “per se” de aguantar “in aeternum” las presiones especulativo-financieras internacionales en una economía globalizada y exageradamente competitiva. Bien dice el común que “a perro flaco todo son pulgas”. Y la intervención ha llegado finalmente. Es baladí lamentarse ahora de lo que pudo haber sido y no fue. Pero, siendo cierto que algunos países adoptaron medidas preventivas en tiempo y forma para afrontar la crisis internacional que se avecinaba, siendo cierto que nosotros, entre otros, hicimos justo lo contrario, lo prioritario ahora es analizar con realismo el presente para afrontar un futuro difícil de la mejor forma posible. Aunque también es cierto que la caótica situación que padecemos no surge por generación espontánea y, por tanto, tiene responsables con nombre y apellidos, quienes han de ser identificados para que asuman sus culpas, tanto civiles como penales, y las paguen, como el pueblo está pagando con creces las consecuencias de las gestiones irresponsables o delictivas de quienes consideraban que la deuda pública es de todos pero el dinero público de nadie. Sólo así cobrará sentido el sacrificio popular.

Por todo ello, es inadecuado un debate baladí entre gobierno y oposición con finalidad propagandística, cuando lo adecuado, urgente y necesario es un consenso para evitar el deterioro progresivo del euro, asunto que pasa, entre otras cuestiones, por detener la caída libre de la economía española, que no se consigue con eufemismos, exabruptos o debates estériles, sino con la búsqueda de soluciones, asumidas por todos, que optimicen al máximo los escasos recursos. Ya perdimos demasiado tiempo y ahora no podemos permitirnos el lujo de demorar ni un segundo más el cambio de rumbo. Todos sabemos que nadie da nada gratis y, por tanto, al margen del nombre que se le quiera dar, la intervención supone esfuerzos añadidos, pero, al tratarse de una intervención parcial, es una oportunidad aprovechable, si se gestiona bien, para evitar un rescate global de la economía como ha sucedido en Grecia, Irlanda o Portugal. De momento, cuando aún se está negociando las condiciones del préstamo, nadie se fía de nosotros, sigue subiendo la prima de riesgo y nuestra deuda soberana se sitúa en los límites de los bonos-basura. ¿Hay otra fórmula para conseguir financiación? Está claro que no es momento de elucubraciones mentales, sino de propuestas urgentes consensuadas que hagan creíble nuestra voluntad y nuestra capacidad para poner orden y seriedad en la gestión pública presente, así como de exigir las pertinentes responsabilidades a quienes lo hicieron desordenada y frívolamente en el pasado. Es la única forma de hacer creíble nuestro futuro tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Pero el espectáculo que gobierno y oposición están protagonizando al respecto favorece precisamente todo lo contrario, sin entender que la realidad es muy tozuda y que, antes o después, se verán obligados a rectificar. El riesgo es que, si lo hacen demasiado tarde, será inevitable el rescate global, cuando ahora aún pueden evitarlo; aunque sea tarde, vale la pena intentarlo, pues “más vale tarde que nunca”.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

INÚTILES O CHORIZOS

            Crece la sospecha ciudadana de que la mayoría de gobernantes, dirigentes políticos y gestores públicos son una banda de inútiles, si los juzgan benévolamente, o una banda de chorizos, si son malévolos al juzgarlos. O ambas cosas a la vez, que es aún peor. En consecuencia, las encuestas sitúan a la clase política española como uno de los principales problemas. En los últimos años, sus pronósticos, cálculos y balances, especialmente en temas económicos, son errores gigantescos, por no calificarlos como mentiras descomunales, sólo explicables desde la incompetencia o la mentira, que suele utilizarse para ocultar intereses espurios. Así nuestro sistema financiero, en la Champions League según Zapatero, ni nos permite jugar un campeonato local, pues, según Rajoy necesita, sólo para el agujero de Bankia, 4.000 millones de euros, que aumenta día a día hasta 23.500 millones; del 6% de déficit público en 2011 de Zapatero, se pasa al 8% de Rajoy, que eleva un mes después al 8´51% y deja en el 8´9% tras descubrir desfases de comunidades gobernadas por su partido. ¿Son inútiles o mienten?  Ambos supuestos les inhabilitarían como gobernantes. Pero ni a ellos, ni a los gestores bajo su control, se les exige responsabilidad civil o penal por arruinar con tan irresponsable gestión a la mayoría de ciudadanos mientras unos pocos se hacen multimillonarios con la ruina de todos.

            De la interminable lista de ejemplos de incapacidad o choriceo en diferentes facetas de la gestión pública merece matrícula de honor la del sistema financiero y especialmente la de las Cajas de Ahorro en su mayoría. Los datos conocidos –y los que nunca se conocerán- evidencian que las Cajas de Ahorro son el paradigma de una gestión financiera al servicio de intereses políticos del rey taifa de turno –los hay de casi todos los colores- en colaboración con las principales organizaciones políticas, sociales y sindicales de su territorio, que participan en los Consejos de Administración a través de representantes, nombrados sin criterios técnicos, de la parte alícuota de privilegios crediticios, sueldos escandalosos, indemnizaciones millonarias y jubilaciones de lujo que tan dignos gestores deciden autoadjudicarse por la alta responsabilidad que su trabajo lleva implícita. Sin embargo, descubierto el agujero negro por sus manifiestas irresponsabilidades, ninguno devuelve lo percibido indebidamente, sino que reclama incluso lo que aún le queda por percibir aunque sea escandaloso e indecente. Saben que el sistema les otorga impunidad y que, en el peor caso, sólo puede causarles algún daño personal colateral, pues, si entre todos la mataron y ella sola se murió, a nadie le interesa llegar hasta las últimas consecuencias. Siempre habrá alguna razón de estado, algún argumento de interés general, alguna conveniencia de prudencia o cualquier otra virtud para que cualquier investigación quede entre las penumbras. Y, en todo caso, siempre se encontrará algún recoveco legal de forma o de fondo como prescripción de delitos, inaplicación retroactiva u otra figura jurídica para que las cosas queden como están y se consoliden los hechos consumados.  

Ya ven, como en otros tantos casos, la ceremonia de la confusión acaba de comenzar en el Congreso de los Diputados sólo para el asunto Bankia (¿Comisión de investigación? ¿Subcomisión a puerta cerrada? ¿Comparecientes? ¿Y…?). Entretanto, la fiscalía del Estado permanece en silencio. Los españoles, a pagar los 23.500 millones de euros para sanear Bankia y para que algunos de sus gestores disfruten de por vida de las decenas y cientos de millones que tan honradamente han ganado por los servicios prestados. Otros, de otras Cajas ya intervenidas, así lo vienen haciendo. La UE no se fía y nos impone auditar nuestras finanzas ante la manifiesta ineficacia de nuestras autoridades supervisoras, instando a Rajoy a que siga vaciando los bolsillos de los españoles. El desempleo crece y crece hasta límites insostenibles. En paralelo, la pobreza y la indigencia. La prima de riesgo obliga a financiarnos con intereses de lujo. La fuga de capitales aumenta de forma alarmante en paralelo al fraude fiscal. Siguen las duplicidades administrativas, los sueldos escandalosos de sus gestores, los ejércitos de asesores, las embajadas y las televisiones autonómicas al servicio del político de turno, etc. etc. Los agujeros negros de nuestras finanzas son más misteriosos que los galácticos. Y, a pesar todo, se nos pide calma y confianza. Se nos exige prudencia. Y más sacrificios. Lo contrario no es políticamente correcto; te convierte en antipatriota por crear una alarma que genera desconfianza. ¿Acaso hay motivos para dudar de la capacidad o la honradez de nuestros gobernantes? ¿Acaso no hay alternativa en la oposición? No, si al final va a resultar que nos quejamos por puro capricho.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y RECORTES

            Que la calidad de la enseñanza en España deja mucho que desear es obvio. Basta leer los informes internacionales, los indicadores de calidad europeos o cualquier otro estudio al respecto para comprobarlo. Estamos a la cola o en puestos muy bajos en el ranking de resultados entre los países de la OCDE y la UE. Sin embargo, reducir el problema a una mera cuestión económica es simplificarlo a niveles de irresponsabilidad. La España democrática viene haciendo un progresivo esfuerzo en este terreno sin haber obtenido, desgraciadamente, los objetivos esperados. Es necesario pues, reflexionar sobre las últimas reivindicaciones, basadas en el binomio “recortes, no; calidad, sí”, que todos apoyamos como slogan, pero sabiendo que cuanto más azúcar se ponga el pastel es más dulce, pero no necesariamente mejor. Hay estudios internacionales e informes que demuestran que, conseguido el nivel mínimo imprescindible de gasto, la incidencia de su incremento sobre la calidad es mínima, ya que países con un gran gasto por alumno obtienen peores resultados que otros con un gasto muy inferior. Por ello, como todos los países europeos, incluido el nuestro, superan ese mínimo exigible, hay que saber con datos objetivos oficiales la situación en que estamos para atribuir o no a factores estrictamente económicos la baja calidad educativa con conocimiento de causa.

Sin pretender ser exhaustivo (el espacio no lo permite), datos del Ministerio de Educación (Instituto de Evaluación) y los informes PISA, constatan que, tanto en Primaria como en Secundaria, España gasta más que la media de los países de la OCDE y la UE en gasto medio por alumno, tanto en términos absolutos como relativos respecto al PIB, pues con un crecimiento del gasto medio anual similar a la media de estos países desde 1995 España ha tenido una menor tasa de matriculación por su mayor regresión de natalidad. Asimismo, respecto a la media de la OCDE y la UE, España imparte más horas totales de clases obligatorias en menos días lectivos; tiene menor ratio profesor-alumno en los centros públicos, que no en los privados, y menos alumnos por clase; y destina más proporción del gasto corriente educativo al pago del profesorado. Sin embargo, las mismas fuentes nos colocan, entre otras variables negativas, como campeones o cerca de serlo en abandono y fracaso escolar (con la agravante de que sigue aumentando, mientras los demás lo están reduciendo), en alumnos que no continúan estudios postobligatorios, en repetidores y en absentismo escolar. Son datos objetivos, sin ningún tipo de valoración subjetiva, que, al menos, requieren hacer una mínima reflexión sobre la contradicción que manifiestan.

            Si estamos por encima de la media de la OCDE y la UE en inversión por alumno ¿cómo es posible que estemos muy por debajo de la media en resultados positivos? Es obvio pues que una mayor inversión no garantiza “per se” más calidad, por lo que habrá que reivindicar, en todo caso, no sólo gastar más sino también gastar mejor para que, quienes conozcan los datos objetivos de la situación, lo asuman como creíble. Si la calidad actual es pésima, a las pruebas me remito, ¿por qué se habla de atentados contra una calidad que no existe? Es más honesto aclarar ante la opinión pública que, en todo caso, se reivindica una calidad educativa digna de un Estado de Bienestar que no tenemos. En definitiva, si realmente se pretende abrir un gran debate, necesario y urgente desde hace tiempo, pero sin demagogia por parte de nadie por razones políticas, para mejorar de verdad la situación sin utilizar la educación como arma arrojadiza, de las mismas fuentes citadas se deduce que hay que revisar el sistema educativo en su conjunto. Bien lo sabemos quienes, como docentes, lo sufrimos a diario en nuestro centro de trabajo. En otros países, incluso con menor gasto por alumno, funcionan algunas medidas, que no requieren incrementar el gasto, entre ellas, mayor autonomía de los centros, menores injerencias políticas, mayor disciplina, evaluaciones externas de resultados, remuneración docente asociada al rendimiento y no sólo a la antigüedad, mayor exigencia de responsabilidades familiares y sociales… Por supuesto, todo ello integrado en un único sistema educativo común para toda España, que contemple las peculiaridades territoriales, y no en diecisiete sistemas diferentes.

Un sistema educativo que, en la práctica, deja la decisión de su propia educación a los alumnos que por edad no les corresponde; que se basa en la uniformidad, sin incentivar el esfuerzo y sí la mediocridad; que pone en el mismo plano de igualdad a profesores y alumnos, resquebrajando la autoridad y el respeto al docente ante alumnos y padres; que dificulta medidas disciplinarias para corregir las conductas indeseables; que carece de fórmulas eficaces para exigir a los padres que hagan cumplir a sus hijos las mínimas actitudes que exige el proceso educativo, comenzando por la asistencia a clase, tareas, etc.; que incentiva derechos a alumnos y padres sin exigirles deberes; que es permisivo con los incumplidores de las normas y restrictivo con los que han de hacerlas cumplir..., un sistema educativo con tales ingredientes aboca a un fracaso inevitable por muchos euros que se pongan para financiarlo. Cambiarlo, no requiere más gasto, sino voluntad política. ¿La tienen quienes, al margen de ideologías, matriculan a sus hijos en la privada, aunque algunos de ellos se pongan al frente de las pancartas? En una de ellas a la entrada de mi instituto se dice “Sin educación es más fácil la manipulación”. ¡Cuánta razón tiene! A la vista está.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

UNA BUENA NOTICIA

            Tras meses y meses de malas noticias causa satisfacción que, de vez en cuando, aparezca una buena y, como tal, puede calificarse el acuerdo alcanzado entre gobierno y CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que algunos califican como “pacto de Estado”. Y no lo es sólo por el compromiso de reducir el déficit este año sino también porque, bajo la recuperada Ley de Estabilidad Presupuestaria, puede suponer el principio del fin de los caóticos y descontrolados desequilibrios autonómicos, causantes, según las instituciones europeas, de buena parte de los males que nos aquejan. A falta de estructuras federales consolidadas, que delimiten con claridad las competencias territoriales y las nacionales, es bueno que, al menos de vez en cuando, se establezcan fórmulas de garantía para que el gobierno nacional pueda ser creíble y solvente en sus compromisos con la Comunidad Internacional. Si la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el acuerdo en el CPFF consiguen ese plus de credibilidad y solvencia en dichas políticas, se debería hacer lo mismo en otras, pues, al igual que las CCAA han sido capaces, como no podía ser de otra forma, de aparcar sus diferencias para alcanzar el objetivo nacional del déficit, hay otros muchos objetivos nacionales por conseguir para que en el concierto internacional nos consideren un país serio, creíble y fiable. Ojala que esta buena noticia suponga un cambio de actitudes políticas para que los intereses nacionales prevalezcan ante los legítimos intereses territoriales, pues el interés general, en caso de discrepancias, siempre ha de prevalecer sobre el particular.

            Pero, dicho lo anterior, me temo que tan buena noticia, tan responsable forma de proceder, es flor de un día. Nuestros políticos, lamentablemente, no se caracterizan por  ejercer cotidianamente la responsabilidad, salvo en circunstancias extremas que ellos mismos han provocado, como es el caso. Suelen utilizar el victimismo y la demagogia para culpar a otros de las incompetencias e irresponsabilidades propias tras ofertar proyectos inviables con fines meramente electorales que se desvanecen si gobiernan. Y luego, pasa lo que pasa. Ya va siendo hora de que cada palo aguante su vela, de que cada gobernante asuma sus responsabilidades sin confundir sus deseos con la realidad, pues, como dice el pueblo “una cosa es predicar y otra es dar trigo”. El acuerdo de reducir el déficit, con sus  correspondientes recortes -que nadie se engañe, ni engañe a nadie-, viene impuesto por una necesidad ineludible y urgente que todos conocen, pues lo contrario, bien lo saben, es una falacia por la imposibilidad de conseguir financiación suficiente para mantener políticas expansivas de gasto. Conclusión: o ajustas, o te ajustan; es el dramático destino de la globalización económica en tiempos de crisis. Así, cualquier promesa en sentido contrario queda obsoleta en el instante en que su promotor se convierte en gobernante y deja de ser oposición. Se puede estar de acuerdo o no, pero es la triste realidad en la que, a lo sumo, cabe un debate sobre el cómo pero no sobre el qué, aunque la urgencia deja poco margen a elucubraciones ideológicas y menos aún a demagogias. Son momentos duros que requieren soluciones urgentes, que cada gobernante, en cualquier instancia administrativa, está obligado a tomar y a exigir en su ámbito de responsabilidad que las tomen las instancias dependientes.

            Por ello quienes, como el gobierno PSOE-IU de Andalucía, basan su proyecto en lo contrario, sin tener en cuenta la realidad, claudican en la primera reunión de la Junta, aunque para mantener su falacia, imposible de sostener como gobernantes, su vicepresidente, Valderas, explique cínicamente lo inexplicable. Tras afirmar a los cuatro vientos que hay que mantener la expansión del gasto para salir de la crisis, IU, que considera a PP y PSOE como las dos caras de una misma moneda, decide gobernar en Andalucía con el PSOE para evitar que lo haga el PP y aplique los recortes que viene aplicando a nivel nacional. De entrada, bienvenida sea la decisión. Pero la Junta en su primera actuación hace los mayores recortes de toda la historia de la autonomía, semejantes en líneas generales a los del gobierno y otros entes territoriales (subida del IRPF, bajada de sueldo a funcionarios, incremento de jornada lectiva a profesores…..) y Valderas, sin el menor sonrojo, dice que es “por imposición” del Gobierno, para “reequilibrar el déficit”, que no se siente responsable de “una herencia” recibida, pero que no tiene otra opción para evitar que Andalucía “se arrastre a una situación de no retorno” aunque dichas medidas “generarán más paro y serán inútiles para salir de la crisis” que evitaría “con otro tipo de políticas” por lo que insta a los andaluces a una “gran movilización social”, que apoyará, contra la política de Bruselas que “calca” el gobierno de Rajoy. ¿Acaso los demás no tienen imposiciones? ¿No tienen herencias? ¿No quieren evitar un camino sin retorno? Pero los demás, acertados o no, asumen estas políticas inevitables como la solución posible, mientras Valderas dice que tiene otras. ¿Por qué no las aplica si éstas son inútiles para salir de la crisis? ¿Por qué libremente acepta una herencia para no hacerse responsable de ella si podía seguir en la oposición y no aceptarla? ¿Por qué apela a movilizaciones sociales contra los demás y no contra él? Si quería mantener su falacia ante la ciudadanía ¿por qué eligió salir de la oposición para formar gobierno si nadie le eligió por mayoría para hacerlo? Se ve que aún no se ha enterado de que “una cosa es predicar y otra es dar trigo”, pero el pueblo si sabe que soplar y sorber a la vez es imposible y que, al final, con este tipo de planteamientos hasta las buenas noticias se tornan, si no en malas, en regulares.

         Fdo. Jorge Cremades Sena

SIETE MILENIOS

            Tras conocer la noticia, se me ocurre proponer al consistorio del pueblo alcarreño de Pioz para el récord Guinness de la irresponsabilidad, aunque, bien pensado, casi es mejor no proponerlo, vaya a ser que, indagando, indagando, se encuentren datos suficientes para hacerlo extensivo a otros municipios y gobiernos de ámbitos superiores y, al final, sea España en su conjunto la merecedora del récord. El caso es que, según el Secretario de Estado Sr. Beteta y la actual alcaldesa de Pioz, el citado pueblo castellano-manchego tardará siete milenios (exactamente 7.058 años) para saldar la deuda contraída por su Ayuntamiento en los últimos años. Menos mal que el alcalde saliente, principal responsable del desaguisado, ha dicho que no se debe tanto dinero y que la deuda es exactamente la mitad, lo que, por pura lógica, supone que sólo en tres milenios y medio (3.529 años, exactamente) se habrá podido liquidar la deuda. Un gran alivio para los proveedores, quienes ven mejoradas de forma sustancial sus expectativas de cobro. Supongo que para hacer el cálculo de pago ya se habrán incluido los intereses de la deuda, pues si no se ha tenido en cuenta este pequeño detalle el plazo para saldarla podría demorarse hasta límites manifiestamente intolerables.

            Obviamente tan desproporcionado endeudamiento no obedece a inversiones productivas que, por ende, generarían un posterior incremento de ingresos para poder afrontar los correspondientes pagos. En efecto, llama la atención que un municipio con poco más de 3.500 habitantes, tenga facturas impagadas por fiestas de 140.000 euros; por toros de 45.588, por orquestas de 23.069, por fuegos artificiales de 14.000 y por bailes de 11.000; así como 2´8 millones de euros por construir la piscina municipal o 5 millones de euros por una depuradora dotada para 20.000 personas. Son los datos más llamativos, proporcionados por la alcaldesa, quien, tras reconocer que el pueblo “está para ser intervenido”, anuncia que, para reducir la deuda, hará un presupuesto de fiestas de 17.000 euros, provocando división de opiniones entre sus conciudadanos.  

            Pero todo ello se reduciría a mera anécdota si tan desastrosa gestión fuese la excepción que confirma la regla. Lamentablemente no lo es. El ayuntamiento de Pioz es simplemente el mejor ejemplo de una moda de gestionar lo público desde la incompetencia, el despilfarro, el egoísmo y la insolidaridad generacional que, al amparo de una absoluta impunidad, permite a los gestores blindar sus irresponsabilidades en cualquier ámbito territorial. A lo largo de toda la geografía española se extiende un sinfín de proyectos faraónicos e innecesarios que, tras sobrecostes exagerados por su construcción, añaden elevados costes por mantenimiento y se muestran doblemente ruinosos, improductivos e insostenibles. Aeropuertos fantasmagóricos sin aviones, puertos deportivos sin barcos, tramos de vía de alta velocidad sin pasajeros, parques temáticos ruinosos, urbanizaciones mastodónticas sin servicios y sin gentes… son unos pocos ejemplos –citarlos todos requeriría demasiadas páginas- de un desolador paisaje de ruina colectiva y enriquecimiento de unos cuantos. Si España es el segundo país del mundo –China es el primero- en longitud de vías de alta velocidad, si es el primero de Europa en número de aeropuertos, en autopistas y otras infraestructuras en términos relativos, para prestar servicios a una sustancial menor cantidad de usuarios ¿por qué Pioz va a renunciar a depurar aguas para 20.000 personas aunque sólo tenga 3.500 habitantes? Si todas estas inversiones se han hecho sin evaluación previa de rentabilidad socio-económica y sólo se han basado –siendo benevolente- en criterios político-electorales ¿por qué Pioz va a renunciar a hacer lo mismo? Si el dinero público no es de nadie –tal como afirmó allá por 2004 la ministra Carmen Calvo-, se deduce que su despilfarro a nadie perjudica; por lo visto sólo las deudas son de todos…y en eso estamos. Un modo de gestionar que en cualquier país civilizado llevaría a los responsables a la cárcel. Aquí ni siquiera dimiten del cargo.

            Entretanto, mientras pasan los siete milenios para Pioz, nuestros políticos, acusándose verbalmente unos a otros, gastan sus energías en señalar culpables –como sí no lo fueran todos ellos- en vez de sumarlas para encontrar soluciones, que es lo que requiere el crítico momento que estamos atravesando. Ya no hay margen, ni dinero –que, tras gastar el nuestro, nunca lo hubo, nos lo prestaron- para mantener esta perniciosa moda de gestión pública. Ahora toca todo lo contrario. Así lo exigen las instituciones europeas para, reduciendo el déficit, llegar al equilibrio presupuestario. Por ello cada ayuntamiento, diputación o autonomía, con el gobierno central a la cabeza que es quien está obligado a cumplir el compromiso de reducción del déficit de España, no tiene más remedio que recortar gastos e incrementar ingresos. Dónde y cómo hacerlo es el único debate político viable, lo demás, hoy por hoy, son cantos de sirena que sólo buscan el deterioro de quien tenga la responsabilidad de la gestión en los distintos territorios. Por ello la crítica razonable, para ser creíble, requiere alternativas claras y cuantificables ya que las teórico-ideológicas de largo plazo no sirven para resolver lo urgente. Nuestros socios y nuestros acreedores no están dispuestos a concedernos siete milenios para saldar el derroche, exigen, al menos, que urgentemente cambiemos de rumbo y, como hemos sido tan irresponsables, ya no se fían de nosotros, salvo que auditores independientes diagnostiquen el estado de nuestras finanzas. ¿Qué más podemos pedir?

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

IMPERATIVO LEGAL

            El Estado de Derecho –surgido por oposición al Estado Absolutista, en el que el rey está por encima de los demás y puede mandar sin ningún contrapeso de poder- está compuesto, como su nombre indica, por un Estado –forma de organización política- y un Derecho –conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad- que limita precisamente el poder estatal, el cual, a diferencia del anterior, emana del pueblo, quien elige a sus representantes para gobernarlo. En definitiva, y sin mayor disquisición al respecto, el Estado de Derecho deviene en sinónimo de Imperio de la Ley, ya que ésta debe prevalecer sobre cualquier principio gubernativo y todos, absolutamente todos, están sujetos a ella, especialmente el gobierno, sus funcionarios y demás cargos institucionales. Es mal asunto pues que algunos de éstos manifiesten que actúan por “imperativo legal”, que es una obviedad innecesaria, y, por tanto, lo que realmente significa es una actitud antidemocrática en toda regla. Es lo que viene sucediendo en España desde que, al final de los ochenta, los candidatos electos de Herri Batasuna se inventaron dicha fórmula para justificar el requisito de promesa o juramento de acatamiento a la Constitución –de la que renegaban- con el único objetivo de obtener la condición de diputado, y, ante la negativa del presidente del Congreso Félix Pons, obtuvieron del Tribunal Constitucional un fallo favorable. Se daba vía libre para convertir el contrato democrático de adhesión constitucional –incluso para quienes, como parlamentarios, pretendan modificarla con los requisitos establecidos al respecto- en un trámite expreso de desacuerdo constitucional con apariencia de acuerdo, válido para obtener una legitimidad institucional que, según ellos, conseguida desde la imposición y no desde la convicción, justifique sus posteriores actitudes antidemocráticas.

            Convertido el acatamiento a la Constitución en una farsa, se han ido sumando a ella una serie de formaciones políticas (Esquerra Republicana, Eusko Alkartasuna, PNV, Nafarroa Bai, BNG, IU, Amaiur, Geroa Bai, ICV-EUiA…) al extremo de convertir la última sesión constitutiva del Congreso en un espectáculo variopinto de propaganda política, una especie de prolongación de la campaña electoral, ya finalizada, añadiendo al “imperativo legal” las coletillas más llamativas del proyecto político de cada uno. Y es que, como manifiesta el republicano Joan Tardá, “Se ha perdido el miedo a decir las verdades. Basta de falsedades e hipocresías”. Eso, una manifiesta hipocresía política, pues el acatamiento constitucional ni pretende callar a nadie, ni impedir ningún proyecto político, sino garantizar que para conseguirlo se ha de actuar en todo momento dentro del marco legal constituido. Ese es el compromiso del acatamiento, sin fisuras ni matices, que se debe exigir a quienes, libremente, deciden participar en las instituciones del Estado de Derecho. La falsedad y la hipocresía es aprovechar el marco de libertades democráticas para, desde sus instituciones, intentar destruirlo. Por ello no se entiende bien que Durán i Lleida considere tan pintoresco acatamiento como un reflejo normal del pluralismo político, ni que Rubalcaba lo vea como una simple llamada de atención para los medios de comunicación, ni que el propio presidente del Congreso, el señor Posada, deje pasar las coletillas al considerar que lo básico, es decir, el acatamiento, se ha cumplido. Interpretaciones benévolas que se contradicen con las actuaciones concretas protagonizadas después en otras instituciones, incluidas las de función ejecutiva que obligan no sólo a cumplir la legalidad sino también a hacerla cumplir a los demás. Basta recordar, a título de inventario, las que protagonizaron el gobierno tripartito en Cataluña, el gobierno vasco de Ibarretxe, el gobierno balear de coalición PSOE-Bloc-Unió Mallorquina…, amén de la de tantos y tantos gobiernos locales vascos y catalanes, que, asumiendo competencias que no tienen, desacatan la normativa vigente con actitudes y actuaciones claramente antidemocráticas.

Este desafío intolerable al Estado de Derecho, que por higiene democrática debiera ser erradicado de forma contundente, hace cada vez más difícil la gobernabilidad de los españoles en sus diferentes territorios. Andalucía es el último caso. Mientras Griñán anuncia un gobierno alegre PSOE-IU, que cumplirá las leyes, su flamante socio y vicepresidente, Valderas, apela al “imperativo legal” para acatar la política de recortes aunque no en su totalidad ni en la aplicación a todos los andaluces, ya que, al parecer, de los efectos de la reforma laboral han de quedar exentos los empleados públicos de la Junta de Andalucía, especialmente los de las empresas y entes públicos pendientes de consolidar su puesto de trabajo. Es decir, de aquellos que, a dedo, han entrado en la administración autónoma por la puerta falsa. Entretanto, el camarada de Valderas, Sánchez Gordillo, que no ha apoyado la investidura de Griñán por el asunto de los EREs -tan esgrimido en campaña electoral por IU-, ocupa una finca que la Junta había expropiado con anterioridad. Lo que nadie aclara es si, aunque sea por “imperativo legal”, se van a esforzar en cumplir el objetivo del déficit, que en Andalucía supone unos recortes de gasto de casi 3.000 millones de euros, en una situación de paro que supera el 30%, la tasa más alta de toda Europa. El gobierno alegre de Griñán, lamentablemente, sólo puede generar tristeza.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO

            Desde hace demasiado tiempo nuestros gobernantes, sean del signo político que sean, vienen haciendo de la popular frase “donde dije digo, digo Diego” su modelo de gobierno, que, planteado así, abre todas las posibilidades al cinismo, a la incoherencia y a la mentira como principios básicos de actuación. Se ha consolidado tanto esta forma de gobernar que, a medida que pasa el tiempo, nuestros gobernantes bien podrían sustituir el “dije”, que señala un pasado lejano, por “he dicho”, que indica una mayor proximidad en el tiempo, o, incluso, por “acabo de decir”, que implica inmediatez, pues cada vez les importa menos hacer lo contrario de lo que “dijeron” en su campaña electoral, de lo que “han dicho” en su investidura o en una sesión parlamentaria, o de lo que “acaban de decir” en una rueda de prensa. Una perniciosa conducta gubernamental que, “de facto” aunque no “de iure”, prostituye la democracia al no respetar los compromisos electorales con los ciudadanos que legitimaron su autoridad para que los cumplieran –y no para hacer lo opuesto- concediéndoles una mayoría parlamentaria, incluso, a veces, absoluta. ¿Acaso legitimaron a Zapatero para congelar las pensiones y bajar el sueldo a los funcionarios si prometió por activa y pasiva que jamás haría estos recortes? ¿Acaso está legitimado Rajoy para recortar en sanidad y educación si ha prometido electoralmente y ha reiterado en la investidura que eran las únicas partidas intocables en los presupuestos? A mi juicio, no. Tales actuaciones, practicadas sin rubor y de forma descarada por ambos gobernantes, producen una generalizada frustración ciudadana y un creciente desapego a la democracia. A este modo de entender la democracia con absoluta impunidad gubernamental tras la investidura.

            Para evitar estas conductas y otras peores es necesario revisar el concepto de legitimidad democrática para gobernar que, adquirida tras las elecciones, debiera ser cuestionada cuando la gestión suponga un fraude al compromiso programático con la ciudadanía. ¿De qué vale que un gobierno sea sustituido por otro cada cuatro años si se conduce durante los cuatro siguientes con la misma incoherencia que el anterior? De nada, a la vista está. Se corregiría introduciendo mecanismos pacíficos y eficaces de control ciudadano sobre la gestión gubernamental (por ejemplo, iniciativas populares de convocar referendums) para expresar de forma fehaciente el rechazo o no a la misma cuando ésta sea claramente errada, abusiva o contraria al compromiso programático adquirido con los votantes, obligando al gobierno, en caso de rechazo, a rectificar su gestión o convocar elecciones anticipadas. Sería más eficiente políticamente y menos gravoso socialmente que manifestar el rechazo durante cuatro años mediante huelgas y manifestaciones que sólo reflejan el malestar de forma difusa sin efectos inmediatos, ya que el veredicto ciudadano, claramente cuantificable, acabaría con la comodidad de la clase política que, obviamente, prefiere obtener un cheque en blanco para dicho periodo, amparándose en la legitimidad original de las urnas sin ningún control ciudadano entretanto. Reducir la democracia al derecho popular al voto cada equis años es una invitación al abuso gubernamental en toda regla y, en caso de practicarse –como viene siendo habitual-, se debería ilegitimar tal abuso de poder, pues la legitimidad es para gobernar pero no para abusar –en vez de usar- del poder que dicha tarea lleva implícito.

             La mentira se ha instalado de tal forma en el quehacer político que ya hasta se utiliza como argumento para justificar cualquier otra mentira posterior, convirtiendo el proceso electoral en un mero trámite burocrático de legitimización gubernamental para actuar de espaldas a la ciudadanía, condenada durante toda la legislatura a soportar las políticas contrarias a las que en su día apoyaron sin posibilidad alguna de evitarlo. Por ello, ni gobierno ni oposición, tienen reparo alguno en enzarzarse en un debate público sobre quién es más mentiroso o más infiel a su programa electoral, mientras el país está en estado catatónico. Rubalcaba, vicepresidente del gobierno anterior, acusa al actual presidente Rajoy de mentir a los ciudadanos por adoptar medidas contrarias a su programa de gobierno, mientras Rajoy las justifica por las mentiras del gobierno anterior sobre el déficit y acusa a Rubalcaba de que, en todo caso, su gobierno también hizo lo propio. Rubalcaba, sin poder desmentir lo obvio, asume la mentira sobre el déficit pero lo justifica alegando que Rajoy también lo sabía, acusándole por ello de aprovecharse para hacer su política de recortes. Un espectáculo bochornoso en el que ninguno de los dos asume que la mentira, sea por ignorancia o con intencionalidad, debiera incapacitar a cualquier gobernante democrático por incompetente o deshonesto. Ya Maquiavelo en su día aconsejaba a su príncipe de que “un gobernante prudente no debe cumplir lo que promete cuando ello vaya en contra de sus intereses, ni cuando ya no existan las razones que lo llevaron a comprometerse”. Está claro que nuestros gobernantes pecan de prudencia, que sus intereses son seguir gobernando y que las razones del compromiso, las elecciones, ya no existen hasta dentro de cuatro años. Además, según Maquiavelo, “jamás han faltado excusas legítimas a un príncipe que deseara incumplir honorablemente su promesa”. Está claro que la legitimidad de las urnas, legislatura tras legislatura, convierte esta forma de gobernar en la más honorable de las causas. El problema es que ya no estamos en el Renacimiento, aunque algunos no se hayan enterado.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena