ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y LIBERTAD

            Aunque parezca banal, el perverso derrotero de demasiados acontecimientos indeseables que suceden en España, hace necesario que, al menos de vez en cuando, recordemos qué es un Estado de Derecho y cómo se ejerce la democracia y la libertad en el mismo, tal como lo entienden todos los ciudadanos en los distintos países libres y democráticos del mundo. En España, por lo visto, no lo tenemos tan claro y, por ello, vale la pena reflexionar al respecto en beneficio de todos.

            El Estado de Derecho, ya desde su acepción formal, está sometido al principio de legalidad, pero en su acepción real, como es el caso, requiere además que cualquier poder esté limitado por la ley, condicionando no sólo sus formas sino sus contenidos. Por tanto, además del principio de legalidad, que incluso estados autoritarios pueden asumir, requiere como mínimo la obligatoriedad del Derecho respecto al Estado, la supremacía de la Constitución y la responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos. En el Estado Constitucional de Derecho, como es el caso, el principio de legalidad, consustancial a todo Estado de Derecho, no sólo obliga a la administración y la jurisprudencia, sino también al legislador ordinario que ha de respetar la Constitución, garante de los derechos fundamentales y del modelo institucional estatal. Por ello, en cualquier país democrático y civilizado, regido por el Estado de Derecho, sus ciudadanos y especialmente sus gobernantes entienden que el primer requisito de una convivencia en paz y libertad es la lealtad constitucional, es decir, la obligación de fidelidad a las reglas de juego establecidas, recogidas en su Constitución, y el acatamiento a la legalidad vigente que emana de las mismas. Sin entrar en más detalles técnicos –ni el espacio lo permite, ni el objetivo de pedagogía política lo requiere- en cualquier Estado de Derecho Democrático sus autoridades se rigen, permanecen y se someten al derecho legítimo vigente, actuando todos ellos conforme al ordenamiento territorial, institucional y competencial establecido. Es la diferencia sustancial con estados autoritarios, dictatoriales o totalitarios de cualquier signo ideológico.

            Es precisamente el respeto y acatamiento a las reglas de juego establecidas en la Constitución lo que asegura una convivencia pacífica, democrática y libre, evitando que se convierta en violenta, anárquica y libertina, antesala para facilitar la instauración de regímenes totalitarios. Por ello la Constitución, además de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, además de legitimar los distintos poderes del Estado y la autoridad de los cargos que la ejercen, además de marcar el territorio y la organización político-administrativa estatal, así como otros muchos aspectos no menos importantes, es a la vez el corsé necesario que marca las líneas rojas que jamás han de rebasarse. Es el límite indispensable para posibilitar el ejercicio práctico de la libertad y la democracia a una sociedad, así como la garantía de una convivencia pacífica y segura. Es la concreción necesaria para llenar de contenido ambos conceptos, pues en su acepción teórica, libertad y democracia, no son más que conceptos abstractos que, en todo caso, jamás pueden significar que cada cual haga lo que le venga en gana o que un grupo decida hacerlo a su antojo simplemente porque una mayoría del mismo así lo quiere a su libre albedrío. Por eso es incuestionable que cada una de las instancias estatales, cada autoridad legítima que la represente, se someta en todo momento al cumplimiento escrupuloso de la ley, actuando conforme a las competencias que ésta le haya encomendado. De no hacerlo, queda ineludiblemente deslegitimado para seguir ejerciendo su autoridad, obtenida gracias a la legalidad que ahora pretende desacatar aunque sea para conseguir loables y legítimos objetivos. Cualquier reivindicación tiene cabida dentro de la legalidad, incluida la reforma de la propia Constitución si para ello fuese necesario, pero siempre respetando los requisitos establecidos al respecto. Lo contrario supone situarse en la senda del totalitarismo.

            Cuando, para conseguir su proyecto político, un gobernante democrático actúa contra la legalidad que legitima su propia autoridad, invade competencias que la soberanía popular no le ha confiado, desafía al entramado institucional establecido y al resto de autoridades del estado, enfrenta interterritorialmente a los ciudadanos y alienta a sus seguidores a desafiar insolidariamente al bien general, culpando a los demás de todas las dificultades y considerándoles como una rémora para salir de las mismas, se convierte en el peor enemigo de la democracia, la paz y la libertad. Un visionario peligroso que, prevaliéndose del estatus conseguido democráticamente, sólo entiende la democracia como método para conseguir el poder personal suficiente para imponer su ideología liberticida. Un dictador en potencia que no tendrá reparos en acusar como tal al Estado de Derecho del que forma parte si éste le aplica las sanciones que establece la Constitución para evitar precisamente su demolición. ¿Sucede algo de esto en España? Analícenlo ustedes.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

TRIUNFO HISTÓRICO

            Se cumplen treinta años del histórico triunfo del PSOE por mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas el 28 de octubre de 1982, que supusieron un antes y un después en nuestra historia reciente, pues finiquitaba la transición democrática al consolidar, con un posterior traspaso de poderes ejemplar, la alternancia política y, por tanto, la democracia en España que acababa de nacer. El PSOE, con Felipe González a la cabeza, obtenía 202 diputados, la mayoría más cómoda obtenida hasta hoy por cualquier otra formación política, e iniciaba un proceso de transformación social, política y económica en España sin precedentes. En tiempos tan difíciles el pueblo español apostó de forma contundente por aquel sugerente eslogan socialista de campaña electoral, “Por el cambio”, que sintetizaba la esperanza de la inmensa mayoría de ciudadanos por acabar definitivamente con la España negra del franquismo que todavía presentaba un color gris oscuro, invitando a la desesperanza, a pesar de los esfuerzos por evitarlo del líder de la transición Adolfo Suárez y de la mayoría de líderes políticos. La UCD, coalición mayoritaria gubernamental hasta el momento, había saltado por los aires el año anterior al extremo de que ni siquiera dejó acabar la primera legislatura democrática como Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, sustituyéndole por Calvo Sotelo. Y, para colmo, en plena sesión de investidura del nuevo presidente, un grupo de militares, pistola y fusil en mano, tomaba el Congreso de los Diputados, impidiendo la investidura con la pretensión de acabar una vez más con la libertad del pueblo español y haciendo realidad los rumores de “ruido de sables” en los cuarteles que, desde los inicios del cambio político tras la muerte de Franco, se extendía por todos los corrillos. Era el esperpéntico, patético y, felizmente frustrado, golpe de estado del 23F.

Triunfo histórico no sólo para el PSOE, sino también para el pueblo español que, ante las incertidumbres y dificultades de las opciones de centro-derecha, decidió conceder un inmenso poder al único partido político que podía sacarnos del atasco. Y así fue. Se inició un tremendo esfuerzo para convertir España en un país normal, libre y democrático, como el resto de países civilizados del mundo. Quienes tuvimos el gran honor, como diputados o senadores, de formar parte de las Cortes Generales en aquella legislatura jamás olvidaremos la eclosión de alegría de tanta y tanta gente que se nos acercaba para felicitarnos y felicitarse, haciéndonos sentir la inmensa responsabilidad que asumíamos ante ellos. La situación no era halagüeña, casi todo estaba por hacer. La izquierda volvía al Gobierno de España tras 46 años y, a diferencia de entonces, lo hacía aglutinada en un partido sólido, renovado y con vocación de moderación y no de revanchismo, frente a una derecha que, con amplia experiencia de gobierno durante la dictadura, había fracasado en su intento de aglutinar en un proyecto sólido de consolidación democrática a sectores antagónicos, desde socialdemócratas a sectores con escasas convicciones democráticas.

Triunfo histórico que, revalidado en las dos siguientes legislaturas con mayoría absoluta más otra con mayoría relativa, permitió afrontar los cambios necesarios (algunos complicados, otros dolorosos) para alejar definitivamente los fantasmas del pasado y transformar el país en casi todos los campos. Un esfuerzo titánico de consolidación de la hegemonía del poder civil (reforma militar, lucha antiterrorista…),  de desarrollo del Estado del Bienestar (generalizar pensiones con las no contributivas, universalizar la sanidad, ampliar la protección por desempleo, iniciar políticas de igualdad, reforzar la educación con más becas, con la LODE, LOGSE, LRU…), de creación de infraestructuras (plan de autovías, AVE...), de superación del aislamiento internacional (integración en la CEE –hoy UE-, OTAN, lazos con Iberoamérica y El Magreb…), de impulso al modelo de Estado Autonómico (aprobación de estatutos…), de saneamiento de la economía (reconversión industrial, regulación agrícola…) y de tantas otras reformas que supusieron una modernización y un prestigio de España sin precedentes. La democracia quedaba asegurada y, como en otros muchos países, con un marcado bipartidismo entre un centro-izquierda y un centro-derecha -consolidado en estos años- sumando ambos más del 90% de apoyos. En estas circunstancias la nueva alternancia se produce en 1996 cuando el PP de Aznar gana las elecciones. Todo normal si sólo la lógica erosión de gobernar hubiese sido la causa. Pero lamentablemente iba acompañada de otros fenómenos, entre ellos la corrupción (instalada desde entonces en unos y otros) que tiraba por tierra la máxima de González: “los socialista podemos meter la pata, pero no la mano”.

Después de treinta años de aquel histórico triunfo estamos obligados todos, pero especialmente los socialistas, a hacer una reflexión profunda que explique por qué tanto entusiasmo y esperanza se ha tornado en tanto desinterés y desesperación, y por qué los nacionalistas, hoy independentistas, lo aprovechan para alentar un nuevo entusiasmo sólo en sus territorios pero sobre bases antidemocráticas. Cobra vigencia el eslogan del treintañero triunfo del PSOE y, de nuevo, para alejar las amenazas que acechan a la democracia, la paz y la libertad. ¿Es qué no hemos aprendido nada? ¿Es que no hemos enseñado nada los de entonces a nuestros hijos? Está claro, estamos fallando estrepitosamente.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

HERENCIAS NEFASTAS DEL PASADO

            Mientras España está en la UVI y sus médicos, en este caso los políticos, deben aunar todos sus esfuerzos para intentar recuperarla lo antes posible, muchos de los que forman parte del quirófano para intervenirla se empeñan en prolongar su agonía, cuando no en acelerar su defunción. Sea por incompetencia o irresponsabilidad, es alarmante la progresiva deriva de declaraciones y actuaciones públicas de líderes políticos, incluso algunos con responsabilidades gubernamentales en distintas instituciones, que son intolerables en democracia e inasumibles desde el sentido común, provocando un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía. No en vano todas las encuestas sitúan a la clase política como uno de los principales problemas actuales del país al generalizar un asunto que debiera circunscribirse al ámbito individual. Pero no es menos cierto, que dicha generalización está más que justificada ante la manifiesta permisividad de los partidos políticos hacia los excesos de tan ilustres militantes y ante la dejación de autoridad desde las instituciones a la hora de defender el Estado de Derecho.

            Sólo en este ambiente de mediocridad, incompetencia e irresponsabilidad se puede entender, por ejemplo, que el líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, el socialista Tomás Gómez, en sesión parlamentaria acuse de haber robado la infancia de los abuelos de los diputados de izquierdas a los abuelos de los diputados de derechas y a éstos, sus nietos, de pretender ahora robarles también su vejez con el asunto de las pensiones. Ingenioso argumento, probablemente a falta de otros, que no sería adecuado ni en un mitin partidario, pues muchos de los militantes asistentes se ofenderían por la acusación que hace a alguno de sus abuelos. Salvo que Gómez considere que la ideología es hereditaria, lo que le situaría en las antípodas del sentido común, nadie entiende -salvo el PSOE que no hace nada por evitarlo- este tipo de mensajes políticos que, obviamente, conducen a las derrotas sucesivas del PSM frente al PP madrileño.

            Más alarmante es que Felip Puig, nada más y nada menos que Conseller de Interior en Cataluña, manifieste impunemente que los Mossos d´Esquadra estarán al servicio de Cataluña en caso de conflicto ante el temor de que en el contexto de cambio “haya gente que quiera contraponer una legalidad jurídica a una legalidad democrática”. Salvo que Puig desconozca el funcionamiento del Estado de Derecho, es decir, de la democracia, lo que inevitablemente conduciría a destituirle por incompetente, son intolerables sus declaraciones de perfil totalitario que, de no hacerlas por ignorancia, debieran llevar aparejado a su cese algún tipo de imputación penal. Aunque, si su jefe de filas, el Sr. Mas, se permite el lujo de saltarse a la torera la legalidad democrática vigente a la que debe obediencia, apelando a que la exigencia de su cumplimiento supone volver a la España “una, grande y libre”, es obvio que Puig actúa por obediencia debida y, por tanto, su cargo está bien asegurado. El de Mas, también.

Que, tras más de tres décadas de democracia, se siga apelando al pasado para desenterrar sus herencias nefastas y usarlas como arma política, olvidando que una generación de españoles, herederos de las mismas, decidimos consensuar su enterramiento para poder ofrecer a nuestros hijos una España mejor que la heredada de nuestros padres, es la peor de las herencias para nuestros nietos. Sólo desde la mediocridad política e intelectual, que invita a la incompetencia y la irresponsabilidad, se entiende que un demócrata prefiera resucitar los fantasmas del pasado -que ya pertenecen a los libros de Historia- como argumento político en vez de buscar soluciones viables de futuro para superar los problemas del presente. Sólo se entiende desde la mediocridad o desde una mentalidad totalitaria, que es aún peor.

Pero lo trágico es que actuaciones como las citadas o peores aún se suceden casi a diario sin que nadie haga nada para evitarlo. Ni los partidos políticos, aunque sólo sea para evitar su progresivo descrédito, ni las autoridades gubernamentales, aunque sólo sea por obligación, toman medidas ante semejantes exabruptos. La consecuencia, un deterioro peligroso del Estado de Derecho en que día a día se hace más difícil una convivencia en paz y libertad. Si en todos estos años no hemos sido capaces de asumir nuestra propia Historia para, desde la libertad conseguida, aprender que sus episodios más negros jamás deben repetirse y, si en vez de erradicar los comportamientos que los provocaron, nos empeñamos en reproducirlos o fomentarlos, estamos condenando a nuestros nietos a la tragedia que vivieron sus bisabuelos. No es casualidad que algunos episodios actuales, tengan la misma carga antidemocrática de revanchismo, intolerancia e intransigencia que los acaecidos antaño, olvidando que esta España nada tiene que ver con la de entonces. Evitarlo es bien fácil: hacer pedagogía política y, sobre todo, aplicar la legalidad vigente, sometiendo al imperio de la ley a todo aquel que la viole. Dos asuntos que dejan mucho que desear en nuestro Estado de Derecho.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

HAMBRE

            ¿Se imaginan casi diecinueve Españas juntas con toda su población muerta de hambre? Pues no se lo imaginen, es real. Unos 870 millones de personas, según la FAO, pasan hambre en el mundo; de ellos, unos 16 millones en países desarrollados. O dicho de otra forma, de cada 100 personas que habitan el planeta Tierra, casi 13 de ellos pasan hambre y, por tanto, carecen del elemento básico, junto al agua, imprescindible para seguir viviendo. Muchos de ellos sufren esta tragedia de forma tan extrema que, tras una existencia de desnutrición, miseria y enfermedad, apenas pueden llegar a la edad adulta. Son datos escalofriantes que debieran zarandear permanentemente las conciencias de quienes estamos en la otra orilla, la del bienestar, luchando por una vida digna, la nuestra, como si fuera posible la dignidad negándosela a los demás, al extremo de no reconocerles cualquier derecho que los dignifique, incluido el elemental derecho natural de alimentarse. Con una mínima aproximación al problema concluiríamos que hay escasez de alimentos y, por tanto, se trata de una cuestión de supervivencia que, inevitablemente, condena al hambre a esa parte de la población mundial. Sin embargo, la propia FAO, manifiesta que anualmente se tiran a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos, tanto en zonas desarrolladas (95-115 kilos por habitante y año en Europa y EEUU) como subdesarrolladas (6 kilos, en el S y SO de Asia o en África Subsahariana), evidenciando que el problema no está en la escasez de alimentos a nivel mundial sino en la mala gestión de los mismos. Este inhumano desperdicio alimentario, que condena a tanta gente a morirse de hambre, obedece a múltiples causas, que van desde las limitaciones técnicas que tienen los productores en países subdesarrollados -que afectan al sistema de recolección, almacenamiento, refrigeración, conservación y distribución de alimentos- hasta los viciosos comportamientos de los consumidores en los países industrializados, pasando por los intereses económicos y especulativos de intermediarios y productores. El hambre en el mundo no es pues la consecuencia de una maldición divina, sino el resultado trágico del egoísta proceder del ser humano.

            El filósofo inglés Thomas Hobbes, partiendo del concepto que Plauto tenía del hombre cuando desconoce a sus congéneres, popularizó la famosa frase “Homo homini lupus” (El hombre es un lobo para el hombre) considerando el egoísmo como un elemento básico del comportamiento humano, al extremo de que concibe la convivencia gracias al intento de la sociedad por corregirlo, justificando así la existencia de un estado controlador con poder absoluto. Posteriormente, Rousseau, en las antípodas de Hobbes, mantuvo que “el hombre es bueno e inocente por naturaleza, lo que le corrompe es la sociedad” pues, según él, el “buen salvaje” vivía feliz hasta que apareció el egoísmo y el ansia de riqueza, es decir, la propiedad y con ella la sociedad y la injusticia. Juzguen ustedes mismos estas disquisiciones filosóficas que, en el fondo, coinciden en lo referente al egoísmo de la condición humana al margen del sistema de convivencia que desarrollen en cada momento y lugar los distintos grupos. La realidad es que desde la revolución neolítica (única sustancial al convertir al hombre en productor y, por tanto, en generador de excedentes y riqueza) los diversos grupos humanos han centrado sus esfuerzos en incrementar la producción para apropiarse de ella sin límites y no para redistribuirla y cubrir las necesidades de todos, generando una lucha externa entre las distintas comunidades y otra interna en cada una de ellas. Por ello, desde entonces, al margen de los distintos sistemas político-organizativos que se han dado a lo largo de la Historia, el hambre y la saciedad son las dos caras de la misma moneda en la vida del hombre.

            Que en pleno siglo XXI, con la economía globalizada y una alta tecnología que, aplicada al transporte y a los sectores productivos, hace el planeta tan pequeño, carece de justificación que se tire a la basura alimentos suficientes para erradicar el hambre, lo que pone en entredicho, una vez más, no sólo la supuesta bondad del hombre sino además su racionalidad. Sólo así se puede explicar que, para no saturar el mercado y mantener precios rentables, se destruyan toneladas de productos alimentarios antes de ponerlos en el mercado; que, por normativas de calidad alimentaria, se tire a la basura toneladas de alimentos caducados en vez de distribuirlos gratis días antes de su fecha de caducidad; que se gaste todas las energías y recursos en la producción de alimentos, para tirarlos, y no en conseguir un mejor aprovechamiento, distribución y consumo de los mismos. Que en plena crisis económica en España, por ejemplo, se amontonen en los cubos de basura de los restaurantes más de 63.000 toneladas de comida al año (unos 2´5 kilos diarios cada uno de ellos) para que los clientes habituales enfermen de colesterol mientras miles de españoles padecen hambre extrema es simplemente intolerable.

            ¿No sería más racional y mejor poner coto a este derroche nacional y universal? ¿No sería incluso más barato? Seguramente el problema de hacer las cosas bien es que nos impediría hacer campañas de ayuda alimentaria de vez en cuando para evitar el exterminio por inanición de tantos millones de personas y, en ese caso, ¿cómo nos demostramos a nosotros mismos todas las cualidades bondadosas que, supuestamente, adornan la condición humana?

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

NOMBRAMIENTOS PÚBLICOS, DE MAL EN PEOR

            Se mire como se mire es difícil entender los criterios que nuestros gobernantes utilizan para nombrar los diferentes cargos públicos en los distintos niveles institucionales. Lo cierto es que en los últimos años, desde ministros a cargos de menor importancia, hacen declaraciones y toman decisiones que dejan mucho que desear, al extremo de que los ciudadanos no llegan a entender los méritos que dichos sujetos atesoran para ser merecedores de las responsabilidades que se les encomiendan, pues, si de ellos dependiera, no obtendrían su confianza ni para presidir la rotativa presidencia de su comunidad de vecinos. En un artículo anterior (Ver “Ocurrencias y despropósitos” colgado en mi blog “Ojo crítico” jcremades1948@gmail.com, en marzo de 2011) recogía algunas de las más significativas barbaridades, de palabra u obra, protagonizadas hasta entonces por determinados cargos públicos, que sonrojaban a cualquier persona con sentido común, al margen de su preparación académica o técnica. También exponía el brillante destino que dichos personajes obtenían tras el cese de sus funciones como premio a su manifiesta incompetencia. Mi objetivo era recoger este elenco de incapacidades con la esperanza de que en lo sucesivo se fuera más cauto a la hora de investir a determinados personajes de representatividad pública, pues, al fin y al cabo, son el reflejo de la ciudadanía a la que representan y administran.

            Pero no escarmentamos. Vamos de mal en peor. Si entonces los responsables de tan acertados nombramientos eran los socialistas y el gobierno de Zapatero, ahora son los populares y el gobierno de Rajoy quienes hacen lo propio –como en otros muchos asuntos- superándoles ampliamente, aunque de momento no sea con cargos de primer orden. Pero todo se andará, el itinerario es idéntico. Las ocurrencias y despropósitos que nos regalaron, entre otros, Magdalena Álvarez, Bibiana Aído o Leire Pajín quedan eclipsadas, de no haberlas protagonizado siendo ministras, por la del presidente de los españoles en el exterior, José Manuel Castelao que, para dar validez al acta de la reunión de una de las comisiones a la que le falta un voto, manifiesta “No pasa nada. ¿Hay nueve votos? Poned diez… Las leyes son como las mujeres, están para violarlas”. Si en su día supimos, gracias a tan insignes personalidades, que el aborto es comparable a ponerse tetas, que un feto es un ser vivo pero no humano, que tener hijos es de ultraderecha y rancio o que cambiando el sexo del PIB mejora la economía, ahora sabemos que las leyes y las mujeres son entes susceptibles de ser violados a nuestro antojo. Cierto que el abogado Castelao no es ministro y sólo es presidente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, órgano consultivo y asesor del Ministerio de Empleo, cargo que ya desempeñó entre 1998 y 2002, aunque tampoco es un desconocido que acaba de llegar pues fue diputado del PP en el Parlamento de Galicia entre 2005 y 2009, pero, en todo caso, el menor rango del cargo que ocupa no le exime del repudio general por su talante machista y antidemocrático que raya lo delictivo.

            En cualquier país civilizado tamañas barbaridades supondrían el cese inmediato de dichos personajes. Aquí no sólo se les mantiene en el cargo sino que, además, cuando cesan, se les premia con otro cargo, normalmente mejor pagado, en otras parcelas de la “cosa pública”. Basta conocer el destino actual de muchos de ellos. Por eso, cuando el tal Castelao decide dimitir de su cargo mantiene que lo hace por “motivos personales” y dice “nadie me ha pedido mi renuncia”. Lleva razón. La ministra Fátima Báñez, propulsora de su nombramiento, debiera haber salido al paso, aunque sólo fuese por decencia estética, cesándole “ipso facto” o, en su defecto, diciendo públicamente que esa era su intención en caso de que Castelao no hubiese presentado su renuncia voluntaria. Se hubiesen despejado muchas incógnitas al respecto. Menos mal que algún portavoz de su departamento ha dicho que “el comentario fue, como mínimo, muy desafortunado” ¡Faltaría más!

Habrá que estar atentos al posible destino que las autoridades reservan a Castelao, pues, ya ven, siempre se puede encontrar un hueco en la ONU, OPS, BEI, FMI o vaya usted a saber dónde. Hay tantas instituciones, nacionales o internacionales, donde recurrir que todo es posible para que personas con tanto merecimiento disfruten de un espléndido futuro a costa del erario público. De momento lo que sí hemos de reconocer a Castelao, es su ejemplaridad paradigmática en la defensa de los nuevos planteamientos sobre la edad de jubilación, ya que a sus setenta y un años de edad aún sigue activo en el servicio público. Con un poco de suerte su jubilación definitiva ya estará próxima, se la ha ganado sobradamente, y no será necesario elucubrar sobre sus nuevos destinos. La naturaleza juega a favor de que no tengamos que avergonzarnos por segunda vez, como en casos anteriores, de los venturosos destinos que nuestros gobernantes reservan a personas que tan dignamente obraron en el desempeño de sus responsabilidades públicas. O, no; como diría Rajoy.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

ASÍ NOS VA

            Visualizando imágenes de la intentona de asalto el Congreso de Diputados, del debate de Política General en el Parlamento catalán y de las comparecencias en la comisión de investigación de los EREs del Parlamento andaluz, coincidentes en estos últimos días, y, sobre todo, escuchando debates posteriores al respecto, protagonizados por políticos y tertulianos en diversos medios informativos, he llegado a la conclusión de que todo lo que nos está sucediendo nos lo merecemos. Aunque sean tres episodios puntuales, coincidentes en el tiempo, reflejan una realidad que de forma progresiva se ha instalado en nuestra peculiar forma de entender la democracia y, por tanto, la libertad como un ejercicio de tolerancia, cuando no de comprensión, a la desobediencia civil, al desacato institucional y a la corrupción política, entre otras figuras delictivas. En definitiva, a considerar la ilegalidad como derecho de libertad y, por ende, su persecución como ejercicio de represión dictatorial. Justo todo lo contrario de lo que sucede en los demás estados democráticos consolidados.

            En cualquiera de ellos sería ilegal una manifestación convocada para ocupar el Parlamento (exigiendo por “ordeno y mando”, la disolución de las Cortes, la dimisión del Gobierno y de la Jefatura del Estado y la convocatoria de elecciones constituyentes) y, en caso de producirse, sería reprimida de forma contundente por las fuerzas de orden público, que para eso están. Aquí, no sólo se legalizan dichas convocatorias, sino que, además, cuando las autoridades pertinentes crean un dispositivo disuasorio para evitar la invasión de la Cámara, tan democráticos sujetos se permiten el lujo de saltarse las barreras de seguridad, insultar a los antidisturbios, agredirles con palos, piedras y otros objetos contundentes, obligando a las fuerzas de orden público (únicas con legitimidad democrática para usar la fuerza) a imponer el orden y la obediencia con métodos más o menos expeditivos para evitar males mayores. ¿Dónde se centra el debate posterior? En la actuación de la policía y no en la gravedad de los hechos que la han provocado. Así, quienes en el fondo plantean un golpe de estado civil aparecen como víctimas de una represión dictatorial. Los excesos de algunos asaltantes se convierten en anecdóticos (“siempre hay minorías violentas”) y los de algunos policías, en categóricos (“vuelven los grises”). Es obvio que lo deseable para los manifestantes y algunos tertulianos es que las fuerzas de orden público presentes (tan indignadas por los recortes como el resto de funcionarios) se pasasen a su lado. Así, el golpe casi hubiese tenido éxito.

             En cualquiera de ellos (centralista, federal, o confederal; de las autonomías, no, pues somos el único), si la máxima autoridad del Estado (en este caso el Sr. Mas) en una de sus instituciones territoriales ejerciese competencias que no le corresponden e ilegalmente las propusiese y mantuviese por encima de la autoridad competente según su legalidad democrática, éstas serían anuladas de inmediato, obligándole a rectificar su totalitario proceder o a una desautorización inmediata y, además, se enfrentaría al repudio contundente de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Aquí simplemente se le recuerda por parte de la instancia superior (como si el sujeto no lo supiera) que su actuación no se ajusta a la legalidad vigente y que existen mecanismos para impedir que se lleve a cabo. ¿En qué se centra el debate posterior? En que no es el momento de plantear dicha ilegalidad pues lo prioritario es resolver la crisis, en que su pretensión (en este caso independentista) tiene o no viabilidad económica, en que hay que buscar fórmulas para desatascar el desencuentro… Todo, menos dejar bien claro que fuera de la Constitución no hay salida y sólo la voluntad mayoritaria del pueblo español, la soberanía popular, es quien tiene la última palabra y ésta reside en las Cortes Generales. Así de claro y contundente. Por el contrario, quienes agreden por desacato institucional aparecen como víctimas, mientras que los agresores son los que defienden el entramado institucional del estado con escrupuloso respeto. El desmantelamiento estatal está servido.

            En cualquiera de ellos, si los máximos responsables de administrar los fondos públicos (en este caso Chaves, Griñán y Magdalena Álvarez) de una institución estatal (en este caso de la Junta de Andalucía), ante la malversación de más de mil millones de euros, manifiestan en una comisión parlamentaria de investigación, que no sabían “nada de nada” y que se enteraron “por la prensa”, serían desautorizados por incompetentes o mentirosos e inhabilitados para ejercer cualquier responsabilidad política en el futuro, al margen de las posibles responsabilidades penales en que hubiesen incurrido. Aquí se les mantiene en activo ejerciendo altas responsabilidades políticas y partidarias. ¿En qué se centra el debate posterior? Como hay tantos temas de actualidad concurrentes, en algún comentario más o menos jocoso, para zanjarlo con el ya categórico “Y tú, más”, al fin y al cabo, ¿qué rebaño carece de ovejas negras?

            Que España es diferente, no hay duda. Y así nos va.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

SINRAZONES INDEPENDENTISTAS

            Cada uno de los estados que conforman la vieja Europa es el resultado de procesos históricos complejos, traumáticos y conflictivos, pues siempre alteran el “statu quo” establecido, afectando no sólo a la entidad territorial-gubernamental de origen, sino también al entorno geopolítico, por lo que, en definitiva, se convierten en un problema internacional. Quienes venden la idea de que para independizar un territorio pacíficamente basta conseguir el refrendo mayoritario de sus habitantes, mienten descaradamente. Máxime si dicho territorio forma parte de un estado situado en un área geopolítica consolidada como es Europa –en especial Europa Occidental- cuna de viejas civilizaciones y pionera del “estado moderno” (s. XV-XVI con monarquías autoritarias) y del “estado nacional” (s. XVII-XVIII con soberanía nacional), bases sólidas del actual mapa político europeo –y de otros territorios que conforman la “civilización occidental”- consolidado tras las turbulencias bélicas del XIX y XX para finiquitar los últimos vestigios del feudalismo medieval y los intentos de sustituirlos por regímenes totalitarios. Un largo proceso histórico de cinco siglos que, especialmente en Europa, ha costado sangre, sudor y lágrimas.

            Desde que con métodos al uso (guerra, alianza matrimonial o herencia) se crean los primeros “estados modernos” -España es pionera junto a Francia e Inglaterra-, unificando el territorio del neófito estado para ejercer en él la autoridad regia frente a la anterior fragmentación territorial feudal, hasta su evolución a “estados nacionales”, cada uno de ellos y los que surgen posteriormente, van adquiriendo modelos diferentes por su estructura (centralismo, federalismo, confederación, autonomismo) y por su integración territorial (nacionalidad, plurinacionalidad), poniendo de relieve que el territorio no es un elemento indispensable para la nación, pero sí para el estado que tiene el poder de dictar leyes, hacerlas cumplir y sancionar a los incumplidores para garantizar y organizar la convivencia de su población, hoy ciudadanos. Considerar que cada nación (sentimiento de unidad étnica o cultural entre los que comparten la misma lengua, tradiciones, costumbres, creencias y valores) tiene el derecho natural de formar un estado es contradecir la propia Historia y la realidad, pues hay naciones multiétnicas, con diferentes cultos y creencias, integradas en varios estados y, algunas, sin territorio propio. Apelar a este supuesto derecho, provocaría una revolución sin precedentes en el actual mapa político europeo y mundial. Cuestión distinta es que cada nacionalidad, dentro del estado en que esté integrada, tenga derecho legítimo a mantener sus peculiares diferencias con el resto de sus conciudadanos. Así sucede hoy en España.

             La integración territorial de España es un hecho indiscutible, como en el resto de estados europeos, especialmente de aquellos, como es el caso, que la han consolidado hace siglos y así se les reconoce en todos los foros internacionales por razones de estabilidad. Incluso España, a diferencia de otros vecinos, no se ha visto favorecida, sino al contrario, por ninguna anexión territorial desde su configuración como “estado moderno” en el s. XVI. Que además el secesionismo se pretenda desde Cataluña carece incluso de cualquier legitimidad de origen pues dicho territorio ni siquiera fue incorporado al Estado Español por métodos violentos –tan legítimos como otros al final del Medievo- sino por la decisión soberana de su propio monarca, Fernando de Aragón, pactando una alianza matrimonial con la infanta castellana Isabel e impidiendo mediante la guerra la unión de Castilla y Portugal por matrimonio de Juana la Beltraneja, sobrina de Isabel y legítima heredera, con el portugués Alfonso V. Siglos atrás, el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, había hecho lo propio con el Reino de Aragón, origen de la Corona Aragonesa. Cataluña es por lo tanto protagonista voluntaria de la creación del Estado Español, junto al resto de territorios que lo integran. Buscar similitudes con Puerto Rico, Kosovo o algún proceso descolonizador para justificar el independentismo catalán es dar un carpetazo ignominioso a la propia historia de Cataluña y a la de dichos estados. Hacerlo por impedimentos al desarrollo de su identidad en el momento de mayor libertad descentralizadora de toda la Historia de España es situarse en el más cínico irrealismo.

            Que el señor Mas, máximo representante del Estado Español en Cataluña, diga que va a convocar un referendo soberanista con autorización o no del Gobierno, además de una flagrante ilegalidad, es un atentado a la democracia y una agresión al estado de derecho, vigente en toda Europa Occidental, que sólo conduce a la violencia institucional y a la inestabilidad política, no sólo en España sino también en Europa. Un peligroso precedente hacia la nada que cualquier otro estado europeo, incluidos los de más reciente creación, zanjaría de forma contundente. Sus respectivos gobiernos y partidos de oposición tienen bien claro los límites permisibles. Los nuestros, ni el actual ni los anteriores, han aprendido todavía que hay asuntos de estado con los que no se puede jugar. El precio a pagar es demasiado caro, nada más y nada menos, que la estabilidad política europea, cuando precisamente, planifica su futuro integrador en un mundo globalizado con cesiones de soberanía de los estados consolidados y no, como en otras épocas, creando nuevos estados soberanos.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

CATALUNYA, ¿NUEVO ESTADO DE EUROPA?

            Sin entrar en la guerra de cifras, se preveía una Diada multitudinaria e histórica. Y así ha sido. El pueblo español, incluido el catalán, tiene suficientes motivos para salir a la calle manifestando su malestar por el precio que está pagando por la crisis, mientras que los gobernantes, que la han provocado, saben que, en tales circunstancias, es fácil eludir sus responsabilidades desviando la atención con nuevos objetivos utópicos que les permitan ocultar el fracaso de su gestión. El nacionalismo insaciable ya está agotado -¿qué más competencias puede exigirle al Estado?- y su catastrófica gestión es evidente –ruina económica a cambio de esplendor identitario y boato-, por lo que sólo le queda la opción del independentismo para que los dannificados por su caduco proyecto tengan nuevas esperanzas en un nuevo maná prometido y mantengan su apoyo a los creadores de semejante infierno, convertidos ahora en profetas de nuevos paraísos probablemente perdidos. Así, los nacionalistas de CiU y gran parte del PSC-PSOE –únicos responsables de toda la gestión autonómica catalana desde su creación, incluido el tripartito- se quitan la careta poniéndose al frente de una manifestación bajo el slogan “Calalunya, nuevo estado de Europa”, que convierten en exitosa, sin que ninguno de sus votantes les haya autorizado jamás con sus votos en ninguna de las elecciones celebradas, incluida la última, que, como siempre, redujo la opción independentista a una minoría repartida entre ERC, ICV, EUiA y SI, que, al menos, mantienen la coherencia con sus minoritarios votantes. Esta deriva de CiU y PSC-PSOE es la que convierte en multitudinaria e histórica la celebración de esta Diada independentista, pues, siendo formaciones políticas con grandes responsabilidades en la construcción del actual Estado Español, por vez primera enseñan su verdadero rostro optando sin tapujos por la aventura independentista, haciéndolo además en el momento más crítico y vulnerable, con una España casi arruinada en la que Cataluña, con un rating de solvencia de “bono basura”, acaba de solicitar un rescate de más de 5.000 millones de euros, urgiendo un adelanto para poder pagar las próximas nóminas de la administración autonómica. Siendo bastante benevolente, esta deriva antidemocrática supone una grave y peligrosa irresponsabilidad, preñada de deslealtades, incoherencias y falsedades.

            Pero, si en 1977, al iniciarse los primeros trabajos de la Ponencia redactora del anteproyecto de Constitución, los partidos integrantes contaban, sólo en el ámbito catalán, con más del 90% de los votos emitidos en las elecciones constituyentes; si entre los siete ponentes, llamados después “padres de la Constitución”, figuraba incluso el Sr. Roca representando a CiU; y, si una amplia mayoría del pueblo español, incluido el catalán, refrendó dicha Constitución, es incuestionable la activa participación de los catalanes, incluidos los nacionalistas, en la formación de nuestro actual Estado que, por decisión libre de los españoles, incluidos los catalanes, establece la soberanía en el pueblo español y no en ninguno de los que conforman España, quienes carecen de legitimidad democrática para decidir unilateralmente independizarse. Decir que Cataluña es agredida por el Estado Español, en cuya creación han participado tan activamente los catalanes, es, como mínimo, una indecencia; equiparar España y Catalunya en plano de igualdad es una falsedad, pues Cataluña, además de por razones históricas remotas, en la actualidad, forma parte de España, del Estado Español, por decisión libre de los propios catalanes y del resto de españoles, y jamás son comparables las partes con el todo. No hay problemas reales entre España y Cataluña pues los problemas catalanes son inevitablemente españoles. Pero, si CiU ha sido capaz de hacer creer a sus votantes que  a inicios del XVIII la Guerra de Sucesión al trono español –del que Cataluña ya formaba parte por decisión propia, dentro de la Corona de Aragón desde hacía más de doscientos años- era una guerra de ocupación para crear el falso victimismo que origina su ideología, ahora, trescientos años después de aquella fecha y saturado su proyecto nacionalista, no extraña que pretenda sobrevivir otros tantos años más pasándose a posturas independentistas siempre minoritarias. Que haga lo propio el PSC-PSOE es incluso más preocupante pues la Historia avala las terribles consecuencias de proyectos que fusionan la ideología nacionalista y socialista.

            Así, ante tanta irracionalidad y tanta mentira, es difícil hacer entender no sólo la inviabilidad del proyecto independentista unilateral en un marco democrático, pacífico y libre, sino también las consecuencias que, en caso de lograrlo, se derivarían. Tan difícil como hacer entender que España no es culpable de que el Sr. Mas prefiera cerrar hospitales antes que cerrar innecesarias embajadas y televisiones. Es prioritario seguir fomentando la identidad a sanar a los identificados. Los nacionalistas jamás son culpables de nada, siempre hay culpables ajenos. Aún recuerdo como Franco y su nacionalcatolicismo culpaba a toda la Europa democrática y al mundo mundial de todos nuestros males. ¿A quiénes culparían los nacionalistas catalanes con una hipotética independencia? Tengo en la retina la imagen de la quema de banderas de España, Francia y la UE durante la celebración de la Diada. De momento, según los nacionalindependentistas catalanes, sólo sabemos quiénes son los culpables de la situación deplorable que sufre Cataluña actualmente. Ellos, desde luego, no.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

RESCATES A LA CARTA

            Al margen de eufemismos sobre la caótica realidad española y sus responsables, nadie duda ya que nuestra economía y nuestras finanzas están bajo mínimos, pues somos incapaces, no sólo de afrontar los compromisos de pago con nuestros acreedores, sino también de atender los gastos corrientes, es decir, los destinados a contratar recursos humanos y comprar bienes y servicios necesarios para desarrollar las funciones administrativas. Estamos en la ruina, es decir, en quiebra o bancarrota. Carecemos de capacidad para conseguir en los mercados una financiación adecuada para afrontar el futuro con cierto optimismo y evitar una suspensión de pagos que sería aún peor. Ya no es posible ocultar nuestra insolvencia; la realidad eclipsa cualquier estrategia de camuflaje, al extremo de que, al margen del variopinto paisaje político que gobierna nuestra variopinta estructura estatal, ni España, ni CCAA, ni corporaciones locales, niegan ya la urgencia de ser rescatadas, ayudadas o intervenidas. El nombre es lo de menos.

            Por eso, al margen de que los acreedores sean los más interesados en que se produzca el rescate para asegurarse el cobro y de que, entretanto, los especuladores magnifiquen intencionadamente nuestra insolvencia para conseguir pingües beneficios, casi todos los dirigentes políticos con responsabilidades gubernamentales en cualquier instancia son incapaces de aportar soluciones viables y creíbles sin el recurso a un rescate por parte de las instancias competentes. Sin embargo, ante esta incuestionable realidad, ninguno de ellos -desde Rajoy a Mas o Griñán, así como los demás presidentes autonómicos o alcaldes no afines políticamente al Gobierno- expone con claridad la ineludible necesidad del rescate y sus consecuencias. Instalados en la demagogia electoral que les caracteriza, prefieren buscar culpables ajenos eludiendo sus propias responsabilidades y, en todo caso, disfrazan la realidad con matices semánticos adjetivando el obligado rescate (parcial, suave…) o sustituyéndolo por sinónimos menos impactantes (ayuda, adelanto…). Se trata, en definitiva, de ocultar a la ciudadanía las inevitables condiciones que, en cualquier caso, conlleva ser rescatados, como si el común de los mortales no supiera que nadie da nada sin las contrapartidas correspondientes para satisfacer los intereses en juego desde un plano desigual a favor del rescatador. La sabiduría popular, ya que hablamos de dinero, lo sintetiza en “quien paga, manda”. Pero esta orgía demagógica pretende vendernos, como si fuéramos idiotas, una especie de “rescates a la carta” que, insólitamente, consisten en que el prestatario impone sus condiciones al prestamista o le exige que no le imponga ninguna, sustituyendo el sabio dicho popular por “quien paga, obedece”. Un pintoresco planteamiento por el que Rajoy, mientras decide solicitar el inevitable rescate, exigirá al BCE y al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, como pretende Rubalcaba, la exención de condiciones que supongan mayores sacrificios a los españoles, al igual que Mas o Griñán hacen lo propio con el Fondo de Liquidez Autonómico. Si Homs, el portavoz catalán, tras solicitar el rescate, anuncia que Cataluña “no aceptaría condiciones políticas” y Susana Díaz, consejera andaluza, tras exigir un anticipo antes de acogerse al FLA, dice que dicho fondo no puede estar condicionado a “limitar las competencias autonómicas”, Rajoy, obligado como ellos al rescate, debe hacer lo propio. Los rescatadores, obligados a obedecer, nos servirán en bandeja estos “rescates a la carta” y todo solucionado. Si no lo hacen, ellos serán los responsables de nuestro oscuro futuro. ¿Se imaginan estos planteamientos en el mundo privado? Las empresas, familias e individuos resolverían sus necesidades financieras con “préstamos bancarios a la carta” sin condiciones. Pero, desgraciadamente, las cosas no funcionan así, aunque, ya ven, nuestros políticos así nos lo pretendan vender.

            Salir de la demagogia y afrontar la realidad requiere explicar que nadie pone condiciones políticas o competenciales “per se”, sino condiciones económicas que garanticen el pago con un plan de viabilidad que, obviamente, condiciona la actuación política y competencial, sometida a supervisión. Si quieres lo tomas y si no lo dejas. Cada gobierno rescatado debe cumplir los objetivos de déficit marcados, elaborando presupuestos equilibrados a través del incremento de ingresos y reducción de gastos. Esas son las condiciones. Si no se cumplen, el respectivo supervisor tomará las medidas pertinentes, incluidas las competenciales. Cuestión distinta es cómo reduzca el gasto e incremente el ingreso cada uno de ellos. Ese es el debate político y la responsabilidad de cada gobierno en su respectiva demarcación territorial y competencial. Quien prefiera recortar gastos en servicios esenciales (hospitales, colegios…) en vez de gastos prescindibles (televisiones, embajadas…) para mantener intereses clientelares y no generales, es el único responsable. Nadie le exige hacerlo así. Quien niegue la necesidad de un rescate o exija que sea a la carta, debe presentar una alternativa viable, cuantificable y creíble que garantice como mínimo el dinero necesario para pagar las nóminas del próximo mes. Si además asegura el resto de gastos comprometidos, comenzará a ganarse un mínimo de credibilidad. Hace tiempo que perdimos la máquina de fabricar billetes y los “rescates a la carta” no existen.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

CADENA PERPETUA

            La presunta atrocidad cometida por Bretón con sus propios hijos reabre, una vez más, el debate social sobre la necesidad o no de incluir en nuestro Código Penal la “cadena perpetua” como máxima condena por delitos monstruosos. Pero, como en anteriores ocasiones, el debate queda eclipsado por el antagonismo extremo entre posiciones ideológicas que sólo pretende sacar ventaja partidaria y evitar el desapego de sus votantes más extremistas. Un debate prostituido, como tantos otros, por un maniqueísmo absurdo (los partidarios son conservadores y de derechas; los detractores son progresistas y de izquierdas) que no comparte la ciudadanía, pues, según las encuestas, el 73% de los ciudadanos es partidario de aplicarla para delitos especialmente graves, como es el caso; el 61% considera que el objetivo prioritario de la pena de cárcel debe ser el castigo de los delincuentes y el 32% que ha de ser la reeducación y la reinserción social; mientras que el 67% considera que las penas en España son menos duras que las de otros países de nuestro entorno. Este divorcio, uno más, entre gobernantes y gobernados, requiere aproximarse al problema con serenidad y, en todo caso, conocer en qué consiste y cómo lo tratan los países de nuestro entorno.

             Tradicionalmente la “cadena perpetua” es una condena a permanecer en la cárcel durante el resto de la vida del reo, lo que evita toda posibilidad de reinserción social o reeducación. Pero hoy, tanto el concepto como su finalidad, están superados, pues ni los reos llevan cadenas como antaño, ni se universaliza la perpetuidad. Por ello hay que hablar de “presidio perpetuo revisable”, aunque popularmente se conserve la carga peyorativa del término y en determinados casos, que los hay, no sea posible aplicar la revisión al no conseguirse la reinserción del reo. Tan inhumano es impedir “in eternis” la posibilidad de reinsertar al condenado, como garantizarle una libertad futura tras una condena máxima, por dura que sea, sabiendo que, liberado, seguirá en disposición de cometer delitos tan abominables como los que le llevaron a prisión. Así lo entiende la mayoría de países democráticos desarrollados, aunque, lamentablemente, algunos sigan conservando la atrocidad de la pena de muerte; pero muy pocos han ido en sentido contrario garantizando una futura libertad en todos y cada uno de los casos.

            Entre los países de la Unión Europea sólo Portugal y España han abolido la “cadena perpetua”, optando por un límite máximo de prisión elevado, 25 y 30-40 años respectivamente, que, en todos los casos, garantiza una libertad futura tras el cumplimiento de la pena. El resto de países mantiene en sus legislaciones la “cadena perpetua revisable”, aunque los plazos para acceder a la concesión de la libertad vigilada sean muy distintos de unos países a otros, desde los 7 años de Irlanda a los 25 del Reino Unido. Una filosofía diferente que, al margen de los plazos para iniciar la revisión de la pena, posibilita la reinserción social y garantiza que, si esta no es posible, la sociedad no se vea amenazada por monstruos que, una vez en libertad, se tiene la certeza de que van a seguir cometiendo atrocidades. La experiencia en dichos países demuestra que es difícil que un condenado pase toda su vida en prisión, pero, al mismo tiempo, en todos ellos hay algún que otro caso en que ha sido así cuando se considera que el condenado es un peligro para la sociedad. Por tanto, la aplicación de “cadena perpetua revisable” como pena excepcional para supuestos muy restringidos que causen una importante alarma social no es insólito o inhumano, sino algo común en los países civilizados de nuestro entorno. Defender nuestro Código Penal, como hace el exministro Caamaño, “por ser de los más duros que existen en Europa, con penas que en los delitos de terrorismo alcanzan hasta los 40 años de cárcel” es una falsedad ya que en Europa, salvo Portugal, se aplica una pena más dura como es la “cadena perpetua”. Si tenemos en cuenta que, ni en España ni en Europa, se generaliza el cumplimiento total de las penas a causa de los beneficios penitenciarios o de la revisión de las mismas, concluiremos que hay un mayor equilibrio entre el objetivo de reinserción y el de castigo de los delincuentes en el modelo europeo, así como una mayor garantía para la seguridad de los ciudadanos.

            Si, a diferencia de otras sociedades europeas, la sociedad española está disconforme al respecto con su Código Penal, es obvio que el debate debe quedar despojado de connotaciones semánticas o ideológicas. “Cadena perpetua” o “prisión perpetua revisable” nada tiene que ver con derechas o izquierdas, con fachas o rojos, se trata de una figura penal, generalizada en Europa, para conseguir una mayor eficacia de la administración de justicia adaptando el servicio público a las necesidades de la ciudadanía.  De eso se trata.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena