Finalizó por fin el estado
de alarma, pero no el coronavirus, que sigue haciendo estragos diariamente. Y
finalizó el estado de alarma sin que el Gobierno, en contra de lo que prometió
en su día, haya diseñado una cobertura legal apropiada para que las distintas
CCAA puedan adoptar las medidas restrictivas necesarias para afrontar la
pandemia con cierta eficacia, dejando en los jueces las decisiones que cada
gobierno autónomo decida a su buen entender. ¿Tanto costaba elaborar una
normativa y consensuarla en el Congreso de los Diputados en vez de dictar un
decreto que a la postre deja en manos del Tribunal Supremo revisar las
restricciones que cada autonomía adopte o pretenda adoptar? En fin,
incomprensible. No en vano el Supremo critica dicho decreto del Ejecutivo, que
deja en sus manos las restricciones por el covid, y en un informe ve “problemas
de constitucionalidad” y cuestiona que se sitúe a los tribunales como “copartícipes”
de decisiones políticas que no les corresponde pues los jueces están
simplemente para dictaminar si las decisiones tomadas se ajustan a la ley o no
(lo que falta es esa ley). Y en esta situación, como no podía ser de otra
forma, nada más finiquitado el estado de alarma ya aparecen decisiones
judiciales dispares, pues, mientras los jueces niegan el toque de queda en
Euskadi lo avalan en Valencia o Baleares. Así, ante la desidia de Sánchez, se
avecina el caos normativo con las CCAA divididas entre el cerrojazo y la
libertad en ausencia de un paraguas legal común que ampare sus decisiones,
mientras once provincias españolas están aún en máximo riesgo ante el fin de
las restricciones, con lo que cada autonomía y cada tribunal de justicia
autonómico regula a su buen entender su propio escenario con el riesgo de
conformar un caótico mapa de restricciones y libertades a lo largo y ancho de
todo el territorio español con diecisiete supuestos diferentes para hacer
frente a la pandemia. España sale pues del estado de alarma con euforia, pero
también con dudas e inquietud, esperanzada en que durante los próximos meses se
marque el declive de la pandemia gracias a la vacunación pero en medio de
incertidumbres jurídicas y con riesgos de rebrotes que, de ser alarmantes,
pueden propiciar consecuencias políticas de envergadura para los responsables
de semejante desaguisado. De momento, los españoles ya pueden moverse por todo
el país con restricciones puntuales, aunque nueve millones de ellos sigan con
toques de queda y el resto no, con lo que, al extinguirse el mismo las grandes
ciudades se llenan de gente nada más extinguirse dicho toque de queda en las
mismas. Y mientras las CCAA disponen de miles de vacunas de AstraZeneca
almacenadas y sin utilizar, exigiendo al Gobierno que les permita utilizarlas
en menores de 60 años previo consentimiento, una pésima noticia: Reino Unido
deja a España fuera de la lista de países seguros para viajar en vísperas de un
verano sobre el que se vislumbran todavía oscuros nubarrones para el sector
turístico, uno de los pilares económicos de nuestra economía. Así las cosas,
las fiestas sin control alguno avivan el miedo a más contagios, en tanto que
los expertos avisan del riesgo de que el fin del confinamiento nocturno lleve a
relajar las precauciones en bares, lugares de ocio y reuniones en las calles o
domicilios privados, pues alarma ver como este caótico fin del estado de alarma
saca a las calles a una multitud irresponsable, mientras la falta de armas
legales deja a las CCAA maniatadas para frenar semejante descontrol en plena
pandemia todavía. Y mientras Canarias recurre al Supremo su toque de queda en
busca de respaldo, la dejación del Gobierno y la disparidad de los TSJ
autonómicos tras el fin del estado de alarma conducen inevitablemente al caos,
al extremo de que parece ser que, por fin, el Gobierno se abre a cambiar la ley
para suplir el estado de alarma, algo que ya debiera haber hecho tal como
prometió en su día.
Un Gobierno negligente en la gestión
de la pandemia pero bastante diligente en la recaudación y subida de impuestos
para evitar reducir gastos. En efecto, cuando España es el país que, tras la
crisis, tendrá el déficit crónico más alto de la zona euro, el Gobierno de
Sánchez no se replantea ni un instante reducir los gastos públicos y sólo se
dispone a subir más los impuestos para recaudar más; en definitiva, una subida
masiva de impuestos sin bajar el gasto público. Al efecto, envía a Bruselas una
subida fiscal que golpeará a las clases medias y bajas para elevar los ingresos
públicos con hachazos fiscales al diésel, billetes de avión, gases fluorados,
plásticos o residuos, eliminación de beneficios fiscales de los planes de
pensiones, aplicación de la tasa Google y Tobin, imposición de peajes en todas
las autovías (y en el futuro en el resto de carreteras), incremento de
cotizaciones sociales a los sueldos de más de 49.000 euros, revisión de los
impuestos de matriculación y circulación, armonización del impuesto del
patrimonio y aplicación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades….son
algunas de las medidas enviadas a Bruselas, para, al final, conseguir 80.000
millones de euros más en recaudación y, entre otras cosas, seguir manteniendo
macro-gobiernos, como el actual de coalición, desbordados de asesores, y gastos
públicos excesivos. No en vano, los peajes del Gobierno para las autovías ya
alarman a los transportistas, que consideran que “encarecerán los alimentos”, y
abren un cisma en el propio PSOE y en el Ejecutivo, pues Podemos, socio de
Sánchez, censura la medida a pesar de que figura en el Plan de recuperación
enviado a Bruselas.
Todo ello coincide con el vuelco
electoral en España que, según los sondeos, ha propiciado el éxito de Ayuso en
Madrid hundiendo a Sánchez, quien, según Casado, “ya es un pato cojo, no se
fían de él ni en Europa, ni sus socios ni sus barones” y por tanto “hay un
cambio de ciclo imparable; el tiempo de Sánchez se ha acabado con la
reunificación del centro-derecha”. Seguramente, excesivo optimismo del líder
del PP que, no obstante y de alguna forma, avalan las encuestas tras el
descalabro del PSOE en Madrid, ya que, tanto SigmaDos como NCReport, auguran un
sorpasso del PP al PSOE a nivel nacional. Según SigmaDos el 4-M catapulta a
Casado y lo pone por delante de Sánchez por primera vez en tres años, ya que
los populares superarían el 30% de votos absorbiendo los de Ciudadanos y
arrebatando medio millón de electores del PSOE desencantados; los resultados
serían: PP el 30´2% de votos, PSOE 25´7%, Vox 15´2% y UPodemos 13%. Y, según NCReport, también Casado da el
sorpasso a Sánchez y podría gobernar, pues el “efecto Ayuso” daría la victoria
al PP que podría sumar mayoría absoluta con el bloque de centro-derecha en la
horquilla más alta, mientras en la izquierda Más País se consolida como única
fuerza que crecería en votos y escaños ante el fuerte retroceso de Podemos y
PSOE; los resultados serían: PP 26´9% de votos y entre 109-111 escaños, PSOE
26´1% y 106-108, Vox 17´1% y 59-61, UPodemos 9´9% y 23-25, ERC 3´4% y 13, JxCat
2´3% y 8, PNV 1´5% y 6, Más País 3´7% y 5-7, EHBildu 1´3% y 5, Ciudadanos 2´8%
y 1-2, y Otros 3´5% y 10.
Vuelco electoral o no, lo cierto es
que el 4-M, de momento, ha abierto la batalla por el poder en el PSOE de Madrid
y de Andalucía. En Madrid, Gabilondo y Franco dimiten (o son “dimitidos”) de
sus cargos y en Andalucía Susana Díaz irá a primarias, mientras Sánchez
comunica al partido que descarta un adelanto electoral. Y es que Sánchez admite
su fracaso en Madrid pero no variará un ápice el rumbo del Gobierno de
coalición que le ha llevado hasta aquí; en definitiva, el PSOE reconoce el
naufragio de su “proyecto político” en Madrid (es Ferraz quien diseñó la
estrategia, la campaña y la candidatura en los comicios autonómicos
madrileños), mientras Gabilondo renuncia a ser diputado y Franco a seguir
liderando el partido en la región, convirtiéndose en chivos expiatorios de un
fracaso del que no son los responsables. Pero Sánchez, con tal de quitarse el
muerto de encima, busca más culpables e inicia un expediente de expulsión del
partido a dos históricos del socialismo, Redondo Terreros y Leguina, quien
afirma que “Moncloa ha utilizado a Gabilondo como a una marioneta”, “yo soy un
socialdemócrata, no he votado a Díaz Ayuso”, “el Gobierno estaba detrás de una
moción de censura para Madrid, eso no es decente, caray”, “Pedro Sánchez ha
mentido y esas cosas se pagan” y, sobre el expediente de expulsión, añade “me
enteré por la prensa”, convencido de que si le echan del partido ya volverá
cuando se vaya Sánchez, quien, según otro histórico socialista, Tomás Gómez,
“deja como patrimonio purgar a los buenos socialistas”. Por otro lado Susana
Díaz anuncia que en Andalucía se enfrentará al candidato de Sánchez en las
primarias, lo que amenaza con reabrir las heridas entre ambos dirigentes;
Susana simplemente pide juego limpio al Secretario General, aferrándose a la
derrota de Sánchez para resistir por lo que se presentará a las primarias
andaluzas pese a los intentos de que “se quite de en medio”.
Pero no sólo bajan las aguas turbias
en el PSOE, pues en los demás partidos perdedores de las elecciones madrileñas
también cuecen habas. En Ciudadanos, que tira de diez millones ahorrados para
compensar las pérdidas y salvar la sede, la desbandada fortalece al PP frente a
la izquierda, cuando a la sangría de abandonos se suma la marcha de cuatro
diputados de las Cortes Valencianas y de la exconsejera madrileña, Marta
Rivera, que apunta como nueva consejera del futuro gobierno de Ayuso. Y en
Podemos se desata la guerra por la sucesión de Iglesias, cuyos partidarios “se
quieren perpetuar en el poder” y preparan un Vistalegre exprés para que sea
Belarra la sucesora y que tutele a Yolanda Díaz, quien anunciará su candidatura
a liderar Unidas Podemos en cuanto se convoque el cónclave; una guerra interna
revelada en un audio de la número tres de Podemos el 4-M, Vanesa Lillo, quien
arremete contra la estrategia de Iglesias en la campaña y desata el pulso en la
coalición con la expresa acusación de “sois unas ratas”.
Por lo que respecta a otros asuntos
cabe citar que Pérez de los Cobos pide la restitución inmediata en su puesto;
que la banca podrá ampliar las moratorias de los créditos avalados por el ICO;
que el PNV controla ya los privilegios de cuarenta etarras; que Zapatero vuelve
a Venezuela para ayudar a Maduro en su acercamiento a Joe Biden; que
Anticorrupción pide nueve años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para su
primogénito, solicitando Fiscalía en total 92 años para toda la Familia de los
Pujol; que fallece a los 94 años de edad el poeta Caballero Bonald, uno de los
últimos supervivientes de la generación de los 50; y que ERC anuncia que
gobernará sola pero carece de apoyos pues Junts endurece las condiciones para
investir a Aragonés mientras el veto de ERC a los de Puigdemont da alas a una
repetición electoral cuando los partidos tienen de plazo para negociar hasta el
día 26.
Y del exterior, destacar que el
conflicto social se enquista en Colombia pues lo que comenzó siendo una
protesta contra la reforma fiscal, que ha sido ya retirada, se ha convertido en
una movilización contra la violencia de la policía; que los líderes de la UE
chocan en Oporto por las patentes, que Bruselas, arrastrada por Biden, apoya
liberalizar, con el respaldo de Francia, Italia y España, pero con la oposición
de Alemania; que Londres y París envían barcos militares a la isla de Jersey
por una disputa pesquera desatada en el Canal de la Mancha entre Reino Unido y
Francia; y que la victoria electoral de los separatistas escoceses dispara la
tensión entre Escocia y Westminster en tanto que Nicola Sturgeon pide a Boris
Johnson que “no se interponga” en el camino hacia otro referéndum.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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