VENGANZAS O REVANCHAS

 

                    Vaya por delante, para que nadie se lleve a engaño, que la concesión de indultos, totales o parciales, es una potestad exclusiva del Gobierno, discrecional pero no arbitraria, que, a juicio del Ejecutivo, se otorga a los presos en caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública que deberá valorar el Consejo de Ministros y, en caso de indulto total, requiere el preceptivo informe favorable del Tribunal sentenciador, no vinculante para el indulto parcial, por lo que el Gobierno de Sánchez, como han hecho los gobierno precedentes de cualquier signo político, es libre para, como pretende, conceder el indulto a los presos del “procés” o a los que considere oportuno. Es su prerrogativa y, por tanto, se ajusta a la legalidad como no podría ser de otra forma, tratándose al fin de una decisión política, más que jurídica, que, no obstante, tiene sus consecuencias como las tiene cualquier decisión política de cualquier gobernante en cualquier decisión importante que tome. Sánchez, por lo tanto, está en su perfecto derecho y es totalmente libre para indultar o no a los presos del “procés” condenados por el Supremo (e incluso elegir el momento más oportuno de hacerlo) siempre que su decisión sea razonada y sin menoscabo de las decisiones, en caso de recurso, que pudiese tomar el Supremo a quien obviamente no se le puede corregir su sentencia firme ya que supondría una clara intromisión por parte del Ejecutivo en la obligada separación de poderes, que queda fuera de la legal y excepcional medida de gracia. Pero, dicho lo anterior, lo que no debe ni puede hacer el Gobierno y su Presidente, como está haciendo, es defender los indultos como respuesta a “venganzas o revanchas” como si cumplir íntegramente las penas dictadas por los tribunales (en este caso por el Supremo) no fuera impartir justicia, cuando él mismo, hace apenas dos años, cuando estaba necesitado de conseguir votos de todos los españoles, defendía a bombo y platillo el “cumplimiento íntegro” de la condena de los políticos secesionistas, dictada por un Tribunal con todas las garantías procesales, y ahora, una vez lograda su investidura gracias a ERC, cambia su discurso, como ya es lo habitual en él. En efecto, en 2019 garantizó a “la sociedad catalana y al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se va a cumplir en su totalidad” pues “nadie está por encima de la ley” asegurando que el indulto no estaba “encima de la mesa”; y ahora, necesitado de apoyos de los secesionistas para mantenerse en el poder, da un giro copernicano y sin rubor alguno intenta vender los indultos como la panacea para Cataluña y el resto de España, diciendo demagógicamente que oponerse a ellos es ir “contra la concordia y el diálogo” y que no serviría para corregir errores, pues “la revancha no está en la Constitución”, movilizando así a sus socios para que le apoyen mientras que, desde la oposición, Casado le recuerda que “cumplir la ley no es venganza” y anuncia que recurrirá la decisión del Gobierno. Y mientras tanto, el Ministro de Justicia dice al respecto que los indultos “son instrumento previstos en la ley” y hay que verlos con “naturalidad”, en tanto que Aragonés, el flamante President de Catalunya y socio del Gobierno, aunque apuesta por una ilegal amnistía y no por los indultos legales, manifiesta que “no nos opondremos a cualquier propuesta que alivie el dolor de los presos” quienes, por cierto, ni están dispuestos a pedir individualmente su indulto ni se arrepienten de nada, sino, más bien, todo lo contrario, es decir, pretenden volver, desde la libertad, a repetir los hechos delictivos que les han llevado a prisión.

          Entretanto, para que la cuestión quede clara, el Tribunal Supremo emite su preceptivo informe, aunque no vinculante, y, al igual que Fiscalía, se opone a la concesión de los indultos, creyéndolos “inaceptables”. Un demoledor informe unánime que, en todo caso, obligará a que los presuntos indultos no sean totales, y que desenmascara a Sánchez denunciando el “autoindulto” del procés, ya que no caben razones de justicia, ni equidad, ni utilidad pública para concederlos, además de que no hay ni el menor indicio de arrepentimiento de los presos, que no admiten el delito cometido y hasta sostienen que lo volverían a cometer, por lo que Lesmes, el Presidente del TS, sugiere además que no existe esa “concordia” para justificar la medida de gracia. En efecto, el Supremo argumenta, entre otras cosas, lo siguiente: “esta Sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento”, “el mensaje transmitido por los condenados es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática”, “algunos de los que aspiran al derecho de gracia son líderes de los partidos que garantizan la estabilidad del Gobierno”…..avisando que la concesión de dichos indultos sería una “solución inaceptable”, advirtiendo de que indultar a quienes son sus socios viola la Constitución y señalando el camino para su anulación. Así, el TS echa por tierra los argumentos de Sánchez, añadiendo que las razones invocadas para respaldar la extinción de la pena pierden cualquier justificación “cuando presentan como presos políticos a quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir de forma unilateral el orden constitucional, a voltear el funcionamiento de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a la del resto de sus conciudadanos”. Más claro el agua, aunque, si quieres indultar, es tu derecho, pero todo induce a pensar que este cambio brusco de Sánchez sobre los indultos, se debe al particular interés de mantener la estabilidad de su Gobierno y mantenerse él en el poder, lo que, sin duda, le acarreará consecuencias políticas, por más que ahora diga que su decisión “la tomaría aunque tuviese 300 escaños” sin explicar por qué decía todo lo contrario cuando buscaba precisamente esa mayoría absoluta que los ciudadanos no le concedieron en las urnas. No en vano el PP califica la posible medida de gracia de “traición a los españoles”, mientras Moncloa redobla el desafío y advierte al Tribunal que “el Gobierno decide”, manteniendo su plan pese a la división en el PSOE sobre el asunto, y, por su parte, Felipe González, como otros muchos socialistas, declara “yo no haría el indulto” en tales condiciones.

          Por otro lado en Cataluña un desahucio provoca la primera crisis entre Aragonés y la CUP, pues el desalojo de un piso okupado por los mossos entra en conflicto con lo acordado entre CUP y ERC, otra que tal baila, para que estas fuerzas no participen en desalojos de personas vulnerables, por lo que los diputados anticapitalistas secesionistas protestan junto a los manifestantes que se oponen al desahucio y se enfrentan a los mossos enviados por el Govern, mientras esta crisis ERC-CUP por la Consellería de Interior abre la posibilidad del relevo de Trapero, un hombre de JxCat. Es la triste realidad de un Govern precario de coalición entre secesionistas de izquierda y de derechas, apoyado por CUP. mientras el PSC, con el que los socios de Sánchez no han querido gobernar y han preferido un Govern secesionista, domina las empresas estratégicas del Estado pues el socialismo catalán controla las firmas clave Aena, Hispasat y Renfe e intenta hacerse con la presidencia de Indra pese al rechazo de los consejeros, mientras los accionistas piden explicaciones por el “perfil político” y la “escasa cualificación técnica” de Murtra, el hombre de Sánchez e Illa para presidir la empresa y al que el Gobierno quiere imponer como sucesor de Abril-Martorell.

          La buena noticia es que por fin el Gobierno llega a un acuerdo “in extremis” para prorrogar los ERTE con los agentes sociales, patronal y sindicatos, después de una negociación de infarto llevada al límite en plena discrepancia entre el ministro Escrivá y la Vicepresidencia Díaz; en efecto, tras los plantones de Escrivá a empresarios y sindicatos, que rechazaban la rebaja de las ayudas a las empresas cerradas, el ministro, tras aparcar su propuesta de cotización para los autónomos, cede en su plan de exenciones y con ello se desbloquea la prórroga de los ERTE, claudicando así en su pulso con la Vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, mientras muchos se preguntan si era necesario, visto lo visto, mantener en vilo la incierta situación de miles y miles de trabajadores que siguen en los ERTE, prorrogados por fin hasta el 30 de septiembre.

          Por otro lado sigue coleando el feo asunto de Plus Ultra, que prevé perder otros 35 millones tras el oscuro rescate de 53 millones que le ha hecho el Gobierno sanchista, pues así figura en el plan de viabilidad aprobado por la Sepi antes de otorgarle los millones del rescate, según dice el eurodiputado Garicano, mientras Ábalos admite ahora que su ministerio sí hizo dos informes favorables al rescate en semejantes condiciones, recibiendo la empresa del Gobierno español el triple de la ayuda a la que podía optar, a pesar de que la auditora Deloitte alertó al Ejecutivo del riesgo fiscal de Plus Ultra antes de ser rescatada. En fin, de momento, misterios sin resolver.

          Y en pleno caos en las segundas dosis de las vacunas, mientras las CCAA aplican de forma dispar la recomendación de Sanidad de que se aplique Pfizer en vez de AstraZeneca, contra lo que propone la OMS, el Consejo de Estado prevé una riada de consultas sobre la covid, cuando se conoce que los vacunados y los curados de la covid pueden transmitir el coronavirus y se sabe que Sanidad cesó a 87 cargos durante los tres últimos meses de Illa al frente del ministerio.

          Entretanto, sobre la crisis con Marruecos, el Presidente Sánchez avisa a Rabat desde Bruselas de que “no tiene mejor ni mayor socio ante la UE”, mientras la Audiencia rechaza que lleve una pulsera de vigilancia el líder del Polisario, quien no acudirá a declarar y seguirá hospitalizado, en tanto que dos víctimas identifican a Ghali como el “torturador” en su denuncia en la Audiencia.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Madrid se plantea cerrar decenas de centros de salud y la Consejería reconoce la falta de recursos humanos; que llega el primer código para las universidades en democracia castigando la ley el plagio o las novatadas con hasta tres años de expulsión; que Ximo Puig se suma a las protestas de los regantes por los recortes en el trasvase Tajo-Segura, abriendo un frente con Moncloa al protestar con el PP a favor del trasvase y contra la limitación del agua que llega del Tajo; que el Villarreal es campeón de la Europa Liga tras empatar, 1-1, con el Manchester City, y después de marcar en 22 penaltis hasta fallar el suyo el portero De Gea; y que Hacienda desoyó al juez que pidió investigar al Rey emérito en 2020, mientras los técnicos de la Agencia Tributaria muestran su “sorpresa” y ponen en duda las regularizaciones.

          Y del exterior, destacar que Amazon desembarca en Hollywood con la compra de la Metro; que Bruselas pide a AstraZeneca más de 200 millones de indemnización; que la Justicia obliga Shell a reducir sus emisiones de CO2, pues un tribunal de Países Bajos dicta un fallo histórico contra el gigante petrolero; que Biden reclama a sus expertos que estudien las dos hipótesis sobre la procedencia del coronavirus, si de un animal o del laboratorio, quedando el laboratorio de Wuhan como “zona cero” de las sospechas; y que la UE sanciona a Bielorrusia por el “secuestro” del avión para capturar al periodista crítico con el régimen bielorruso y la aísla cerrando su espacio aéreo, prohibiendo a su compañía nacional operar en cielo comunitario y prometiendo actuar contra los oligarcas que financien a Lukashenko, quien ata a los periodistas prohibiendo que informen de las protestas no autorizadas.     

Fdo. Jorge Cremades Sena