¿DEMAGOGIAS?, LAS JUSTAS

 

                    Por fin se despeja la incógnita sobre la reforma laboral después de que, rota la coalición de investidura, algunos partidos de derechas (concretamente Ciudadanos, PDeCat y Unión del Pueblo Navarro, aliado natural del PP) decidieran dar el “sí” a Sánchez, frente a la Vicepresidenta Yolanda Díaz que ha apostado hasta la saciedad para que la reforma de la reforma de Rajoy, que no la derogación de la misma, saliera adelante sin el concurso de partidos de derechas ya que habría de ser únicamente una norma “progresista y de izquierdas”. Al final, si no hay alguna sorpresa de última hora, la reforma laboral, pactada por el Gobierno con sindicatos y empresarios (aunque unos y otros andan descontentos con lo acordado), sale hoy adelante por 176 votos a favor y 173 en contra, avalando la “vía Sánchez”, a la que éste se agarró al ver las orejas al lobo, frente a la “vía Díaz” que, en su concepción comunista de las cosas, se resistía a coincidir con la perversa derecha tras haber pactado con la patronal el acuerdo de mínimos para que la coalición de investidura la sacara adelante, lo que obviamente no ha sucedido. Ahora unos y otros, incluida la oposición, deberían explicar a los ciudadanos (y yo diría, que incluso pedirles perdón) por qué han hecho uso de un exceso de demagogia para venderles la burra en un asunto tan esencial como el empleo en un país, el nuestro, campeón en la UE del desempleo, especialmente el de los jóvenes, cuando las demagogias, en todo caso, si se utilizan, debieran ser las justas, salvo que los políticos consideren que somos idiotas y nos pueden tratar como si fuéramos borregos. Demagogias por parte del PSOE y Podemos, cuando estaban en la oposición, al prometer derogar la reforma laboral hecha por el gobierno de entonces, de derechas, sabiendo que la derogación era imposible, tal como asumen ahora ellos mismos, y que, a lo sumo, sólo cabía perfeccionar aquella reforma (toda obra humana siempre es mejorable) en vez de plantear el asunto de forma maniquea como algo provocado por la intrínseca maldad de unos, la derecha, y la esencial bondad de otros, la izquierda, lo que hace imposible cualquier mejora ya que la salvación está en la erradicación de cuajo del mal, lo que Yolanda Díaz ha llevado hasta el final con todas las consecuencias, mientras Sánchez, más pragmático, se baja del burro a tiempo pactando el apoyo a la reforma con parte de la maldita derecha para poder sacarla adelante. Y demagogia por parte del PP, principal partido de la oposición, al que le venía bien el maniqueísmo de la izquierda entre buenos y malos, oponiéndose a cualquier reforma de su propia reforma, sabedores de que la derogación, prometida por la izquierda, era inviable y, antes o después, como así ha sido, se caería por su peso. Demagogias indecentes de unos y otros que, al final, impiden que salga una normativa laboral con amplio consenso en el Congreso de los Diputados, a pesar de haber sido pactada y asumida por sindicatos y patronal, aunque esto ha servido para que algunos se agarren a un clavo ardiendo a la hora de cambiar el sentido de su voto. En fin, demagogias pues, las justas.

          Sin embargo, a pesar de semejante desaguisado demagógico en algo tan esencial para la ciudadanía, nuestros políticos, en vez de entonar ahora el “mea culpa” por haber sido incapaces de concitar consensos amplios, se disponen a seguir utilizando la demagogia para vender sus respectivas contradicciones. Sánchez al final amarra la reforma laboral sin esperar la decisión final de ERC, mientras Podemos, su socio de Gobierno, critica que “no se deja trabajar” a la Vicepresidenta Díaz para apuntalar el pacto con Ezquerra que finalmente se desmarca del decreto que apoyan las derechas de Ciudadanos, PDeCat y UPN, mientras el PSOE se jacta de la debilidad de Yolanda Díaz atribuyéndole el fracaso para atraer a los socios de investidura a su escaso respaldo en Podemos, lo que ha desembocado en esta mayoría alternativa con la derecha que la Vicepresidenta detesta. Una reforma laboral que abre un cisma entre ERC y Díaz, pues los republicanos secesionistas creen que “ha cometido un gran error” y que el PSOE ha preferido en todo momento aprobarla con Ciudadanos, mientras ella, asume que se aprobará con los naranjas de derechas y desafía a ERC a que explique por qué vota con los populares, olvidando que ella va a votar con las derechas de UPN, Ciudadanos y PDeCat…….Ya ven, cuando las demagogias debieran ser las justas, se siguen utilizando para salir del contradictorio atasco en que el exceso de demagogia les ha metido a unos y otros. Entretanto otros, como Errejón de Más País o Baldoví de Compromís, críticos porque al final la reforma de Rajoy no es derogada, intentan vender como pueden su cambio de postura y su apoyo a la reforma. El Gobierno se agarra a Ciudadanos para salvar la reforma sin tocar el texto pactado, que hubiera provocado la ruptura de la patronal, mientras España estrena el 2022 con la destrucción de 197.750 empleos y mientras suben los ERTE, pero el Gobierno ya da por hecho que este enero esperanzador, en el que menos empleo se ha destruido de los últimos años, es consecuencia de la vigencia de la reforma. ¡Ojala que sea así! Por su parte el PP, haciendo también gala de su demagogia, dice que la reforma laboral para nada afecta a la que hizo Rajoy, por lo que debiera aclarar que si eso es cierto por qué vota en contra. En fin, ya ven, demagogias, las justas.

          Entretanto el Ejecutivo de Sánchez olvida otras once leyes urgentes que, como la reforma laboral, pactó con sus socios de gobierno y, al efecto, utiliza prórrogas sucesivas para, por ejemplo, no regular por ley la reactivación económica o las ayudas frente al Covid, mientras todos los grupos piden a Sánchez que ponga fin al bloqueo legislativo de PSOE y UPodemos en el Congreso, cuando el Ejecutivo acaba de usar una treta para que salga adelante en el Congreso prorrogar el uso de mascarillas en la calle a pesar del veredicto en contra de los expertos: es bien fácil, sabedor de que no saldría adelante, lo asocia en un mismo decreto (la forma ideal de gobernar del presidente) con la revalorización de las pensiones para que se vote conjuntamente y, obviamente, decir “no” sería tanto como perjudicar a los jubilados, con lo que tendremos mascarillas para rato. Pero, tranquilos, la gobernabilidad (o desgobierno) sigue adelante contra viento y marea, pues hasta la Ministra Belarra, la más radical, y líder de Podemos dice “confío en agotar la legislatura y reeditar la coalición”…… En fin, mientras prosiga la demagogia, todo es posible. Justo lo contrario de lo que acaba de pasar en Portugal con un gobierno de coalición similar al de España, pero con un socialista carismático al frente, Costa, que decide convocar comicios para no tragar con las imposiciones de sus socios minoritarios…. y, claro, gana por mayoría absoluta tras fagocitarlos en las urnas, por lo que gobernará con mayoría absoluta (extremo que en la UE sólo se da en Grecia y Malta), ¿sucedería igual en España en caso de que Sánchez obrara como Costa?, seguramente sí, pero para ello hay que dejar el exceso de demagogia a un lado y no aceptar chantajes de populismos que no sirven para nada. Mientras tanto, la inflación se cobra en España 1.300 millones del ahorro de las familias en 2021, hay casi 1.200 millones de horas menos trabajadas, y llenar el depósito cuesta hoy un 25% más que hace un año, pues el precio del combustible, como el de la energía, está en máximos históricos, lastrando la recuperación económica al afectar a todos los sectores y a la inflación, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo para pensionistas, asalariados y autónomos, los que al final pagan siempre las consecuencias.

          Por cierto, hablando de energía, la Comisión Europea declara “verde” la energía nuclear y el gas, mientras el Gobierno español mantiene el plan para cerrar siete reactores pese a que la CE reconoce que es imposible satisfacer la demanda energética sin estas fuentes de energía, cuando la alternativa al gas ruso pasa por España, ya que Bruselas se prepara para un suministro a través de los puertos peninsulares que canalizarían los buques metaneros de EEUU, Qatar y otros países. Bruselas, a pesar de las reticencias y las críticas internas otorga a la energía nuclear y al gas las etiquetas de energías verdes (necesidad obliga), iniciando así el trámite para que dichas energías se consideren sostenibles, pero como el Gobierno español cree que se envía un mensaje inadecuado y está convencido de lo contrario, se seguirá dando la circunstancia de que los españoles habremos de seguir pagando a precio de oro la energía nuclear, por ejemplo de Francia, ya que en España se seguirán desmantelando los reactores existentes y obviamente no se instalarán otros nuevos, como si los peligros al otro lado de los Pirineos no nos afectaran en caso de accidentes nucleares. Seguimos con el debate maniqueo y demagógico: los buenos son los detractores de las energías demonizadas y los malos quienes apuestan por ellas, entre otras cosas para satisfacer la demanda energética de sus conciudadanos.

          Por otro lado Bruselas corrige a Sánchez tras la exhibición de la carta de Von der Leyen, difundida por Moncloa, en la que al parecer apoyaba la gestión de los fondos europeos y, por el contrario, iba en contra de las críticas del PP a la gestión de dichos fondos, diciendo Casado que Bruselas descubrirá en 2023 el “engaño” de Sánchez al respecto, al que acusa de clientelismo con dichos fondos. Pues bien, ahora resulta que la carta difundida como apoyo era simplemente una carta de cortesía, sin mayor intencionalidad, mientras el PP sigue denunciando el favoritismo del Gobierno con las partidas para frenar la pobreza ya que las CCAA gobernadas por el PSOE se llevan el 81% de los fondos UE para la Inclusión mientras Andalucía, Murcia o Castilla y León no reciben nada, clientelismo que el PP denunciará ante la UE pues acabaran en los tribunales y “con procesos abiertos por corrupción”. En definitiva, acusaciones muy graves que, en todo caso, han de aclararse lo antes posible, pues, de ser ciertas, sería inadmisible que unas regiones fueran privilegiadas o castigada por el mero hecho de que sus ciudadanos decidieron en las urnas que les gobernara un partido u otro.

          Entretanto el Gobierno aprueba la Ley de Vivienda sin atender a los reparos que pone el Poder Judicial y pese a la división interna en el Ejecutivo (otra más) que provoca la letra pequeña de dicha Ley. Una ley que, obviamente tiene aspectos negativos y positivos, como, entre otras cosas, dificultar la venta de pisos protegidos a precio de mercado, ya que la vivienda no podrá desclasificarse como VPO antes de 30 años y nunca si se edificó sobre suelo reservado para este fin público, pero que el Ejecutivo debiera sopesar aprobarla sin la sintonía de la misma con derechos contemplados en nuestra legalidad vigente, puestos de relieve por la Justicia; pero, ya ven, las observaciones del Poder Judicial carecen de importancia y el Gobierno le desafía y sólo incorpora a la Ley detalles técnicos mientras pretende tramitarla por vía de urgencia.

          En todo caso siempre hay quien gana a desobediencia a las decisiones de los tribunales como es el caso de la Generalitat y del Parlament de Cataluña que se declaran en rebeldía, pues el Govern prepara un decreto para incumplir la sentencia judicial que le obliga a dar el 25% de clases en castellano en las aulas, mientras el independentismo boicotea a la Cámara Legislativa autonómica y paraliza su actividad para no tener que acatar la suspensión de un diputado de la CUP. Y como ninguna instancia del Estado de Derecho (para ellos, del no Derecho) se encarga de obligarles a cumplir las sentencias, la Generalitat incluso se jacta de obligar a hablar catalán a los profesores tras ser delatados, mientras el nuevo currículo de Historia de Secundaria se centra en que los alumnos aprendan “identidades” y “emancipación nacional”, adoctrinando en la ESO sobre “resistencia a la opresión” (obviamente la opresión que, según los secesionistas, gobernantes en Cataluña y aliados de Sánchez en España, ejerce el malévolo y opresor Estado Español sobre el territorio de Cataluña, donde, por cierto, los independentistas hacen lo que les viene en gana) y además en Lengua se contempla adquirir “pertenencia lingüística” al catalán, mientras la Generalitat plantea un ardid normativo para sortear la sentencia del 25% de clases en el odiado idioma castellano, lengua oficial de todo el Estado Español y cooficial con las lenguas habladas en las respectivas comunidades bilingües. En fin, sin más comentarios.

          Así las cosas, Casado ataca al populismo sin renunciar a Vox en Castilla y León, donde aspira a conseguir una mayoría absoluta pero mantiene la incógnita de si incluirá a los de Abascal en el gobierno regional; no obstante dice a los votantes: “os pido rechazar proyectos de radicalización y de populismos” reivindicando al PP como “única alternativa” y pide el voto de los valientes, descartando repetir elecciones con la esperanza de tener un gobierno sólido en tierras castellano-leonesas con el objetivo de superar los 33 escaños para poder gobernar en solitario.

          En cuanto a la pandemia se refiere hemos pasado del “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”, que predijo Simón al inicio de la pandemia, a tener más de 10.000.000 millones de contagios por covid, aunque, después de todo este calvario, parece ser que la sexta ola remite en todas las CCAA y en todas las edades, dándose el caso de que Sanidad no ha firmado aún la compra de los antivirales de la covid pues el Ministerio rechaza las condiciones de Pfizer.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Fiscalía del Estado entra en la investigación del abuso sexual en la Iglesia y Dolores Delgado da diez días para reunir todas las querellas tramitadas; que Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, es nombrado presidente de la patronal mundial GSMA, siendo el primer español en el cargo que ocupará hasta 2024; que la denuncia de Laporta busca las “mordidas” en el fichaje de Griezmann, acusando a Bartomeu de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal; que el Ayuntamiento de Lorca suspende un pleno tras el asalto de un grupo de personas por un conflicto ganadero cuando se iba a aprobar la regulación de las granjas porcinas; que Sánchez aprovecha su visita a la Expo de Dubai y viaja a Emiratos para recabar inversiones ante su príncipe heredero, amigo personal de Juan Carlos I; y que Madrid, Valencia y Cataluña piden a Sánchez que mejore su oferta de financiación pues Ayuso, Puig y Aragonés coinciden en que perderían ingresos con la propuesta de Hacienda, que no convence a las CCAA.

          Y del exterior, destacar que López Obrador, elevando el tono contra los reporteros, llama “mercenarios” a los periodistas tras el cuarto asesinato de éstos; y que el informe sobre las fiestas en Downing Street asesta otro golpe a Johnson, pues se cometieron “graves incumplimientos” de las reglas exigidas, pasando de las disculpas del Primer Ministro al “exceso de alcohol” con “fallos de juicio y liderazgo”, lo que le pone al borde de la destitución. Entretanto  prosigue la crisis en la frontera ruso-ucraniana, donde Kiev no espera a la diplomacia y envía misiles, mientras EEUU y Rusia se lanzan a duras acusaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU, que pide a Putin que retire a los soldados de la frontera con Ucrania; Putin acusa a Occidente de desoír sus demandas y amenaza a Kiev, y, mientras acusa a Biden de arrastrar a Rusia a la guerra, el ejército ruso inicia maniobras de envergadura en la península de Crimea que se anexionó en 2014, en tanto que se desarrollan prácticas de tiro en Ucrania con la imagen de Putin como blanco y el presidente ucraniano anuncia que amplía su ejército en 100.000 soldados; por otro lado, Orban, primer ministro húngaro, exhibe su sintonía con Putin en pleno choque de la UE con Rusia y se reúne en el Kremlin con el líder ruso, cuando Biden envía 3.000 soldados al Este como “señal fuerte” a Putin, mientras el Pentágono asegura que los documentos remitidos a Moscú confirman su voluntad de negociación, en tanto que la OTAN no avala el despliegue que, según la Casa Blanca, “no es para combatir en Ucrania” y Washington aclara que “la Alianza no tiene poder de veto” y “nada nos impide adoptar decisiones”.

Fdo. Jorge Cremades Sena