ASÍ NO PODEMOS SEGUIR

 

                    Un Estado Democrático de Derecho no puede estar sometido a las amenazas impunes casi permanentes de su propio entramado institucional para socavarlo, sino todo lo contrario, ya que sería un suicidio democrático, que es lo que sucede en España lamentablemente. Y, obviamente, así no podemos seguir ni un día más, pues el Estado de Derecho tiene que basarse, como su propio nombre indica, en el imperio de la Ley, que todos los ciudadanos han de acatar y todas sus instituciones no sólo han de acatar sino además cumplir y hacer cumplir las leyes derivadas del mismo, sometiéndose a los Tribunales de Justicia cuando haya indicios de que éstas se estén vulnerando. Por y para ello todo Estado de Derecho, incluido el español, cuenta con unos servicios de inteligencia que, con arreglo a la legalidad establecida, están no sólo autorizados sino además destinados a investigar a los enemigos del mismo, tanto del interior como del exterior, para evitar que las amenazas se materialicen en hechos consumados y causen estragos irreparables en el sistema democrático establecido, siempre amenazado por los amantes del totalitarismo. España, que desgraciadamente cuenta con un historial indeseable de totalitarismo, secesionismo totalitario y violencia terrorista, cuenta, entre otras, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Obviamente el CNI, creado en 2002, se rige, como el resto de organismos e instituciones, por el principio de sometimiento al ordenamiento jurídico, aunque por la naturaleza propia de su cometido, sus actuaciones, incluidas las que puedan afectar a derechos fundamentales de las personas, se enmarquen, aunque siempre sujetas a autorización judicial, dentro de un lógico secretismo ya que sería absurdo un espionaje transparente con luz y taquígrafos que alertaría a los espiados, aunque siempre ha de investigarse de forma legal. Al efecto, su control por parte del Legislativo se enmarca en la Comisión de Secretos Oficiales, órgano que controla los gastos reservados y también las labores de espionaje, entre ellos a los independentistas que protagonizaron los condenables y condenados hechos del “procés” con el propósito de socavar la integridad de España. Pues bien, la noticia de que el CNI ha utilizado el programa israelí de espionaje Pegasus para espiar, con autorización judicial, a varias decenas de secesionistas controlando sus móviles, ha desencadenado una de las mayores crisis del Gobierno minoritario de Sánchez, ya que sus propios socios, Podemos, y quienes apoyaron su investidura, ERC y compañía, cuestionan, a priori y sin mayores pruebas, la legalidad de estas actuaciones, arremetiendo una vez más contra el maldito Estado Español y exigiendo a Sánchez, a quien sostienen y apoyan, que depure responsabilidades con las pertinentes dimisiones si quiere contar a partir de ahora con su respaldo, dando por hecho que, contra lo que dice el Gobierno, se ha actuado de forma ilegal.

          Y obviamente así no podemos seguir ni un día más, pues es insoportable que desde las propias instituciones, incluido parte del propio Gobierno, se acuse de ilegalidad al mismo antes de averiguar los hechos por los cauces establecidos al efecto y sin dar crédito a la veracidad de las declaraciones de la parte del Ejecutivo más constitucionalista, especialmente de Margarita Robles, de que todo lo actuado se ha hecho de acuerdo escrupuloso a la legalidad. Y esta falta de unanimidad dentro del propio Gobierno de coalición y entre sus sostenedores parlamentarios, provoca, no sin razón, que el propio CNI señale a Sánchez, máximo responsable de lo que haga su Ejecutivo, por “dinamitar” su “prestigio internacional” pues fuentes del Centro creen que el Gobierno les deja “expuestos” al dar pábulo a la acusación de espiar ilegalmente a los secesionistas, quienes, en vez de dar credibilidad a la ministra Robles, chantajean al Presidente exigiendo su dimisión con la amenaza de retirarle el apoyo parlamentario, comenzando con el rechazo del decreto anticrisis que, precisamente, se acaba de aprobar hoy mismo en el Congreso de los Diputados. No obstante, fuentes del CNI reconocen que “el sistema de vigilancia se usó sin control” pues “un juez no puede autorizar sesenta pinchazos de forma indiscriminada”, mientras Defensa alerta de una cacería a Margarita Robles, de la que “quieren su cabeza” y cuyo entorno señala a Podemos, parte del Ejecutivo, por usar el “caso Pegasus” para echarla del Gobierno, creyendo que incluso hay socialistas que “se ponen de lado”. Y es que la ministra de Defensa protagonizó ayer mismo un duro debate con los secesionistas en el Congreso que indignó más a ERC, al extremo de que Aragonés pidiera expresamente su dimisión, tras refrendar la ministra la legalidad de las actuaciones del CNI, acusar a los aliados del Gobierno de “ir de víctimas” y decir, lo  cual es cierto, “no les he visto nunca defender los principios básicos del Estado de Derecho ni los derechos y libertades de absolutamente todos los ciudadanos”. ¿De verdad creen que en estas condiciones podemos seguir así un día más?

          Pues bien, Sánchez, ante semejante panorama, opta por ceder al chantaje de sus socios y ordena a Batet, la Presidenta del Congreso, que modifique por vía urgente el sistema de mayorías para acceder a los secretos oficiales y así calmar a sus socios secesionistas ofreciéndoles sortear la capacidad de veto del PP para facilitar que, entre otros, ERC y Bildu puedan entrar en la Comisión de Secretos Oficiales; en definitiva, poniendo al zorro a cuidar de las gallinas. En efecto, con la rebaja de la mayoría cualificada de 210 escaños a mayoría absoluta de 176, se posibilita que ERC, Bildu, la CUP y otros grupúsculos radicales, claramente posicionados contra nuestro Estado de Derecho y nuestro marco constitucional, formen parte de la Comisión de Secretos Oficiales, sin importar que con ello se menoscabe el legítimo derecho del Estado a protegerse de los ataques a la Constitución, como sostienen los ministros constitucionalistas como Margarita Robles. Entretanto Sánchez, atrapado en el laberinto en el que él solito se ha metido y falto de apoyos cede e intenta con estos malabarismos aceptar enmiendas, tramitando como proyecto de ley al decreto de medidas anticrisis, mientras Aragonés supedita el apoyo de ERC a la caída de la titular de Defensa, e intenta atraerse al PP quien manifiesta que, si a todo lo que propone Génova la posición es decir “no”, votarán hoy en contra al considerar que el cambio de posición de Sánchez es “un brindis al Sol”, con lo que al PSOE sólo le queda esperar una abstención de ERC a pesar de que Rufián dijera ayer mismo que no está en sus planes facilitar la aprobación del paquete de medidas anticrisis, recomendándole a Sánchez que pida el teléfono al señor Casero, el diputado popular que con su error a la hora de votar hizo posible no hace mucho que la reforma laboral saliese adelante de milagro en el Congreso de los Diputados. Pero al fin no ha sido necesaria la recomendación de Rufián pues, aunque ERC ha mantenido su posición votando en contra del decreto, EHBildu y PNV, tras poner verde al Gobierno de Sánchez, han salido a su rescate consiguiendo que salga adelante el decreto con 176 votos a favor, sin que ningún diputado se haya equivocado en esta ocasión. Y mientras tanto el prófugo Puigdemont presiona para que Bruselas investigue a España por todo esto y aprovecha su participación en la Comisión del Parlamento Europeo que estudia el escándalo de Pegasus en Polonia para promover otra sobre el espionaje al secesionismo catalán.

          Y, por otro lado, no podemos seguir así poniendo en duda y descalificando, desde las propias instituciones, a la Jefatura del Estado, criticándole de falta de transparencia por no estar obligado a publicar su patrimonio y cuando su titular, Felipe VI, lo hace público y manifiesta que su patrimonio es de 2´5 millones de euros, dudando de la veracidad de sus afirmaciones sin prueba alguna que acredite que está mintiendo, aunque el actual Jefe de Estado, ante lo acaecido por los escándalos de su padre, manifieste que avanza en la transparencia por “ejemplaridad” y que su “decisión personal” obedece al deseo de seguir contribuyendo a la “regeneración de la vida pública” y que fue comunicada a los partidos constitucionalistas. Transparencia en la que se avanza con un real decreto, pactado entre Zarzuela y Moncloa, fijando la estructura de la Casa Real, según la cual el Tribunal de Cuentas fiscalizará al Rey sin informar al Congreso, vigilando ingresos y gastos como cualquier otro organismo más que gestiona fondos públicos. Al parecer PSOE y PP negociaron junto a Zarzuela este decreto de transparencia, que no se discutirá en las Cortes, y que supone un paso adelante, sin duda alguna, en un mayor control y transparencia de la Casa Real, aunque quienes buscan cambiar como sea el modelo de Jefatura de Estado diseñado en nuestra Constitución arremetan contra la Monarquía Constitucional haga lo que haga.

          Entretanto la UE avala el plan español para rebajar la luz a la mitad al amparo de la famosa “excepción ibérica” a limitar el precio del gas, a la que, otros Estados, como Italia, pretenden sumase ahora, mientras el sector eléctrico se rebela contra este plan y alerta de que la excepción alterará los precios. En todo caso, tanto España como Portugal, logran el permiso de Bruselas para intervenir el precio del gas que impactará en la factura eléctrica durante los próximos doce meses, permitiendo la UE que se intervenga dicho precio del gas para bajar la luz un 20%, tras aceptar la ministra Ribera limitarlo a 50 euros frente a la propuesta de limitarlo a 30 como pretendían los gobiernos de Portugal y España. Algo, es algo…… Y, hablando de gas, las piruetas de Sánchez con nuestros vecinos africanos del sur, provocan que Argelia amenace con cortar el suministro de gas a España al reabrir el gasoducto que llega a Marruecos, avisando de un posible “incumplimiento de contrato” tras conocer la reapertura del gasoducto por un mail de la ministra Ribera y amenazando a España con cortar el suministro si se desvía el combustible a Marruecos, justo cuando el precio del gas se dispara y la UE se prepara para nuevos cortes del suministro de Rusia, haciendo frente común ante la guerra del gas de Putin.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que se desata el caos en la ESO ya que las CCAA se dividen entre las que pondrán nota y las que no; que el ingreso mínimo vital sólo llega al 12% bajo el umbral de pobreza y únicamente reciben la ayuda el 46% de los beneficiarios; que Andalucía votará el 19 de junio, cinco meses antes del final del mandato de Moreno quien tiene el objetivo de sumar más que PSOE y Podemos juntos; que en España hay tres millones de españoles sin vacunar y quince millones de dosis contra el covid sin usar; que la próxima Navidad ya no habrá juguetes asociados al azul y rosa de niños y niñas; que el Ejecutivo ha autorizado ya el 60% de los fondos europeos y la CEOE denuncia que dichos fondos se desvían al sector público y manifiesta que es “frustrante” que sólo el 25% de ellos haya llegado a las empresas; que las CCAA presionan y Sanidad rectifica en sus recomendaciones de que el vino y la cerveza desaparezcan de los menús de los restaurantes, cambiando con ello la redacción de su Estrategia de Salud Cardiovascular ante la polémica desatada; y que, mientras la Cámara de Comercio Internacional destapa a Luceño y Medina porque “el contrato es falso” al entregar los comisionistas al Ayuntamiento de Madrid un documento con un “logotipo antiguo”, y mientras Anticorrupción interroga al hermano de Ayuso y la Fiscalía Europea a su socio, un juzgado investiga el cobro de sobornos por socialistas valencianos, pues cree que se pagaron “comisiones ilícitas” por valor de siete millones de euros y que el dinero habría servido para la financiación de campañas electorales entre 2004 y 2011.

          Y del exterior destacar que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, acuerda la compra de Twitter por 41.000 millones y promete abrir el algoritmo y combatir a los bots; que Macron se juega su poder en las próximas legislativas, afrontándolas en busca del control del Parlamento mientras los populistas radicales Le Pen y Melenchon intentan forzar una cohabitación; y que la UE custodiará las pruebas sobre los crímenes de guerra en Ucrania, mientras Rusia deporta a Siberia a miles de civiles ucranianos de zonas ocupadas y ataca cinco estaciones de tren para interrumpir el envío de armas, cuando, según Londres, ya son 15.000 los soldados rusos fallecidos y cuando EEUU anuncia la reapertura de su embajada en Kiev, y cuando Putin corta el gas a Polonia y Bulgaria mientras ataca la autoproclamada República de Transnistria en Moldavia elevando con ello el temor a una extensión del conflicto fuera de Ucrania.

Fdo. Jorge Cremades Sena