PENSIONES COMO ARMA ELECTORAL

 

                        Hubo un tiempo, ya lejano, en que las pensiones se revalorizaban cada cuatro años, es decir, en año electoral, y servían (o pretendían servir) como arma electoral arrojadiza hasta que, con el tiempo, el sistema de pensiones en España se fue consolidando para convertirse en uno de los pilares fundamentales del modelo de protección y bienestar, lo que ya, prácticamente, nadie discute, y, por tanto, debiera estar al margen de la lucha electoral partidista por el bien de todos. Así se entendió cuando en 1995, en plena crisis económica se constituyó el Pacto de Toledo, una comisión parlamentaria para analizar el estado de las pensiones y proponer y adoptar medidas tendentes a mejorar el sistema y, sobre todo, a garantizar su sostenibilidad, hasta que, con la actual crisis, Pedro Sánchez, en octubre de 2022, sumándose una vez más a los planteamientos populistas de sus socios de Podemos, acusa a Feijóo y al PP (la derecha maldita para el populismo de la izquierda radical) de romper el pacto porque sostenían que los planteamientos del Ejecutivo “ponen en enorme riesgo” la sostenibilidad del sistema y, al efecto, instaban a Sánchez a hacer caso a las recomendaciones de la Comisión Europea y a “sentarse a hablar” para acometer las pertinentes reformas estructurales, cuando había que enfrentarse a un descomunal gasto por una subida del 8´5% de las pensiones debido al desbocado incremento del IPC, subida a la que obligaba la aplicación de la ley vigente aprobada en las Cortes y el cumplimiento del Pacto de Toledo, firmado también por el PP y actualizado en 2020, mientras Sánchez presumía y se arrogaba como iniciativa propia la medida. Con semejante estrategia y de cara al año electoral en el que estamos, el Pacto de Toledo, aletargado en los últimos años, se rompía casi definitivamente en medio de acusaciones y verdades a medias, mientras se aprobaba la obligada subida de las pensiones, con el voto del PP incluido como no podía ser de otra forma, aunque el tema de las pensiones volvía a convertirse lamentablemente, como antaño, en demagógica arma electoral arrojadiza con la resurrección de los viejos mantras de que las pensiones, que son y deben seguir siendo un asunto de Estado, dependen de los partidos que gobiernen cuando el problema real es si, con unos u otros partidos gobernando, las pensiones llegan a ser viables y sostenibles en el futuro con el actual sistema vigente, que es lo que han de buscar entre todos mediante las pertinentes reformas estructurales que la propia UE exige para garantizar su viabilidad. Sin embargo, ni sentarse a negociar, ni nada de nada, sencillamente Escrivá, acuciado por la exigencia de la UE de reformar las pensiones para poder seguir recibiendo fondos europeos, presenta “in extremis” por su cuenta y riesgo a última hora (tiempo había habido para haber reunido el Pacto de Toledo) una reforma pactada por fin con sus socios podemitas (hay que cicatrizar las heridas de la crisis interna del Gobierno ante las elecciones y esto viene como anillo al dedo), consiguiendo el visto bueno de la UE (necesitada de un documento reformista) y de CCOO y UGT, pero no el de otros partidos políticos ni el de los empresarios, quienes ven en la propuesta una cesión a Podemos y un nuevo afán recaudatorio. Mal asunto cuando el lugar natural de la necesaria reforma estructural, que no coyuntural, debiera situarse en el Pacto de Toledo y buscar allí un amplio consenso como asunto de Estado que es. En definitiva, en la iniciativa de Escrivá, en vez de una propuesta de reforma estructural del sistema de pensiones, se hacen meros retoques sobre el cálculo de la prestación (se podrá elegir entre 25 o 29 años cotizados), pero se sigue cargando sobre el empleo la reforma (elevando las cotizaciones sobre empresarios y trabajadores, especialmente sobre los más altos, para esquivar ajustes y contener a Podemos) y, en definitiva, la gran novedad es la promesa a la UE (para conseguir su visto bueno) de que los sucesores gobiernos de España, éste no, estarán obligados a hacer un ajuste automático si se desviara el gasto, ya que cada tres años el Ejecutivo de turno habrá de hacer una evaluación sobre subir cotizaciones o hacer recortes si, como sucede ahora, no cuadran las cuentas. Ya ven, el objetivo es compensar el aumento del gasto en el futuro sin abrocharse el cinturón y, mientras tanto, conseguir una tregua con sus socios gubernamentales…..algo así como que el que venga detrás que arreé, pero yo no. Mal asunto que el gobierno se refugie en las pensiones y en las ayudas para sortear su crisis, en vez de propiciar la reforma de envergadura que el vulnerable sistema de pensiones necesita.

            Entretanto, los expertos sostienen que “no es muy  progresista proteger a los mayores añadiendo cargas a otras generaciones”, cuando incluso sigue el problema de la sostenibilidad del actual sistema de pensiones y su viabilidad financiera futura; peor aun cuando el golpe de Escrivá a los sueldos ni siquiera cubre ahora la mitad de la obligada subida de las pensiones, pues la reforma presentada a Bruselas (para algunos, un parche para salir del paso) elevará tres puntos el gasto en jubilaciones (sin contar ya con las crecientes protestas para que las mínimas sean de 1.080 euros) mientras los aumentos de las cotizaciones previstos apenas suponen 8.000 millones, y con la CEOE plantándose porque la reforma se ha hecho sin contar con “los que pagan la fiesta”, mientras encalla el acuerdo para subir los salarios por el “hachazo” de Escrivá. No obstante Sánchez consigue sus objetivos, que obviamente no pasan por reformar profundamente el sistema de pensiones para hacerlo viable y sostenible, y, pasada la tormenta con Podemos, trata de rehacerse con el argumento de que “romper la coalición sería entregar la victoria a la derecha”, mientras el PSOE sostiene que “Iglesias busca acabar con Yolanda Díaz aunque caiga este Gobierno” y le señala como “la voz cantante” de la estrategia para asegurar la continuidad de Irene Montero y la supervivencia de su partido, cuando la ruptura de la coalición se evidencia en el Consejo de Ministros que ha dejado de ser un órgano colegiado al ir a lo suyo cada uno de sus miembros. Y mientras Díaz acelera su candidatura en plena crisis gubernamental y Podemos lo recibe con frialdad diciendo que no hará nada “hasta conocer los detalles”, el voto del PSOE se resiente por la “mayoría Frankenstein”, mientras para las expectativas del PP la principal amenaza es el voto perdido que vaya a Ciudadanos, que ya no tiene un mando nacional que decida en los diferentes territorios.

            Y con las pensiones de nuevo como arma electoral arrojadiza y la insólita moción de censura de Vox con Tamames como candidato, el Gobierno, en plena tensión de Sánchez con los empresarios, amenaza a Ferrovial con vetar su salida de España, mientras Hacienda acelera otra subida de impuestos a las empresas que alertan en sus informes anuales del riesgo regulatorio e identifican como peligros la litigiosidad, la inestabilidad jurídica y el aumento de la presión fiscal. Por otro lado el Gobierno prevé elevar al 3% el tope de los alquileres en 2024 cuando el primer año con topes al alquiler deja alzas del 9% y un 17% menos de oferta de pisos, haciendo casi imposible el acceso a viviendas de alquiler en las grandes ciudades. Además cabría citar que el rechazo de ERC y Bildu da la puntilla a la reforma de la “ley mordaza”; que Podemos exige a Díaz listas abiertas en primarias para estar en Sumar y Belarra se desmarca del acto que prepara la plataforma; que unas 50.000 personas participan en una marcha en Madrid “por la vida” y contra leyes como la eutanasia y el aborto; que Conde-Pumpido ve “prioritario” debatir la reforma del CGPJ y tendrá que decidir si la reforma del Gobierno para facilitar su renovación es o no acorde con la Constitución; y que el Govern de Catalunya encarga el guion para un referéndum pactado con Sánchez y ficha al efecto a los inventores del “derecho a decidir” para preparar y difundir un “acuerdo de claridad” que permita al independentismo, socio de Sánchez, vestir de legalidad otra consulta ilegal, mientras unos 2.000 médicos se niegan a atender en castellano con la Generalitat de cómplice.

            Así las cosas y ya en precampaña electoral, según SigmaDos, ERC pincha en Barcelona y deja la alcaldía en un duelo entre Trías y Collboni, pues Junts renace y se la juega con el PSC mientras Colau sería la tercera en discordia, y en Bilbao el peneuvista Aburto volvería a gobernar reeditando el pacto con el PSE; y, según NCReport, en Asturias el PSOE necesitaría a Podemos para mantener el poder mientras el PP sube siete escaños, y en Navarra los socialistas cederían la hegemonía de la izquierda en favor de Geroa Bai. Ya ven, es lo que hay.

Fdo. Jorge Cremades Sena