INDIGNIDAD DEMOCRÁTICA

 

                        Con alevoso cinismo, nada menos que la Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el fugado de la Justicia española, Puigdemont, escenifican a bombo y platillo una obscena indignidad democrática reuniéndose bien sonrientes en Bruselas, dado que el prófugo, cuya insólita condición ya debiera hacerle indigno para negociar con él, tiene prohibida su entrada en España y, ya se sabe, quien quiera algo de él ha de pasar por reunirse en su esperpéntica guarida. Y ante ello, para mayor recochineo, el socio mayoritario del Gobierno, el PSOE de Sánchez, manifiesta que su socia Yolanda lo hace no como Vicepresidenta del mismo sino como líder de Sumar, mientras Podemos, socio mayoritario de Sumar, se queja de que la visita a Puigdemont de Yolanda ni se le ha comunicado previamente, al igual que, según dicen, tampoco se le comunicó ni siquiera al Presidente del Ejecutivo, lo que sería algo casi peor que si se le hubiese comunicado y éste lo hubiera avalado, que es lo que muchos piensan que ha pasado, dado que, mientras se celebraba la indignante reunión, Sánchez y su PSOE aparentaban desvincularse de tamaña indignidad democrática, pero a la vez curiosamente (¡oh casualidad!), sostenían que hay que “pasar página” en Cataluña, sin reparar en el daño que se hace a la dignidad democrática desbloquear los asuntos que atentan contra el Estado de Derecho (en este caso el “procés”) sin límites constitucionales, que es la única garantía que tienen los hombres libres, los ciudadanos, para no convertirse en súbditos o esclavos. Así está el nivel de nuestros gobernantes democráticos. El caso es que, si el Presidente del Gobierno conoce los indignantes manejos de su Vicepresidenta, malo; pero si, no conociéndolos, no la cesa “ipso facto” o la descalifica públicamente por su indignante deslealtad ante asunto tan esencial, peor. La cruda realidad es que, ante semejante insólita indignidad democrática, nadie explica qué hace la Vicepresidenta Díaz, a título personal o como líder de Sumar, prestando pleitesía a un fugado de la Justicia con el objetivo de buscar su imprescindible apoyo a la investidura de su Jefe, Pedro Sánchez, quien para colmo dice no saber nada del ignominioso encuentro para nuestra democracia. ¿Está preparando la Vice otro futuro ignominioso encuentro del prófugo con Sánchez? Lo cierto y grotesco es que, tras la indecente reunión, además de la indignidad que supone para la solvencia de nuestra democracia, lo intenten justificar con cínicos y falsos argumentos para engañar a los ciudadanos, como si éstos fueran idiotas, al decir el prófugo (sin que nadie le corrija) que “es parte de la normalidad democrática en la UE” y aclarar ella que seguirán “hablando y buscando salidas en el diálogo y la democracia”, acordando ambos “explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político” en Cataluña, pues “la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democráticos” y, según Puigdemont (ya saben, paradigma de la democracia) “dialogar y mantener relaciones políticas entre formaciones de diferentes ideologías no debería ser ninguna sorpresa ni excepcionalidad”. Pero ¿de qué normalidad en la UE habla el prófugo cuando la excepcionalidad en toda la UE es su huida de la Justicia, siendo esto insólito en cualquier país democrático? ¿de qué diálogo habla la Vicepresidenta para buscar salidas en democracia, cuando para ello es obligado hacerlo dentro del marco constitucional y, desde luego, no con prófugos o condenados por la Justicia? y ¿qué desbloqueo político pactan ambos explorando todas las soluciones democráticas mediante el diálogo y los principios democráticos, cuando ambos saben, o deberían saber, que estos principios pasan por la observancia estricta de la legalidad vigente y no por atajos o vulneraciones de la misma? La normalidad democrática en la UE y las “salidas” de los conflictos basadas en el diálogo y la democracia de la que hablan semejantes personajes entre risas y cordialidad mutuas son justo todo lo contrario de lo que dicen, pues no hay ningún otro Estado europeo en que quepa este preocupante esperpento en el que un prófugo de la Justicia tiene en jaque a todo un Gobierno que, por otro lado, no le exige que para empezar a hablar lo que tiene que hacer el fugado es someterse y entregarse para ser juzgado como se le exige a cualquier hijo de vecino.

            Y, ante semejante panorama, Puigdemont, envalentonado por el sometimiento de todo un gobierno democrático a sus totalitarios intereses, expone en Bruselas, al día siguiente de su encuentro con Yolanda, en una rueda de prensa (eso sí, sin admitir pregunta alguna a los periodistas) y rodeado por toda la plana mayor de Junts, sus condiciones para apoyar la investidura del Presidente del Gobierno de España (ya sea del PP o del PSOE) que se resumen en lo siguiente: una ley de amnistía aprobada antes de la investidura, un mediador internacional para pactar el ilegal referéndum y la reserva de la vía de la “unilateralidad” si el líder del PSOE no cumple, amenazando varias veces con que si no se tiene en cuenta sus condiciones (o chantajes totalitarios) estaremos abocados a repetir las elecciones, mientras exige “respeto a la legitimidad democrática del independentismo” (como si alguien dijera que no es legítimo: lo ilegítimo es que pretenda conseguirlo al margen de la legalidad y los procedimientos democráticos legalmente establecidos) y encima muestra su malestar con el PSOE y Sumar (¡qué más indecente pleitesía les exige tras tratarlos como gobernantes de una república bananera y a España como tal!). Ya ven, una chantajista declaración que sirve como excusa a Feijóo para salirse del indignante avispero negociador con el totalitarismo en que incomprensiblemente se había metido al anunciar que hablaría con Junts y que sólo descartaba a Bildu de su ronda negociadora, diciendo ahora que, ante las exigencias de Puigdemnt, “nos podemos ahorrar la cita” pues “no hay mucho que hablar”. Sin embargo, incomprensiblemente, el PSOE de Sánchez no hace lo mismo y, tras haber prestado sus diputados para que Junts tenga grupo propio en el Congreso de los Diputados (lo que avala que la negociación con Junts ya está más que cerrada), dice que ve margen para seguir negociando con el prófugo a pesar de su desafío indecente y aunque el Gobierno sostenga que está en las “antípodas” pues ve positivo que la exigencia del referéndum ya no sea una condición de salida. 

            Así las cosas, aunque Puigdemont reclama impunidad absoluta para sentarse a negociar, Sánchez sigue viendo viable su investidura gracias a él pese a su chantaje mientras su PSOE irreconocible defiende que el prófugo “está dispuesto a hablar” y al efecto busca “fórmulas” para cumplir sus totalitarias exigencias y, aunque el Gobierno no aclara si la pretendida amnistía (insólita en cualquier país democrático) encaja en la Carta Magna, Yolanda Díaz y su equipo ya trabajan a destajo en el torticero engranaje constitucional de la misma para que Puigdemont y el procés queden impunes, cuando, como gobernantes democráticos, lo que debieran hacer es exigir con contundencia su entrega a España para que comparezca ante la Justicia, como hicieron sus colegas de aventuras secesionistas ya condenados aunque luego, lamentablemente, fueran indultados por el “generoso” Pedro Sánchez, a quien cabría recordar que la benevolencia, interesada o no, con los totalitarismos radicales al final trae malas consecuencias, quepa como ejemplo, entre otras, la amnistía de Sanjurjo, que se exilió a Estoril, concedida por Lerroux en 1934, sobre la que el socialista Negrín dijo “el gobierno ha cometido el mayor error de su vida indultando a Sanjurjo; desde ahora será cómodo y barato conspirar, ¡ojala la República no muera en manos de los militares!”….. En esto, no se equivocó Negrín, todos sabemos lo que pasó después, esperemos que el actual Estado Español no muera a manos del secesionismo radical y gracias a la estúpida benevolencia interesada de nuestros gobernantes con los liberticidas. De entrada la pretendida amnistía supone pasar página sobre el procés e implica perdón de la pena y extinción del delito, obligando a reconocer que hay “presos políticos” en España y poniendo al pie de los caballos a la Justicia Española, democrática, mientras desde el Supremo señalan a la ministra Díaz como “cómplice” de un fugado de la justicia y ERC recuerda también a Sánchez que su investidura pasa por amnistía y autodeterminación en Cataluña, en tanto que hasta Felipe González se pronuncia en contra de todo este asunto y por ello es tildado casi como fascista.

            Y mientras el PSOE considera que Sumar es ya una especie de apéndice socialista y relega pactar con Díaz ya que no es prioritario, por lo que los socialistas están molestos con las exigencias de la lideresa de Sumar, considerando que “puede perder toda la credibilidad, como Podemos” y que “hay que llegar a un acuerdo antes con los demás” (con ella ya se da por hecho esta especie de simbiótico “frente popular”), Moncloa sostiene que su desleal encuentro con Puigdemont es sólo una foto porque lo que quiere Junts es “reunirse con el PSOE”, que para satisfacerle acelera para que en el debate de la investidura de Feijóo ya se hable catalán y euskera en el Congreso (y, si puede, ser, como sucede en las instituciones catalanas que se relegue el castellano). Por su parte Feijóo sigue su ronda de contactos y en su reunión con Abascal consigue el apoyo de éste a su investidura a cambio de nada, consolidando así los 172 diputados con los que defenderá su investidura para liderar un gobierno monocolor. Por cierto, según NCReport, Feijóo mejora el resultado del 23-J, la investidura de Sánchez seguiría dependiendo de Puigdemoont y las expectativas de acuerdo con Junts, ERC y Bildu perjudican a los socios de coalición; los resultados serían PP 35´5% de votos y entre 143-146 escaños, PSOE 31% y 121-124, Vox 11´4% y 27-29, Sumar 11´2% y 26-28, ERC 1´7% y  6-7, JxCat 1´7% y 7, EHBildu 1´4% y 6, PNV 1´1% y 5, y Resto 1´3% y 3.  

            Entretanto la inflación en España repunta hasta el 2´6% por el alza de la energía y el BdE alerta de que las rentas bajas sufren dos puntos más de inflación que las altas, mientras los precios siguen con su escalada y la cesta de la compra sube un 11´3% más para adquirir casi lo mismo. Además el fin del verano lleva a la destrucción de casi 185.000 empleos, tras haber pasado el record de afiliados, 20´7 millones de personas, en agosto, evidenciando el desplome de la contratación a tiempo completo que se desploma un 21%, cuando los mayores de 55 años son el 20% de los que trabajan o buscan empleo, siendo el talento senior el salvavidas del tejido empresarial.

            En cuanto a otros asuntos se refiere cabe citar que el temporal deja en España grandes destrozos en viviendas e infraestructuras y lo peor, varios muertos y desaparecidos; que el acoso de las lanchas británicas deja a los pescadores de La Línea sin lugares en los que faenar; que Francia exige e Calviño que sea “pronuclear” para aceptarla en el BEI y evita pronunciarse sobre si prefiere a la española o a Vestager para presidir el Banco Europeo de Inversiones; que el Estado saudí se convierte en el principal accionista de Telefónica; que muere la periodista María Teresa Campos; que los jugadores de la Selección de Futbol masculina dicen por fin que lo de Rubiales “es inaceptable” mientras la Federación destituye a Vilda que es sustituido por su mano derecha Montse Tomé, y mientras el juez acusa de soborno al Barça por el caso Negreira, creyendo que hubo “corrupción sistémica” en el arbitraje; que un hombre degüella a su ex en Sevilla y otro mata a tiros a la suya en Jaén y luego se suicida, lo que supone que 42 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, doce más que en 2022, mientras Igualdad reclama que la policía acompañe a las víctimas a recoger sus pertenencias; y que las CCAA del PP desactivan la “ley Celáa” al 70% del alumnado, pues doce de las diecisiete autonomías frenan la Lomce al recuperar la calificación numérica y reforzar la Historia de España, la Valenciana y la Balear blindan el castellano tras haber dejado de ser vehicular por petición de ERC y los populares se disponen a imponer su mayoría en la Conferencia Sectorial de Educación para vetar decisiones del Gobierno.

Fdo. Jorge Cremades Sena