POR PURO SENTIDO COMÚN

 

                        Dicen que “el sentido común es el menos común de los sentidos” y a veces no cabe duda de que es así, como sucede con la amnistía que por mero sentido común habría de ser rechazada sin más en un Estado de Derecho libre y democrático, donde la esencial división de poderes establece que las conductas supuestamente delictivas se dirimen en los tribunales de Justicia tras los pertinentes procesos judiciales con todas las garantías procesales aseguradas, para, en caso de sentencia firme, como sucede en el famoso “procés”, los condenados cumplan sus respectivas penas, salvo que, en el mejor de los casos para ellos, el Ejecutivo de turno, es decir el Consejo de Ministros, les aplique individualmente un indulto o perdón, si así lo considera, con arreglo a lo establecido, pero jamás puede borrar colectivamente el delito cometido, como si no hubiera existido, que es lo que con una amnistía se pretende (borrón y cuenta nueva), pues el poder Ejecutivo carece de esa potestad. Así pues, por puro sentido común, en este caso democrático, la pretendida amnistía que exige el secesionismo totalitario debiera ser rechazada de forma contundente en España al tratarse de amnistiar delitos contra el Estado de Derecho, lo que trasciende lo estrictamente jurídico por las graves consecuencias que su aplicación acarrearía para la solvencia de nuestro sistema democrático. Al efecto, juristas de prestigio, eméritos del Tribunal Constitucional, vienen a ser unánimes en que borrar el procés, como se pretende, supone reconocer que la sedición fue justa y los tribunales de justicia no; en definitiva, que esta amnistía que exige el prófugo Puigdemont y que no descarta tajantemente el Presidente del Gobierno supone “la quiebra del Estado de Derecho”. Y a mayor abundamiento, desde su solvencia y probada autoridad jurídica, tan prestigiosos juristas rechazan la presunta amnistía con los siguientes argumentos: “significa la deslegitimización de la Constitución que la propia Carta Magna no puede soportar” (Rodríguez Bereijo), “la Constitución no lo prohíbe siempre y cuando estuviera motivado y tuviera como fin la convivencia” (Pascual Sala), “resulta disparatado poner en circulación un olvido de delitos que sin duda se cometieron” (Rodríguez Arribas), “ni tiene encaje constitucional ni tiene interés general” (Encarnación Roca), “sería contraria a la igualdad ante la ley, a la seguridad jurídica y a la independencia judicial” (Manuel Aragón), “si lo que se pretende es eliminar la pena, la siguiente pregunta es porqué se castiga” (Ollero), “no es una amnistía para arreglar Cataluña, sino para sacar siete votos que necesita Sánchez” (Rodríguez Zapata)…. Argumentos todos ellos que en su conjunto avalan un rechazo total a la amnistía que, entre otras cosas, exige el prófugo Puigdemont a cambio de su apoyo a una investidura de quien sea, mientras Sánchez calla (y quien calla, otorga) pero anuncia que va a “buscar votos hasta debajo de las piedras” (más claro, agua), mientras  Feijóo rechaza la amnistía y defenderá “la libertad y la igualdad cueste lo que cueste” porque ”el PP es un partido de Estado” y así “quedará concretado próximamente”, y mientras Yolanda Díaz apuesta claramente por apoyar la amnistía (cuestión distinta sería qué diría si la otorgara un partido de la derecha) y trabaja para allanar a Sánchez el camino, que es el suyo propio, diciendo que hay tres tipos de amnistía (la de cambio de régimen, la utilitarista y la que resuelve conflictos), dándose curiosamente el caso de que, descartado obviamente el cambio de régimen, como sucedió en la Transición, ninguno de los otros dos supuestos se dan tampoco en la pretendida amnistía actual, salvo que se entienda como utilitarismo ceder al chantaje de Puigdemont para hacer presiente a Sánchez, ya que hay que rechazar también la resolución de conflictos pues los propios secesionistas consideran que con la amnistía nada se resuelve y dicen que volverán a intentar en el futuro repetir los hechos por los que fueron condenados. Es más, a pesar de que el Gobierno se moviliza indecentemente para pedir un gesto del prófugo, que haga menos despreciable ante la ciudadanía la ilegal amnistía, Puigdemont replica que “quien pide ayuda” no pone condiciones, ya ven, las condiciones las pone él, mientras Moncloa, como prepagos al secesionismo, aviva el autogobierno de Cataluña y País Vasco al cederles el 61% de los traspasos, al extremo de que ya asumen más competencias que incluso algunos estados federales.

            Y, hablando de prepagos, como prepago esencial de Sánchez a Puigdemont y al resto del secesionismo totalitario para conseguir su investidura destaca la concesión de un Congreso de Diputados “plurilingüe”,  que curiosamente el PSOE (junto a PP, Vox y Ciudadanos) rechazó tramitarlo en 2022 cuando al Presidente no le eran imprescindibles los siete votos del prófugo para mantener su cargo, que es lo único que realmente le interesa ahora. En efecto, el Pleno del Congreso esta semana comienza sorprendentemente con sus señorías hablando en lenguas cooficiales, aceptadas en el Reglamento del Senado pero no en el de la Cámara Baja, incluso antes de que se aprobara su reforma para permitirlo, que se aprobó después por 179 votos (incluido el de CC), obedeciendo así a las exigencias y prisas impuestas por el secesionismo, que, ya ven, obligan incluso a no respetar ni las formas democráticas pues la Presidenta Armengol debiera haber exigido que los diputados esperaran al menos algunas horas hasta que se convirtieran las lenguas cooficiales de España en lenguas oficiales de toda España, equiparándolas al castellano o español, que, según la Constitución (cada vez más pisoteada), es la lengua oficial común de todos los españoles; con esto se da la paradoja de un sinsentido común alguno por el que nuestros parlamentarios, conocedores todos ellos de la lengua oficial común de todos los españoles, no tengan problema alguno para entenderse entre ellos hablando en castellano por los pasillos y estancias del Congreso, pero cuando se ponen a trabajar en el Pleno o en las Comisiones sufran de repente una amnesia lingüística del castellano al extremo de que todos tengan que usar pinganillos para entenderse, lo que supone, además del pertinente coste de los aparatos y los traductores, que sería lo de menos en caso de que fuera necesario, un sinsentido común difícil de explicar, pues por puro sentido común natural cuando se reúnen varias personas utilizan de forma natural la lengua que todos ellos conocen si es que quieren entenderse entre ellos, lo que demuestra que lo que se pretende con este asunto, no es el fomento de las diversas lenguas en los respectivos territorios, donde es lógico que se utilicen y se fomenten, sino que es la indecente estrategia de hacer de la lengua un arma electoral arrojadiza para dividir a los españoles y hacer más difícil su convivencia en paz y libertad, cuando a ello se añade la patética estrategia de ningunear la lengua común, el castellano, en algunos territorios bilingües. Pero hay más, nuestro Gobierno, también por expresa exigencia de Puigdemont, presiona en la UE para que con urgencia sean oficiales allí las lenguas cooficiales españolas, a lo que la Unión da largas; y entonces para ver si puede encajar como sea la petición del prófugo decide exigir sólo la oficialidad del catalán y que las demás (gallego, euskera, aranés, bable….) que esperen, dándose el caso de que el Ministro de Exteriores en su afán de meter con calzador el catalán alega que lo hablan más de diez millones de personas, lo que supone que da como catalanoparlantes a valencianos y baleares, quienes, ya saben, consideran sus lenguas como propias y no como catalán, frente a lo que defienden los partidarios de los “Païssos Catalans”, que nunca existieron. Como ven, poco importa hacer el ridículo, caer en incoherencias manifiestas, meterse en cualquier charco o avivar y reavivar conflictos ya superados con tal de contentar al prófugo Puigdemont para que preste sus siete votos y que Sánchez sea investido presidente….luego, ya veremos qué pasa.

            Entretanto en el PSOE sanchista, poseso con la investidura de Sánchez, despachan las críticas de Felipe González con un escueto “su tiempo ya pasó”, mientras en el PP Feijóo manifiesta que “defenderemos la igualdad de los españoles aunque nos cueste la Presidencia” y rechaza la amnistía, a lo que se une la CEOE, cuyo presidente, Garamendi, dice “estamos con la unidad de España y con la Constitución” mientras Ayuso arenga al PP a unirse para “alzar la voz” y reta a Sánchez a repetir elecciones con la amnistía en su programa, en tanto que Semper desconcierta al PP al utilizar el euskera en el Congreso, y Vox abandona el hemiciclo. En Europa, los grandes de la UE, donde todas las lenguas oficiales son obviamente lengua oficial en su respectivo país y no sólo cooficiales, ven “sorprendente” el despliegue del Gobierno español para contentar a Puigdemont, Bruselas frustra el intento de aprobar por la vía rápida que el catalán sea oficial, pese al esfuerzo de Albares país por país para convencerles de lo contrario, aunque Moncloa sabe que “a Puigdemont le basta con que ganemos tiempo; sabe que es prácticamente imposible”.

            Así las cosas, mientras incluso el sector progresista del TC advierte que nadie puede dar por hecho su apoyo a la amnistía, y tras el hito del independentismo al imponer la discordia lingüística, que ERC, Junts y Bildu celebran con euforía (no es para menos), el indultado Junqueras se jacta en la Cámara, no se arrepiente de nada y dice que en agosto pactó la amnistía con el PSOE y Noguera añade que lo próximo será la “autodeterminación”, mientras los socios de Sánchez reivindican que son “naciones diferentes”. Y mientras Yolanda Díaz trata sin éxito reunirse con Marta Rovira en Ginebra y el Gobierno prioriza el catalán en la UE, Junts insta al PSOE a aparcar el debate sobre la vía unilateral y exige primar la negociación sobre la amnistía y quitar el foco ahora de las condiciones al independentismo (es consciente de que esta especie de reventa a plazos de nuestro Estado de Derecho democrático puede fracasar si se convierte en una liquidación instantánea por cierre), aunque el prófugo Puigdemont prefiere seguir apretando la tuerca. En definitiva, tiempos difíciles para la democracia en España, cuando la única noticia positiva al efecto es que, después de 17 años, la ciudad de Barcelona recupera la normalidad institucional con el Rey, ya que, tras los intolerables pero tolerados desplantes de Colau y del secesionismo Felipe VI, nuestro Jefe de Estado, recibe en Audiencia en la Ciudad Condal a su alcalde, el socialista Collboni….¿hasta cuándo?, esa es la cuestión, pues es inadmisible que el Jefe de Estado sea vetado y desairado en un Estado de Derecho democrático por los gobernantes de las instituciones del mismo, como impunemente hacen algunos de ellos en nuestro país sin que ello les impida ser socios del mismísimo gobierno de la nación. Y para poner la guinda a tanto desmadre democrático, según SigmaDos, Otegi está bien cerca de convertirse en el próximo lehendakari del País Vasco ante la fuerte caída del PNV, pues EHBildu obtendría 27 escaños, dos más que Urkullu, que cede seis, mientras el PSOE vasco repunta y sería clave para que gobierne uno de los dos, pues ambos son sus socios en Madrid, al margen de que uno sea de izquierda radical y otro de la derecha más tradicionalista y conservadora, lo que para Sánchez no supone problema alguno para su Gobierno “progresista”….¿que decidirá en Euskadi si tiene que optar entre el “progresista” PNV y el “progresista” EHBildu? Misterios sin resolver.

            En lo que se refiere a otros asuntos cabe citar que en las CCAA gobernadas por el PP anuncian rebajas fiscales en Sucesiones e IRPF en pleno debate sobre la financiación; que la Economía creció 1´3 puntos más de lo calculado tras la covid; que la mayoría de las jugadoras de futbol de la Selección rechazan que se las convoque pero Montse Tomé llama a 23 de ellas sin que se hay resuelto el conflicto con la Federación; que las CCAA gobernadas por PP y Vox recortan en educación pública y elevan su apoyo a la concertada, que también es pública; y que decenas de menores son víctimas de fotos falsas suyas de desnudos elaboradas mediante inteligencia artificial y que han sido denunciadas en Almendralejo por las familias de los alumnos y, al efecto, la policía investiga todo este feo asunto.

Fdo. Jorge Cremades Sena