UN ESTADO PLURINACIONAL

 

                        Cuando nos movemos en el oscurantismo y la ambigüedad calculada en vez de movernos en la transparencia, puede pasar cualquier cosa y, en medio del turbio enredo negociador de cara a la investidura, emerge Urkullu con la propuesta de un pacto territorial para reinterpretar la Constitución reclamando más autogobierno con “capacidad de decidir” pactada para Euskadi, Cataluña y Galicia (a las demás CCAA que les den morcilla), y, sorprendentemente, ante semejante propuesta, el Gobierno sanchista en funciones destaca con la boca grande que lo considera “legítimo” aunque con la boca pequeña dice que no lo comparte, mientras el Ejecutivo catalán se desmarca del pacto territorial que propone el PNV. De esta manera, invirtiendo los términos, el Gobierno se sigue inclinando por el oscurantismo, pues, en todo caso, lo que tendría que destacar y aclarar es si rechaza o no la propuesta peneuvista (al igual que debiera hacer con otras que le exige el secesionismo) en vez de enfatizar sobre la obviedad de su legitimidad, pues “legítimo” es “todo lo que se hace o establece con arreglo a la ley o el derecho o que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable”….y, que yo sepa, la propuesta de Urkullu, como la inmensa mayoría de las propuestas que se hacen, no contraviene las exigencias del término y, por tanto, es legítima, siendo ocioso pues que se enfatice sobre lo obvio. El énfasis, en términos políticos, hay que ponerlo pues en la concordancia o no que con dicha propuesta tenga el partido que gobierna (y el resto de partidos) y su disposición o no para hacerla viable por los mecanismos legales establecidos, pues todo lo demás es engañar miserablemente a la ciudadanía. Lo que propone Urkullu, hablando alto y claro, es una especie de “convención constitucional” para ir a una España “plurinacional” privilegiando a Euskadi, Cataluña y Galicia, lo que, al margen de ser legítimo o no, atenta de entrada contra el elemental principio y derecho constitucional de la “igualdad” de todos los españoles y, obviamente, eso requiere de una reforma profunda de nuestra Carta Magna mediante una mayoría parlamentaria cualificada en vez de raras convenciones propagandísticas y, al efecto, al margen de que el Ejecutivo lo vea positivo, de que el PSOE se abra a un “debate constructivo” o de que el PP rechace la propuesta del lehendakari, lo honesto y transparente es que cada partido (y muy especialmente PSOE y PP al ser los mayoritarios, y por tanto imprescindibles para alcanzar la requerida mayoría parlamentaria cualificada) deje bien claro si asume o no la “legítima” propuesta peneuvista haciéndola como suya o rechazándola tajantemente para que todos los ciudadanos sepamos a qué atenernos y podamos decidir con conocimiento de causa. Y, dado que el pueblo español es el soberano, sería paradójico que un Gobierno que se autoproclama defensor de la igualdad, no tenga claro si en esa “igualdad” incluye también, además de la de género, la de todos los españoles, tal como éstos acordaron al elaborar la Carta Magna vigente, que ahora se intenta reinterpretar, mientras los juristas cuestionan que una convención sirva para ello. Quede claro pues que el debate no está en si la propuesta de Urkullu es legítima o no, sino en quienes, con idéntica legitimidad, están a favor o contra de asumirla y, especialmente, en si asumen o no los procedimientos para hacerla viable legalmente; y, de momento, hemos de reconocer, guste o no guste, que quien lo tiene más claro y lo expresa contundentemente es Feijóo instando a Sánchez a que defienda la “igualdad de todos los españoles” y a que no se someta al “chantaje” de Puigdemont y del secesionismo, diciendo bien claro que, como aspirante y candidato a ser investido, “os puedo asegurar que a esa presidencia no vamos a llegar por atajos en la igualdad de los españoles”. ¿Lo puede asegurar Sánchez con idéntica rotundidad? En caso contrario, no pasa nada si afirma rotundamente que el PSOE asume la oferta de Urkullu (o las de Junts, ERC o Bildu al necesitar a todos ellos para ser investido) para que sepamos a qué atenernos, pero lo que no puede hacer es mentirle a los españoles, aunque ya sabemos que, según el propio Sánchez, él no miente ya que simplemente cambia de opinión. 

            Y todo esto después de que varios ministros se tomen a pitorreo la propuesta que el candidato Feijóo hace a Sánchez para intentar salir del laberinto gubernamental en que estamos inmersos, propuesta que puede ser aceptada o rechazada con argumentos o con una alternativa mejor, pero que, en ningún caso, debe ser despachada y ridiculizada con argumentos mitineros, más o menos graciosos, como el de la Ministra Alegría, quien, frívola y alegremente, rechaza un asunto tan serio con la gracieta de que en el PP “han pasado de querer derogar a rogar al sanchismo”, cuando no hay ruego alguno sino una propuesta consistente en acordar seis “pactos de Estado” durante una legislatura corta de dos años con un gobierno de Feijóo, ganador de los comicios, compuesto por quince ministros (casi la mitad de los actuales) que incluya independientes (no independentistas), pues, según el “candidato”, España no debe estar en manos de “independentistas envalentonados”. Ante dicha propuesta Sánchez, instalado en su dialogante “no es no” (le ha faltado decir “qué parte del no, no entiende”), mientras es incapaz de decírselo a los secesionistas, deja bien claro que ni por activa ni por pasiva facilitará la investidura de Feijóo y, como todo el secesionismo está en sintonía con él, el líder popular ya asume que su investidura será fallida (algunos lo sabemos desde el día después de las elecciones) y, considerando que Moncloa actúa ya como si ERC, Bildu y PNV fueran filiales socialistas, manifiesta que “el PSOE prefiere pactar con los independentistas y negociar amnistías” y añade que, en todo caso, “no quiero ser presidente a cualquier precio, a costa de la igualdad de los españoles”, mientras Sánchez se aferra a negociar con los secesionistas y no firmará nada con los populares a quienes sí propone (él no ruega, propone y negocia) un pacto para renovar el CGPJ antes de que acabe el año y con ERC pacta una reforma del Reglamento del Congreso para usar otras lenguas en la Cámara. Y entretanto Ayuso, aunque apoya el intento de Feijóo de pactar con el PSOE una salida a la preocupante situación de ingobernabilidad matiza en referencia al PSOE que “no nos damos cuenta y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron” y añade que “reinterpretar la Constitución no se ha visto ni en los populismos de América” y critica la deriva del PSOE porque admite ahora compañeros de viaje que “hace dos años les parecían un horror”.

            La triste realidad es que en medio de este oscurantismo político, una vez fallida la investidura de Feijóo, la investidura de Sánchez gracias al secesionismo amenaza el modelo territorial diseñado en nuestra Constitución y Urkullu le facilita el camino para llegar a ese hipotético “Estado plurinacional” que propone, mientras el PSOE no lo rechaza con contundencia, porque, de hacerlo, la investidura de Sánchez estaría en juego ya que el lehendakari (y por tanto el PNV) pide que la investidura de Sánchez valga para reformar la Constitución de forma encubierta sin el Congreso, donde no hay mayoría parlamentaria suficiente ni aunque el PSOE se decantase claramente por apoyarlo; y como ese “nuevo pacto” supone conceder “capacidad de decidir” a gallegos, catalanes y vascos, pone en alerta a la Comunidad de Madrid, Andalucía y al resto de CCAA, donde el PSOE sanchista deberá explicar esta flagrante ruptura de la igualdad de los españoles, que ni el gobierno ni el PSOE rechazan con contundencia, lo que sólo puede entenderse por la prevalencia de los intereses personales de Sánchez frente a los intereses generales de todos los españoles y del Estado de Derecho establecido. Entretanto Sánchez ya traslada a su entorno su optimismo de cara a su investidura, mientras fuentes socialistas se aferran a la “prudencia” y alejan el escenario de una repetición electoral, que será la excusa para avalar cualquier cosa, mientras el PP de Madrid teme el “daño” que puede hacerles la reunión de Sánchez con Junts, pues puede suponer “cruzar una línea roja” sin que se vaya a obtener “ningún rédito”, advirtiendo del riesgo de que Sánchez lo utilice para “blanquear” su acuerdo con Puigdemont, mientras Feijóo defiende negociar con Junts pero sin “chantajes” en tanto que, por otro lado, en Murcia el popular López Miras, precisamente con el pretexto de evitar repetir elecciones, que le viene a Sánchez como anillo al dedo, llega a un acuerdo con Vox para un gobierno de coalición, después de dos meses de parálisis, y aceptará entregar a los de Abascal dos consejerías, una de ellas con rango de Vicepresidencia. ¿Acaso es peor en democracia repetir comicios que moverse en este fango oscurantista con mentiras, que luego llaman cambios de opinión? En fin, es obvio que el descrédito de la política con tan mediocres políticos está más que justificado.

            Así las cosas, es más que comprensible que en las circunstancias citadas los partidos más minoritarios campen a sus anchas, sabedores que el chantaje es la moneda de cambio para sacar adelante sus minoritarias propuestas. La realidad es que el PSOE asume ya el debate territorial (el polémico Título VIII de la Constitución) para la investidura con el protagonismo del procés, el plan de Urkullu y la financiación autonómica, que ponen a prueba el modelo de Estado con un protagonista indiscutible e indispensable, el prófugo Puigdemont, que es quien marca el ritmo y las condiciones de la investidura, afirmando que todavía “no hay ninguna negociación” y que “no se ha presentado ningún proyecto de amnistía a ningún partido”, mientras anuncia que, desde su refugio en Waterloo, dirá en breve sus condiciones previas para sentarse a negociar. No obstante los secesionistas también exhiben sus contradicciones antes de iniciar la negociación con Sánchez, pues Junts, ERC, Bildu y PNV (todos y cada uno de ellos imprescindibles para la investidura, ya que Sánchez necesita a todos) se enzarzan entre ellos al defender medidas y proyectos incompatibles (como sucede entre PSOE y UPodemos, hoy Sumar, en el Gobierno de coalición sanchista), al extremo de que los republicanos se unen a Junts y votan en el Parlament recurrir la Ley de Vivienda que Sánchez les permitió incluso presentar en el Congreso de los Diputados y que ensalzaron para avalar su presentación. ¿No es todo esto patético e insoportable? Sin duda el envalentonamiento del secesionismo ante la debilidad de Sánchez es realmente patético…..¡tan difícil es decirles no a sus minoritario planteamientos! Y luego nos lamentamos de que pasan las cosas que pasan…..lo tenemos sobradamente merecido.

            Y todo ello medio oscurecido por el turbio caso Luis Rubiales, cuyo tío Juan y ex jefe de su gabinete, manifiesta que “el Gobierno le ha protegido de una forma inconcebible” y añade, sobre la fiesta de la Federación en Salobreña “le dije, te has vuelto loco, estas chicas tienen 18 años, podrían ser tus hijas”; sobre la Supercopa en Arabia, “hubo una propuesta de Qatar para quedársela, pero la rechazó porque Piqué no se llevaba comisión”; y sobre el respaldo del Ejecutivo “Rubiales apoyó a Sánchez cuando tuvo problemas y le vendió que iba a traer el Mundial a España”….. Ahora, tras mirar hacia otro lado, el Gobierno naufraga en su plan de echar a Rubiales y el TAD considera que no fue falta “muy grave” su indecente comportamiento en la entrega de trofeos del Mundial, cuando hay asuntos en su gestión bastante peores que este incidente vergonzoso y sobre ellos se ha pasado de largo, incluida la ministra Irene Montero que ahora, intentando arrimar el ascua a su sardina, dice que “el movimiento feminista es lo mejor que tiene este país” que, por cierto, sufre el peor verano en violencia machista en un lustro con quince asesinadas……¿estaremos haciendo algo mal? Esta es la cuestión que debiéramos poner encima de la mesa. Pero no hay que preocuparse, seguramente todo se resolverá con el “Estado plurinacional” que propone el secesionismo y que el gobierno de coalición PSOE-UPodemos (hoy PSOE-Sumar) no descarta.

Fdo. Jorge Cremades Sena