miércoles, 4 de octubre de 2017

DESLEALTAD INADMISIBLE



                        Si lo que está haciendo la Generalitat no supone, como mínimo, una “deslealtad inadmisible” contra el Estado al que representa, tal como denuncia el Rey en su discurso institucional, que venga Dios y lo vea, porque hasta un ciego con mínimas dosis de objetividad así lo vería. Por tanto es incomprensible que algunos, los de siempre, arremetan contra el Jefe del Estado, por su impecable discurso dirigido a todos los españoles, quienes debiéramos exigir a los agoreros de la catástrofe que explicaran con qué parte del relato no concuerdan o qué parte del mismo no se ajusta a la realidad y que, en todo caso, qué debiera haber dicho Felipe VI en su histórico discurso para que estuvieran de acuerdo con él. Nada mejor pues que destacar literalmente lo más importante del discurso real a la espera de que los agoreros de la catástrofe sean capaces de comparecer ante los ciudadanos para explicarles en qué consiste concretamente su desacuerdo en vez de arremeter, como suelen hacer, de forma genérica y sin argumento alguno contra todo lo que, a su juicio entienden que perjudica sus particulares intereses políticos de cara al futuro, contrario normalmente al interés general y mayoritario de todos los españoles. El Rey, es decir, el Jefe del Estado hace una llamada a restaurar el orden constitucional en Cataluña y emplaza a los “poderes del Estado” a acabar con la “deslealtad inadmisible” de la Generalitat… ¿Algo que objetar al respecto? Y lo hace literalmente así: “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional”, indicando el camino al Gobierno y avalando la toma de medidas excepcionales contra los golpistas de la Generalitat, porque el asunto a resolver es obviamente excepcional, ya que “han quebrantado los principios democráticos”, “han menospreciado los afectos que han unido y unirán al conjunto de los españoles”, “pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña” y “han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana llegando, desgraciadamente, a dividirla; está fracturada y enfrentada”; y todo ello cuando precisamente “vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas”… ¿Alguna otra alternativa a lo que sostiene el Rey? ¿Alguna falsedad en su diagnóstico? Añade además un mensaje de esperanza en estos momentos difíciles: “lo superaremos porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos” sin olvidarse de los catalanes que peor lo están pasando por no someterse a los totalitarios planteamientos de sus gobernantes independentistas, manifestando que “a quienes en Cataluña sienten inquietud con la conducta de las autoridades les digo que no están solos ni lo estarán, tienen el apoyo del resto de los españoles”. Y para finalizar deja meridianamente clara su postura como Jefe del Estado: “subrayo mi compromiso como Rey con la unidad y permanencia de España”, es decir con el proyecto acordado por el pueblo español y plasmado en la vigente Constitución. ¿Qué parte del discurso no se entiende o es susceptible de reprobación o crítica razonada? Ninguna. Y si alguien la tiene que la diga, pero que no siga deteriorando nuestra democracia poniéndose sibilinamente del lado de los golpistas con vaguedades genéricas demagógicas y descalificaciones inconsistentes hacia los demócratas. Aplauso pues al valiente y sensato discurso de nuestro Jefe de Estado.
            Y todo ello mientras que la Generalitat traslada la insurrección a las calles en una jornada de desórdenes generalizados en Cataluña, con grupos independentistas radicales hostigando a guardias civiles y policías en varias ciudades, con amenazas por parte de autoridades locales a los dueños de hoteles para que les desalojen, con insultos en los colegios a los hijos de los agentes por ser “criaturas malnacidas”, con asedios constantes y permanentes a los lugares donde policías y guardias civiles están y se alojan, incluida la Jefatura General de la Policía en Barcelona, con persecuciones y acosos a los coches policiales por las calles… Y todo ello alentado por la exigencia pública de Puigdemont de que las Fuerzas de Seguridad del Estado se larguen cuanto antes de Cataluña, caótica y colapsada además por una insólita huelga institucional (que no laboral) promovida por el irresponsable Govern, lo que en su conjunto, y especialmente la revuelta callejera alentando las efectivas falsedades de la propaganda independentista y antiespañola, abre la vía, si es que ya no está abierta, al delito de rebelión que, entre otros, llevaría a Puigdemont a enfrentarse a una pena de entre quince y veinticinco años de cárcel, mientras, sorprendentemente (y esto es lo grave), ya se rebasaron todos los límites del delito de sedición (basta informarse en el Código Penal) sin que de momento tenga consecuencias para los presuntos sediciosos, cuando en cualquier otro Estado de Derecho, que se precie, conductas similares tan graves ya hubieran llevado a sus autores y promotores a una situación de prisión preventiva, previa demanda judicial al respecto. Es obvio que el miedo a lo que pueda pasar es la peor respuesta de un Estado de Derecho ante un claro desafío totalitario, pues las peores consecuencias se darán siempre si dicho golpe de Estado triunfa.
            Entretanto, cabe lamentar además que Rajoy y Sánchez no alcanzaran una respuesta común al separatismo, y que tanto PSOE como PP, por razones distintas, se resistan a aplicar el artículo 155 de la Constitución como pide Albert Rivera, que el líder socialista reclame ahora al Presidente del Gobierno un diálogo imposible y claudicante con el alzado Puigdemont y que desde el PSOE de Sánchez se haga responsable de la actuación de policías y guardias civiles el 1-O a Saénz de Santamaría y en consecuencia pidan la reprobación de la Vicepresidenta del Gobierno en el Congreso, que no ha previsto reunirse para tratar la crisis catalana hasta el próximo día diez, aunque siempre habrá quien diga que otros, como Podemos, apuntan más alto y responsabilizan directamente a Rajoy, exigiéndole al PSOE que se sume a una moción de censura para echarlo del Gobierno. Es obvio que hay quienes sólo ven violencia en quienes, curiosamente, tienen la legitimidad de ejercerla si llega el caso, pero son miopes o ciegos ante la expulsión de la Guardia Civil de Calella y otros pueblos catalanes, ante el asedio de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona y de las sedes del PP y Ciudadanos, ante los escupitajos e insultos soeces a las fuerzas de Seguridad del Estado y ante toda una serie de provocaciones, más o menos violentas, con el único objetivo de extender el caos para después acusar de torturas a quienes legítimamente tienen en exclusiva ejercer la violencia no sólo ya para autodefenderse sino además para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y el orden público. Algunos incluso, como Ada Colau, tiene la desfachatez de acusar a los agentes de ser agresores sexuales y el Govern de agresores, mientras el Gobierno, que sigue valorando si suspende a Puigdemont, Junqueras y Forcadell, sospecha que los Mossos, en los que se había confiado, pactaron con la Generalitat cuántos colegios precintarían, dejando al resto que actuaran a su libre albedrío, lo que provocó sin duda el caos el 1-O y puso a policías nacionales y guardias civiles al pie de los caballos. Destacar además que Inés Arrimadas dice que “la gestión del 1-O por parte del Gobierno ha sido un fracaso”, que los líderes europeos cierran filas con la unidad de España tras el 1-O, que CCOO, UGT y CSIF no se sumaron a la huelga institucional para no avalar la declaración de independencia, que se da un severo castigo a los valores catalanes en la Bolsa española, que PDeCAT y la ANC pidieron elecciones a Puigdemont para evitar el 155 mientras CUP y ERC querían proclamar la independencia unilateral tras el recuento del ilegal referéndum, y que la incomprensible apelación de Sánchez al diálogo para no apoyar a Rajoy en la suspensión de la autonomía, reclamando ahora la aplicación de la reforma de la Ley del TC que rechazó en su día, siendo reticente a aplicar el 155, es contestada por cualificados socialistas de la vieja guardia de forma tajante.
            En cuanto se refiere a otros asuntos cabe citar que Reino Unido sale al rescate de 110.000 viajeros de Monarch Airlines, cuya quiebra ha dejado atrapados a dichos británicos que serán repatriados por el Gobierno; y que en EEUU se da la peor matanza por arma de fuego en el país al disparar un hombre desde el piso 32 de un hotel de Las Vegas contra los 22.000 asistentes a un concierto y dejar 59 muertos y más de 500 heridos para después suicidarse, todo ello en un país con casi cien víctimas a tiros cada día.
                                                Jorge Cremades Sena

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