Si
lo que está haciendo la Generalitat no supone, como mínimo, una “deslealtad
inadmisible” contra el Estado al que representa, tal como denuncia el Rey en su
discurso institucional, que venga Dios y lo vea, porque hasta un ciego con
mínimas dosis de objetividad así lo vería. Por tanto es incomprensible que
algunos, los de siempre, arremetan contra el Jefe del Estado, por su impecable
discurso dirigido a todos los españoles, quienes debiéramos exigir a los
agoreros de la catástrofe que explicaran con qué parte del relato no concuerdan
o qué parte del mismo no se ajusta a la realidad y que, en todo caso, qué
debiera haber dicho Felipe VI en su histórico discurso para que estuvieran de
acuerdo con él. Nada mejor pues que destacar literalmente lo más importante del
discurso real a la espera de que los agoreros de la catástrofe sean capaces de
comparecer ante los ciudadanos para explicarles en qué consiste concretamente su
desacuerdo en vez de arremeter, como suelen hacer, de forma genérica y sin
argumento alguno contra todo lo que, a su juicio entienden que perjudica sus
particulares intereses políticos de cara al futuro, contrario normalmente al
interés general y mayoritario de todos los españoles. El Rey, es decir, el Jefe
del Estado hace una llamada a restaurar el orden constitucional en Cataluña y
emplaza a los “poderes del Estado” a acabar con la “deslealtad inadmisible” de
la Generalitat… ¿Algo que objetar al respecto? Y lo hace literalmente así: “es
responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden
constitucional”, indicando el camino al Gobierno y avalando la toma de medidas
excepcionales contra los golpistas de la Generalitat, porque el asunto a
resolver es obviamente excepcional, ya que “han quebrantado los principios
democráticos”, “han menospreciado los afectos que han unido y unirán al
conjunto de los españoles”, “pueden poner en riesgo la estabilidad económica y
social de Cataluña” y “han socavado la armonía y la convivencia en la propia
sociedad catalana llegando, desgraciadamente, a dividirla; está fracturada y
enfrentada”; y todo ello cuando precisamente “vivimos en un Estado democrático
que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender
sus ideas”… ¿Alguna otra alternativa a lo que sostiene el Rey? ¿Alguna falsedad
en su diagnóstico? Añade además un mensaje de esperanza en estos momentos
difíciles: “lo superaremos porque creemos en nuestro país y nos sentimos
orgullosos de lo que somos” sin olvidarse de los catalanes que peor lo están
pasando por no someterse a los totalitarios planteamientos de sus gobernantes
independentistas, manifestando que “a quienes en Cataluña sienten inquietud con
la conducta de las autoridades les digo que no están solos ni lo estarán,
tienen el apoyo del resto de los españoles”. Y para finalizar deja
meridianamente clara su postura como Jefe del Estado: “subrayo mi compromiso
como Rey con la unidad y permanencia de España”, es decir con el proyecto
acordado por el pueblo español y plasmado en la vigente Constitución. ¿Qué
parte del discurso no se entiende o es susceptible de reprobación o crítica
razonada? Ninguna. Y si alguien la tiene que la diga, pero que no siga
deteriorando nuestra democracia poniéndose sibilinamente del lado de los
golpistas con vaguedades genéricas demagógicas y descalificaciones
inconsistentes hacia los demócratas. Aplauso pues al valiente y sensato
discurso de nuestro Jefe de Estado.
Y
todo ello mientras que la Generalitat traslada la insurrección a las calles en
una jornada de desórdenes generalizados en Cataluña, con grupos
independentistas radicales hostigando a guardias civiles y policías en varias
ciudades, con amenazas por parte de autoridades locales a los dueños de hoteles
para que les desalojen, con insultos en los colegios a los hijos de los agentes
por ser “criaturas malnacidas”, con asedios constantes y permanentes a los
lugares donde policías y guardias civiles están y se alojan, incluida la
Jefatura General de la Policía en Barcelona, con persecuciones y acosos a los
coches policiales por las calles… Y todo ello alentado por la exigencia pública
de Puigdemont de que las Fuerzas de Seguridad del Estado se larguen cuanto
antes de Cataluña, caótica y colapsada además por una insólita huelga
institucional (que no laboral) promovida por el irresponsable Govern, lo que en
su conjunto, y especialmente la revuelta callejera alentando las efectivas
falsedades de la propaganda independentista y antiespañola, abre la vía, si es
que ya no está abierta, al delito de rebelión que, entre otros, llevaría a
Puigdemont a enfrentarse a una pena de entre quince y veinticinco años de
cárcel, mientras, sorprendentemente (y esto es lo grave), ya se rebasaron todos
los límites del delito de sedición (basta informarse en el Código Penal) sin
que de momento tenga consecuencias para los presuntos sediciosos, cuando en
cualquier otro Estado de Derecho, que se precie, conductas similares tan graves
ya hubieran llevado a sus autores y promotores a una situación de prisión
preventiva, previa demanda judicial al respecto. Es obvio que el miedo a lo que
pueda pasar es la peor respuesta de un Estado de Derecho ante un claro desafío
totalitario, pues las peores consecuencias se darán siempre si dicho golpe de
Estado triunfa.
Entretanto,
cabe lamentar además que Rajoy y Sánchez no alcanzaran una respuesta común al
separatismo, y que tanto PSOE como PP, por razones distintas, se resistan a
aplicar el artículo 155 de la Constitución como pide Albert Rivera, que el
líder socialista reclame ahora al Presidente del Gobierno un diálogo imposible
y claudicante con el alzado Puigdemont y que desde el PSOE de Sánchez se haga
responsable de la actuación de policías y guardias civiles el 1-O a Saénz de
Santamaría y en consecuencia pidan la reprobación de la Vicepresidenta del
Gobierno en el Congreso, que no ha previsto reunirse para tratar la crisis
catalana hasta el próximo día diez, aunque siempre habrá quien diga que otros,
como Podemos, apuntan más alto y responsabilizan directamente a Rajoy,
exigiéndole al PSOE que se sume a una moción de censura para echarlo del
Gobierno. Es obvio que hay quienes sólo ven violencia en quienes, curiosamente,
tienen la legitimidad de ejercerla si llega el caso, pero son miopes o ciegos
ante la expulsión de la Guardia Civil de Calella y otros pueblos catalanes,
ante el asedio de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona y de las sedes
del PP y Ciudadanos, ante los escupitajos e insultos soeces a las fuerzas de Seguridad
del Estado y ante toda una serie de provocaciones, más o menos violentas, con
el único objetivo de extender el caos para después acusar de torturas a quienes
legítimamente tienen en exclusiva ejercer la violencia no sólo ya para autodefenderse
sino además para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y el orden
público. Algunos incluso, como Ada Colau, tiene la desfachatez de acusar a los
agentes de ser agresores sexuales y el Govern de agresores, mientras el
Gobierno, que sigue valorando si suspende a Puigdemont, Junqueras y Forcadell,
sospecha que los Mossos, en los que se había confiado, pactaron con la Generalitat
cuántos colegios precintarían, dejando al resto que actuaran a su libre
albedrío, lo que provocó sin duda el caos el 1-O y puso a policías nacionales y
guardias civiles al pie de los caballos. Destacar además que Inés Arrimadas
dice que “la gestión del 1-O por parte del Gobierno ha sido un fracaso”, que
los líderes europeos cierran filas con la unidad de España tras el 1-O, que
CCOO, UGT y CSIF no se sumaron a la huelga institucional para no avalar la
declaración de independencia, que se da un severo castigo a los valores catalanes
en la Bolsa española, que PDeCAT y la ANC pidieron elecciones a Puigdemont para
evitar el 155 mientras CUP y ERC querían proclamar la independencia unilateral
tras el recuento del ilegal referéndum, y que la incomprensible apelación de
Sánchez al diálogo para no apoyar a Rajoy en la suspensión de la autonomía, reclamando
ahora la aplicación de la reforma de la Ley del TC que rechazó en su día,
siendo reticente a aplicar el 155, es contestada por cualificados socialistas
de la vieja guardia de forma tajante.
En
cuanto se refiere a otros asuntos cabe citar que Reino Unido sale al rescate de
110.000 viajeros de Monarch Airlines, cuya quiebra ha dejado atrapados a dichos
británicos que serán repatriados por el Gobierno; y que en EEUU se da la peor
matanza por arma de fuego en el país al disparar un hombre desde el piso 32 de
un hotel de Las Vegas contra los 22.000 asistentes a un concierto y dejar 59
muertos y más de 500 heridos para después suicidarse, todo ello en un país con
casi cien víctimas a tiros cada día.
Jorge Cremades Sena
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