Después
de la permanente movilización callejera soberanista con constantes
manifestaciones y concentraciones masivas de lo que los gobernantes
independentistas llaman “el pueblo catalán”, no sabemos si a la multitudinaria
manifestación de ayer en Barcelona (comparable a las más numerosas que se hayan
visto anteriormente) contra el separatismo y por la Constitución dichos
gobernantes la considerarán del “pueblo catalán” o de los extraterrestres. En
efecto, harta de soportar agresiones y desprecios por parte de los
independentistas, la mayoría silenciosa sale a la calle para decir “¡basta!” y
contrarrestar la apropiación de su identidad en favor de totalitarios proyectos
soberanistas que sólo conducen al caos y la miseria social y económica. Una
masiva e histórica manifestación en la que cientos de miles de personas inundan
las calles de Barcelona para gritar “¡se acabó la marginación, tenemos derecho
a ser tenidos en cuenta!”, “no podrán dividir España” o “España somos todos”,
entre otros lemas por la unidad, el pluralismo y la democracia constitucional,
como clamor de la mayoría silenciosa, menospreciada por el Govern de Cataluña, sobre todo cuando esta otra parte del pueblo
catalán, frente a la otra, representa la verdadera democracia y, como en
cualquier democracia occidental, no quiere que ningún tipo de totalitarismo
atropelle sus derechos enmarcados en la Constitución, bastante atropellados
hasta la fecha. Como colofón a la masiva manifestación, convocada por la
Sociedad Civil Catalana, el premio Nobel Vargas Llosa, manifiesta que los
independentistas “quieren convertir a Cataluña en un país tercermundista” y el
ex ministro Borrell dice, especialmente a los empresarios, que “esto no hubiera ocurrido si hubierais avisado
antes”, lo que, extendido a todos y no sólo a los empresarios, es totalmente
cierto, pues nada peor ante los totalitarismos que una cierta permisividad o
mirar para otro lado ante sus progresivos desmanes anticonstitucionalistas y,
por tanto, antidemocráticos. Ya en la víspera de esta multitudinaria reacción
democrática en la capital catalana, se dieron manifestaciones en toda España,
incluida Cataluña, por el diálogo y contra el separatismo, en las que decenas
de miles de personas (con Madrid y Barcelona como las que reunieron el mayor
número de asistentes) defendían la unidad y la Constitución, inundando de
banderas blancas las que abogaban por el diálogo y con banderas de España (la
de todos los españoles, incluidos los catalanes) las que lo hacían por la
unidad y para que el Gobierno de España tome medidas contra semejante agresión
al Estado de Derecho, acentuando la reivindicación, bien en que Puigdemont
dialogue con Rajoy, bien en que el “president” vaya a prisión. Todo va a
depender de las decisiones que tome Puigdemont pues sólo de él depende hundirse
más todavía en el fango totalitario independentista, agravando su situación, o
atenuándola si intenta salir del mismo y se niega a proclamar unilateralmente
la independencia.
Pero
Puigdemont y su Govern, secuestrados por la CUP, prefieren llegar hasta el
final en su desafío al Estado de Derecho, conscientes de que el camino sin
retorno que han elegido tiene difícil salida personal para ellos, y, haciendo
caso omiso incluso a este clamor democrático en la calle, mantiene la amenaza y
avisa de que mañana declarará la independencia de Cataluña, y, ante la fuga de
empresas de su territorio (Aghar se va y Planeta se lo piensa), que continúa
inevitablemente, contesta en privado a los empresarios: “os comprendo, pero la
única salida es la mediación” (como si viviéramos en un país tercermundista y
antidemocrático), en tanto que Rajoy, con buen criterio, sostiene que “dentro
de la ley se puede negociar todo” por lo que dice “no busco ni necesito
mediadores” pues “impediré que la declaración de independencia, si la hubiere,
signifique algo”, y añade que “la Guardia Civil y la Policía seguirán en
Cataluña hasta que vuelva la normalidad”. Es decir, que el primer requisito
para cualquier negociación o solución futura es que Puigdemont regrese a la
normalidad legal, ya que es inadmisible negociar con el chantaje de la ilegal
declaración unilateral de independencia encima de la mesa. Por otro lado, la
oposición descarta que se forme ahora un gobierno de concentración, que el
propio Rajoy descarta, alegando que aunque ayudaría le basta con que le apoyen,
pues los socialistas piden que se abra un proceso negociado y Ciudadanos
insiste en que se aplique ya el artículo 155 de la Constitución y se inicie la
vía penal; no obstante, Sánchez negociará con Rajoy sobre la aplicación de
dicho artículo constitucional si Puigdemont finalmente proclama la
independencia.
Entretanto,
la imagen de Cataluña se sigue hundiendo por la huida de las empresas, mientras
el ministro de Finanzas francés, Bruno de Maire, afirma que “la división no es
buena para la estabilidad financiera” y los expertos sostienen que la factura
de la independencia, sin el euro y sin la UE, abocaría a que Cataluña se
enfrentase a una catástrofe económica de consecuencias incalculables. Por su
parte, Interior pone escolta a cargos del PP, PSC y Ciudadanos por la
radicalización que se vive en Cataluña, mientras jueces y fiscales dejan de
confiar en los Mossos por su inacción, critican su actuación durante el 1-O y
alertan sobre la “brecha” abierta, en tanto que fuentes del Ministerio Público
afirman que “algo se ha roto” y que costará “reparar el daño”. Daño, entre otras
cosas, al pretender los independentistas desprestigiar a la Guardia Civil y la
Policía Nacional (que, por cierto, cobran unos 900 euros mensuales menos que
los Mossos) por su actuación el 1-O, ajustada a derecho y proporcionalidad, con
mentiras y calumnias como la protagonizada por Marta “dedos rotos”, es decir,
de Marta Torrecillas, edil de ERC en Gallifa, afirmando públicamente ese día
“me han roto los dedos uno a uno expresamente”, falso testimonio que dio la
vuelta al mundo como falso ejemplo de la brutalidad policial, que
posteriormente y gracias a dos videos se ha demostrado su falsedad; no sabemos
qué credibilidad conservará la edil en su pueblo, pero sí sabemos que el
Govern, como con Marta, elevó a casi 900 los heridos y que se dieron
instrucciones para registrar incluso mareos y crisis nerviosas como ejemplos de
la barbarie policial, cuando sobran dedos de una mano para contar las víctimas
hospitalizadas de cierta consideración ese día. Ya ven, un ejemplo más entre
las viles mentiras en que se sostiene el totalitario “procés” independentista,
mientras, según NCReport, casi el 80% de los españoles, que son quienes
debieran decidir al respecto, rechazan la independencia de Cataluña, el 49´3%
se muestra partidario de aplicar el 155 de la Constitución y, en Cataluña, tres
de cada cinco se muestran contrarios a la desconexión unilateral y el 52´3%
denuncia un ambiente de odio….Puigdemont pues, tiene la última palabra,
mientras determinados tertulianos televisivos ya extienden el bulo de que si se
actúa en Cataluña para evitar el caos definitivo se estará humillando al pueblo
catalán, cuando precisamente lo que se pretende es que los presuntos
delincuentes totalitarios (como, entre otros, Puigdemont, Junqueras, Forcadell
y compañía) paguen por todo el daño que han hecho a Cataluña y al resto de
España. ¿O acaso han de irse de rositas tras la gravedad de los hechos que han
provocado y dirigido?
Jorge Cremades Sena
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