martes, 24 de octubre de 2017

NO VALEN MÁS TRAMPAS



                        Nadie podrá negar a estas alturas del “procés” independentista diseñado por el Govern de Cataluña que, desde su inicio, está basado en mentiras históricas para justificarlo y en más mentiras y trampas presentes para alimentar su desarrollo día a día. En efecto, ni hubo jamás un periodo histórico en que Cataluña gozara de independencia (siempre formó parte del Reino de Francia, de la Corona de Aragón o del Reino de España); ni España roba a Cataluña (es parte de España y como tal participa en todos los procesos financieros y de cualquier otro tipo como el resto de territorios españoles); ni existe jurídicamente el genérico derecho a decidir sin especificar qué, (ya deciden qué, y sólo qué, en cada momento en los diversos procesos electorales legales, ya sean locales, territoriales o generales), término confuso que utilizan malintencionadamente para enmascarar lo que realmente pretenden, el derecho de autodeterminación (no aplicable a la realidad catalana y por tanto no aceptable como tal por la comunidad internacional para el caso); ni los catalanes están oprimidos o cercenadas sus libertades (gozan del mayor autogobierno de toda su historia y en uno de los Estados, España, más descentralizados del mundo); ni una independencia unilateral, ilegítima e ilegal sería aceptada y reconocida por la comunidad internacional, ni, obviamente, por la UE, de la que quedaría excluida tal como han dejado claro sus dirigentes; ni tantas y tantas otras falacias vendidas irresponsablemente por el Govern y aprobadas ilegítimamente por el Parlament al margen del Estado de Derecho. Por todo ello, cueste lo que cueste, una vez llevado el desafío totalitario al borde del precipicio, obligando al Estado a poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, tan constitucional como los demás por excepcional que sea su aplicación, ya no cabe marcha atrás (ocasiones ha tenido Puigdemont y su Govern para evitarlo) y llevan toda la razón quienes, como el Gobierno, defienden que no valen “más trampas” y que, por tanto, no basta sólo con convocar autonómicas a estas alturas y aquí no pasa nada, salvo que la Generalitat vuelva a la “legalidad total” pues el daño ya causado no sólo debe ser reparado artificialmente sino que además se ha de garantizar de cara al futuro una certidumbre, necesaria en cualquier Estado de Derecho, de que no volverán a repetirse ni tolerarse comportamientos totalitarios a quienes gobiernen las diversas instancias territoriales, ya sean de cualquier ideología, independentista o no, y que, si delinquen actuando al margen de la Legalidad, deben apechugar, como cualquier otro hijo de vecino, con las consecuencias civiles y penales que diriman los tribunales de Justicia. Ya no valen más trampas ni mentiras, la aplicación del 155, por compleja y difícil que sea, ni pretende anular la autonomía de Cataluña, ni de ninguna otra; ni menosprecia o humilla al pueblo catalán, ni a ningún otro; ni es un gesto autoritario contra nadie… simplemente, como sucede en todos los Estados democráticos del mundo, pretende restaurar la normalidad democrática allá donde sus gobernantes la han atropellado sistemáticamente, como han hecho los actuales gobernantes de Cataluña, únicos responsables de lo que suceda.
            No valen más trampas ni mentiras para desacreditar la aplicación del 155 por su carácter insólito y excepcional (no aplicado jamás en nuestra democracia) ocultando que lo insólito, excepcional e intolerable es la deriva totalitaria del Govern de Cataluña y que, justo para atajar estos comportamientos antidemocráticos, es para lo que el artículo, copiado casi literalmente de la legislación de Alemania (territorio y pueblo desgraciadamente víctima de atroces gobernantes totalitarios en el pasado y curada de espanto para pretender evitarlo en el futuro), se incluyó en la Constitución Española de 1978. Y restaurar la normalidad democrática pasa porque los gobernantes acaten la legalidad democrática vigente y cesen a los altos cargos que no estén dispuestos a acatarla, como es su obligación. Por tanto los gobernantes democráticamente legitimados tras la aplicación del 155 con carácter temporal y transitorio, habrán de actuar en consecuencia y no debiera ser motivo de discusión alguna desde un prisma democrático, que dichas autoridades desmonten la nueva agencia tributaria ilegal de Cataluña; que acaben con la red de asesores del separatismo (un entramado integrado por trescientos cargos nombrados “a dedo”, cuyos sueldos suman 23´6 millones anuales); que releven a Trapero por otro mosso dispuesto a someterse con claridad meridiana a la legalidad democrática vigente; que se nombre o no un mando único para aplicar el artículo 155 o se tome cualquier otra decisión al respecto; que se acabe con el ejército de enchufados del secesionismo, unos 25.000 interinos colocados en plena crisis económica; que se cierren las “embajadas” políticas de Romeva; y que se tomen otra serie de medidas necesarias para volver a Cataluña a la normalidad democrática, incluidas las tendentes a normalizar la objetividad e imparcialidad en los medios públicos de comunicación como TV3. Ahora toca pues que cada palo aguante su vela y que Puigdemont, máximo responsable de esta situación, asuma sus responsabilidades: si quiere, por fin, comparecer ante el Senado (hasta ahora no lo ha hecho), que comparezca; si quiere convocar elecciones autonómicas, que las convoque; y si quiere declarar la independencia unilateral de Cataluña, que la declare. Sólo la plena restauración de la legalidad democrática en Cataluña paralizaría la aplicación efectiva del artículo 155 y me temo que ésta ni siquiera quedará restaurada ipso facto ni con la aplicación del 155, pues todo va a depender de las decisiones electorales que tomen los catalanes en las próximas elecciones autonómicas, ya sean convocadas por Puigdemont o por Rajoy. Y, de momento, según NCReport, el actual bloque soberanista perdería la mayoría absoluta: ERC ganaría los comicios con el 24´6% de votos y 41 escaños, seguido por Ciudadanos con el 19´2% y 26, PDeCAT con el 12´1% y 18, PSC con el 13´1% y 17, CSQP-Podemos con el 11´4% y 14, PP con el 10´5% y 13, y CUP con el 5´6% y 6; pero, aunque sólo se trate de sondeos, lo cierto es que, en caso de darse estos resultados, la última palabra en el próximo Parlament la tendrían los podemitas de Cataluña Si Que es Pot que recogerían el relevo de la CUP en las decisiones sobre el futuro de Cataluña… algo es algo, pero, ya ven, nada para echar cohetes, salvo que los catalanes finalmente decidan despejar más claramente el horizonte sobre el futuro que desean.
            Nadie dijo que desactivar un golpe de Estado fuera tarea fácil, todos tienen un cierto soporte social y éste, propiciado por los independentistas, lo tiene igualmente. Pero lo inaceptable es que algunos, que se llaman demócratas, apelen a dicha dificultad para oponerse a la aplicación del 155 y sigan hablando de inútiles diálogos con los golpistas, de ilegales referéndums pactados y otras pintorescas propuestas por el estilo que, en el fondo, suponen una claudicación ante los golpistas. Sólo la estricta aplicación de la Constitución y de las leyes emanadas de ella podrá afianzar la fortaleza del Estado de Derecho. Entretanto, el Govern asegura que “no está sobre la mesa” convocar elecciones ahora, crece la presión sobre Puigdemont para que aproveche su última oportunidad y no empeore más aún la situación, aumentan en Cataluña las denuncias de odio desde el triste 1-O, surgen las primeras grietas entre los socialistas por el apoyo de Sánchez a Rajoy (cuando de lo que se trata es del apoyo al Estado de Derecho, no a Rajoy), y se especula con que Rajoy y Puigdemont se verán las caras en el Senado, donde el President parece estar dispuesto a comparecer finalmente para presentar las alegaciones que considere oportunas sobre la aplicación del 155, mientras ERC, PDeCAT y CUP no llegan a ningún acuerdo para votar la DUI en el Parlament.   
            En cuanto a otros asuntos se refiere cabe citar que Anticorrupción pedirá imputar a Gallardón por el fraude del Canal, atribuyéndole Fiscalía los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental; que, según la fiscal, Gürtel hizo del soborno al PP “un modo de vida”; que Bárcenas ocultó pagos de medio millón en casa del gerente de Aguirre, afirmando Hacienda que se realizaron con dinero negro, lo que agrava los delitos fiscales del ex tesorero; que Carmena da contratos por 472.000 euros a la cooperativa fundada por Rafael Mayoral, diputado de Podemos, y desde la entidad sostienen que dejó la compañía hace tres años; y que se inicia el juicio contra Sergio Morate por el doble asesinato de Cuenca en medio de la indignación de los familiares y amigos de las víctimas.
            Y en el exterior destaca que la victoria electoral de Abe permitirá a Japón tener un ejército convencional y eleva la tensión con Corea del Norte; que Macri arrasa electoralmente en Argentina mientras el peronismo de Kirchner se complica su futuro; que la OMS sucumbe a las duras críticas por el nombramiento del presidente de Zimbabue y le quita el puesto de embajador a Mugabe; que los referendos de Lombardía y Véneto sacuden el tablero electoral italiano y abren la vía para tener más poder; y que la FIFA elige a Cristiano Ronaldo como mejor jugador del mundo de la temporada pasada.
Jorge Cremades Sena