Nadie
podrá negar a estas alturas del “procés” independentista diseñado por el Govern
de Cataluña que, desde su inicio, está basado en mentiras históricas para
justificarlo y en más mentiras y trampas presentes para alimentar su desarrollo
día a día. En efecto, ni hubo jamás un periodo histórico en que Cataluña gozara
de independencia (siempre formó parte del Reino de Francia, de la Corona de
Aragón o del Reino de España); ni España roba a Cataluña (es parte de España y
como tal participa en todos los procesos financieros y de cualquier otro tipo
como el resto de territorios españoles); ni existe jurídicamente el genérico
derecho a decidir sin especificar qué, (ya deciden qué, y sólo qué, en cada
momento en los diversos procesos electorales legales, ya sean locales,
territoriales o generales), término confuso que utilizan malintencionadamente
para enmascarar lo que realmente pretenden, el derecho de autodeterminación (no
aplicable a la realidad catalana y por tanto no aceptable como tal por la
comunidad internacional para el caso); ni los catalanes están oprimidos o
cercenadas sus libertades (gozan del mayor autogobierno de toda su historia y
en uno de los Estados, España, más descentralizados del mundo); ni una
independencia unilateral, ilegítima e ilegal sería aceptada y reconocida por la
comunidad internacional, ni, obviamente, por la UE, de la que quedaría excluida
tal como han dejado claro sus dirigentes; ni tantas y tantas otras falacias
vendidas irresponsablemente por el Govern y aprobadas ilegítimamente por el
Parlament al margen del Estado de Derecho. Por todo ello, cueste lo que cueste,
una vez llevado el desafío totalitario al borde del precipicio, obligando al
Estado a poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, tan constitucional
como los demás por excepcional que sea su aplicación, ya no cabe marcha atrás
(ocasiones ha tenido Puigdemont y su Govern para evitarlo) y llevan toda la
razón quienes, como el Gobierno, defienden que no valen “más trampas” y que,
por tanto, no basta sólo con convocar autonómicas a estas alturas y aquí no
pasa nada, salvo que la Generalitat vuelva a la “legalidad total” pues el daño
ya causado no sólo debe ser reparado artificialmente sino que además se ha de
garantizar de cara al futuro una certidumbre, necesaria en cualquier Estado de
Derecho, de que no volverán a repetirse ni tolerarse comportamientos
totalitarios a quienes gobiernen las diversas instancias territoriales, ya sean
de cualquier ideología, independentista o no, y que, si delinquen actuando al
margen de la Legalidad, deben apechugar, como cualquier otro hijo de vecino,
con las consecuencias civiles y penales que diriman los tribunales de Justicia.
Ya no valen más trampas ni mentiras, la aplicación del 155, por compleja y
difícil que sea, ni pretende anular la autonomía de Cataluña, ni de ninguna
otra; ni menosprecia o humilla al pueblo catalán, ni a ningún otro; ni es un
gesto autoritario contra nadie… simplemente, como sucede en todos los Estados
democráticos del mundo, pretende restaurar la normalidad democrática allá donde
sus gobernantes la han atropellado sistemáticamente, como han hecho los
actuales gobernantes de Cataluña, únicos responsables de lo que suceda.
No
valen más trampas ni mentiras para desacreditar la aplicación del 155 por su
carácter insólito y excepcional (no aplicado jamás en nuestra democracia)
ocultando que lo insólito, excepcional e intolerable es la deriva totalitaria
del Govern de Cataluña y que, justo para atajar estos comportamientos antidemocráticos,
es para lo que el artículo, copiado casi literalmente de la legislación de
Alemania (territorio y pueblo desgraciadamente víctima de atroces gobernantes
totalitarios en el pasado y curada de espanto para pretender evitarlo en el
futuro), se incluyó en la Constitución Española de 1978. Y restaurar la normalidad
democrática pasa porque los gobernantes acaten la legalidad democrática vigente
y cesen a los altos cargos que no estén dispuestos a acatarla, como es su
obligación. Por tanto los gobernantes democráticamente legitimados tras la
aplicación del 155 con carácter temporal y transitorio, habrán de actuar en
consecuencia y no debiera ser motivo de discusión alguna desde un prisma
democrático, que dichas autoridades desmonten la nueva agencia tributaria ilegal
de Cataluña; que acaben con la red de asesores del separatismo (un entramado
integrado por trescientos cargos nombrados “a dedo”, cuyos sueldos suman 23´6
millones anuales); que releven a Trapero por otro mosso dispuesto a someterse
con claridad meridiana a la legalidad democrática vigente; que se nombre o no
un mando único para aplicar el artículo 155 o se tome cualquier otra decisión
al respecto; que se acabe con el ejército de enchufados del secesionismo, unos
25.000 interinos colocados en plena crisis económica; que se cierren las
“embajadas” políticas de Romeva; y que se tomen otra serie de medidas
necesarias para volver a Cataluña a la normalidad democrática, incluidas las
tendentes a normalizar la objetividad e imparcialidad en los medios públicos de
comunicación como TV3. Ahora toca pues que cada palo aguante su vela y que
Puigdemont, máximo responsable de esta situación, asuma sus responsabilidades:
si quiere, por fin, comparecer ante el Senado (hasta ahora no lo ha hecho), que
comparezca; si quiere convocar elecciones autonómicas, que las convoque; y si
quiere declarar la independencia unilateral de Cataluña, que la declare. Sólo
la plena restauración de la legalidad democrática en Cataluña paralizaría la
aplicación efectiva del artículo 155 y me temo que ésta ni siquiera quedará
restaurada ipso facto ni con la aplicación del 155, pues todo va a depender de
las decisiones electorales que tomen los catalanes en las próximas elecciones
autonómicas, ya sean convocadas por Puigdemont o por Rajoy. Y, de momento, según
NCReport, el actual bloque soberanista perdería la mayoría absoluta: ERC
ganaría los comicios con el 24´6% de votos y 41 escaños, seguido por Ciudadanos
con el 19´2% y 26, PDeCAT con el 12´1% y 18, PSC con el 13´1% y 17,
CSQP-Podemos con el 11´4% y 14, PP con el 10´5% y 13, y CUP con el 5´6% y 6;
pero, aunque sólo se trate de sondeos, lo cierto es que, en caso de darse estos
resultados, la última palabra en el próximo Parlament la tendrían los podemitas
de Cataluña Si Que es Pot que recogerían el relevo de la CUP en las decisiones
sobre el futuro de Cataluña… algo es algo, pero, ya ven, nada para echar
cohetes, salvo que los catalanes finalmente decidan despejar más claramente el
horizonte sobre el futuro que desean.
Nadie
dijo que desactivar un golpe de Estado fuera tarea fácil, todos tienen un
cierto soporte social y éste, propiciado por los independentistas, lo tiene
igualmente. Pero lo inaceptable es que algunos, que se llaman demócratas,
apelen a dicha dificultad para oponerse a la aplicación del 155 y sigan hablando
de inútiles diálogos con los golpistas, de ilegales referéndums pactados y otras
pintorescas propuestas por el estilo que, en el fondo, suponen una claudicación
ante los golpistas. Sólo la estricta aplicación de la Constitución y de las
leyes emanadas de ella podrá afianzar la fortaleza del Estado de Derecho.
Entretanto, el Govern asegura que “no está sobre la mesa” convocar elecciones
ahora, crece la presión sobre Puigdemont para que aproveche su última
oportunidad y no empeore más aún la situación, aumentan en Cataluña las
denuncias de odio desde el triste 1-O, surgen las primeras grietas entre los
socialistas por el apoyo de Sánchez a Rajoy (cuando de lo que se trata es del
apoyo al Estado de Derecho, no a Rajoy), y se especula con que Rajoy y
Puigdemont se verán las caras en el Senado, donde el President parece estar dispuesto
a comparecer finalmente para presentar las alegaciones que considere oportunas
sobre la aplicación del 155, mientras ERC, PDeCAT y CUP no llegan a ningún
acuerdo para votar la DUI en el Parlament.
En
cuanto a otros asuntos se refiere cabe citar que Anticorrupción pedirá imputar
a Gallardón por el fraude del Canal, atribuyéndole Fiscalía los delitos de
malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental; que,
según la fiscal, Gürtel hizo del soborno al PP “un modo de vida”; que Bárcenas
ocultó pagos de medio millón en casa del gerente de Aguirre, afirmando Hacienda
que se realizaron con dinero negro, lo que agrava los delitos fiscales del ex
tesorero; que Carmena da contratos por 472.000 euros a la cooperativa fundada
por Rafael Mayoral, diputado de Podemos, y desde la entidad sostienen que dejó
la compañía hace tres años; y que se inicia el juicio contra Sergio Morate por
el doble asesinato de Cuenca en medio de la indignación de los familiares y
amigos de las víctimas.
Y
en el exterior destaca que la victoria electoral de Abe permitirá a Japón tener
un ejército convencional y eleva la tensión con Corea del Norte; que Macri
arrasa electoralmente en Argentina mientras el peronismo de Kirchner se
complica su futuro; que la OMS sucumbe a las duras críticas por el nombramiento
del presidente de Zimbabue y le quita el puesto de embajador a Mugabe; que los
referendos de Lombardía y Véneto sacuden el tablero electoral italiano y abren
la vía para tener más poder; y que la FIFA elige a Cristiano Ronaldo como mejor
jugador del mundo de la temporada pasada.
Jorge Cremades Sena
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