SÍ, PERO NO; AUNQUE….

                        Cuando todo el mundo esperaba que Puigdemont declarara en el Parlament la independencia de Cataluña de forma clara y contundente, tal como habían acordado en su ilegal Ley del referéndum y tal como el siniestro mundo independentista deseaba, o, en caso contrario, desistiera de proseguir con su totalitario proyecto y regresara a la Legalidad democrática para dar paso a un nuevo rumbo en su pulso al Estado de Derecho, tal como esperaban todos los demócratas, el President, intentando burlarse una vez más de todos los españoles y especialmente de los catalanes, viene a decir en sede parlamentaria que “sí” declara la independencia de la República Catalana, “pero” no desde ese instante, sino en diferido, pues propone inmediatamente que el Parlament suspenda el asunto durante semanas para negociarla, “aunque”, antes de irse del edificio del Parlament y en una sala próxima, que no en el hemiciclo, encabeza, junto a Forcadell, la firma de un documento sin membrete, no oficial y sin carácter ejecutivo alguno, en el que todos los diputados independentistas apoyan por escrito la declarada independencia de Cataluña, pero eliminando la propuesta hecha en el hemiciclo de que se suspenda acto seguido. En efecto, el President en el Parlament, durante su discurso plagado de mentiras e inexactitudes y dando validez al ilegal referéndum, no reconocido por nadie salvo por los independentistas totalitarios, despacha el peliagudo asunto del independentismo catalán con la frase “como presidente de la Generalitat, asumo el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, provocando el eufórico entusiasmo en las huestes independentistas debidamente convocadas en la calle cerca del Parlament, para, segundos después, proseguir con la frase “y propongo que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia”, provocando una inmensa decepción en dichas huestes soberanistas que abandonaban cabizbajos la concentración callejera. Y, despachado el esperpento parlamentario sin réplica alguna a la intervención de diez minutos de los portavoces de la oposición, acto seguido los diputados secesionistas, incluida la CUP que no aplaudió el discurso de Puigdemont, abandonan el hemiciclo, donde ni siquiera se puso la declaración de independencia a votación, y suscriben la independencia en un documento no oficial para mayor confusión y ambigüedad que nadie, en su sano juicio, entiende. En definitiva, una farsa y chantaje más al Estado de Derecho, una especie de independencia a plazos y en diferido, durante una sesión del Parlament, que tuvo que comenzar una hora después de la anunciada a causa de las discrepancias entre los propios independentistas, para ganar tiempo e intentar eludir las consecuencias legales de tamaña irresponsabilidad con una falsa oferta de diálogo y una llamada a la mediación internacional que nadie respalda para resolver un conflicto en un Estado de Derecho democrático como es el caso.

            Obviamente el Gobierno español (como cualquier demócrata u organismo o institución democrática) considera inadmisible el chapucero proceder del President y su tramposa, ambigua y confusa declaración de independencia, que ni en la Pompeu entienden, por lo que Rajoy, tras hablar con Sánchez y Rivera, convoca urgentemente un Consejo de Ministros extraordinario para acordar una respuesta y comparece en el Congreso de los Diputados para exponer y debatir en sede parlamentaria la gravísima situación generada por el President de la Generalitat de Cataluña. Y la respuesta del Gobierno de Rajoy es clara y contundente: dar un plazo a Puigdemont hasta el próximo lunes para que aclare con un “sí” o un “no” escueto y rotundo si ha proclamado o no la independencia unilateral de Cataluña, entendiendo su silencio, pasado el plazo como un “sí”, y, en tal caso, otro plazo hasta el próximo jueves para que se retracte y, en caso de no hacerlo, adoptar todos los mecanismos constitucionales establecidos para devolver a Cataluña la legalidad y la democracia, atropelladas por el Govern. En definitiva, si Puigdemont pretendía seguir mareando la perdiz para evitar el peso de la ley y contentar a su vez a sus radicales socios de la CUP, Rajoy pone la pelota en el tejado del President, para que no quepan dudas de su proceder, antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución, tal como pide Rivera y tal como ha pactado con Sánchez, lo que supone un amplio respaldo parlamentario a la aplicación del mismo de más del 70% de los diputados en el Congreso. Una respuesta coordinada a la declaración unilateral de independencia de Cataluña por la que el Gobierno intervendrá la autonomía si Puigdemont no rectifica antes del día 19, avalada por el acuerdo entre PP-PSOE, que añade la promesa de iniciar negociaciones para una reforma de la Constitución, mientras el separatismo advierte de que la oferta de negociación y mediación del President será la última y Junqueras descarta la solución de convocar elecciones, en tanto que la CUP, totalmente defraudada considera una “traición” por parte de Puigdemont la apertura de esa falsa vía de diálogo y mediación ofertada en el Parlament y amaga incluso con abandonarlo hasta que se den pasos evidentes a favor de la ruptura. Es el callejón sin salida en que se ha metido el Govern de la Generalitat con Puigdemont y Junqueras a la cabeza.

            Así han transcurrido estos dos vertiginosos (políticamente hablando) días previos a la fecha de hoy, día de la Hispanidad, con la esperpéntica sesión y comparecencia de Puigdemont en el Parlament y la posterior constructiva sesión y comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados, mientras se respira un ambiente de cierta confusión en la calle, de cierta división en el mundo independentista y decepción entre los más radicales, y de un amplio consenso entre los partidos constitucionalistas para atajar este golpe de Estado, lamentando que Podemos se oponga, junto a los partidos nacionalistas e independentistas, a aplicar los mecanismos constitucionales, como es el artículo 155, que considera como medidas de represalia contra los golpistas, cuando simplemente se trata de aplicar la legalidad democrática vigente. Entretanto, los bancos catalanes piden tranquilidad a sus clientes, prosigue la huida de empresas, se acentúa la caída del turismo y el separatismo llama a tomar la calle para imponer su idílica república, mientras documentos de la Generalitat revelan un plan para desestabilizar el Estado y agentes de la Policía Nacional vigilan los alrededores del Palacio de Justicia de Barcelona para garantizar su custodia y seguridad que antes del 1-O estaba encomendada en exclusiva a los Mossos, cuyo jefe, Trapero, junto a los líderes de Omnium y ANC, declarará el lunes en la Audiencia, conociéndose además que Omnium ha recibido nada menos que veinte millones en ayudas para la secesión y que la Generalitat ocultó subvenciones a los líderes callejeros del secesionismo camuflándolas como estudios y donaciones. En efecto, según informe de la Guardia Civil sobre el ilegal referéndum del 1-O queda patente que “los jefes de los Mossos están involucrados en el proceso” ya que el atestado entregado a la Audiencia Nacional concluye que Trapero dio apoyo a los detenidos por preparar la ilegal consulta, que los agentes de la policía autónoma entorpecieron las investigaciones de la Guardia Civil a los miembros del Govern y que el “número dos” de Junqueras tenía en su casa el plan estratégico para “generar conflicto y desconexión forzosa”.

Y, mientras en este putrefacto escenario generado por el parcial Govern de Cataluña en favor del independentismo totalitario un juez investiga al director de un colegio y a tres profesores por incitar al odio a la Guardia Civil, el Ministerio de Educación apercibe al Departamento de Enseñanza de la Generalitat por veinte nuevos casos de “adoctrinamiento”, “acoso escolar” e “incitación al odio” registrados tras el 1-O, al extremo de que en uno de ellos, concretamente en un colegio de jesuitas de Barcelona, se ha escenificado un cuento para explicar el referéndum a niños de siete años cuyo “final feliz” consiste en que se “mata al Rey y a los policías malos”…. Ya era hora de que el Gobierno inicie el proceso de sanción (y si no están previstas que se prevean) contra la Generalitat tras permitirle, durante décadas, el indecente adoctrinamiento de niños y jóvenes en las escuelas, que explican perfectamente el incremento del sentimiento independentista y de rechazo a España y a tolo lo español, al extremo de que cada vez es más frecuente oír la frase de “vete a tu tierra” a quienes, catalanes o no, quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos dentro del marco democrático del Estatut, de la Constitución y de la Legalidad y los principios que inspiran a la Unión Europea. Es obvio que, además de la aplicación del 155 y el restablecimiento de la legalidad en Cataluña, hay que hacer desde el Estado de Derecho y sus respectivos gobiernos un gigantesco esfuerzo pedagógico-político y desde la Justicia una severa persecución de delitos para que la normalidad democrática arraigue de nuevo en Cataluña, no sólo en apariencia sino en la realidad.

En cuanto a otros asuntos y noticias, que también las hay, aunque queden eclipsadas por el desafío catalanista, cabe citar que la Fiscalía confirma que la red Gürtel financió al PP; que el Gobierno quiere aflorar por ley la brecha salarial entre hombres y mujeres; que Berlín rechaza las reformas del euro que proponen Macron y Juncker; que el FMI teme otra burbuja financiera en Europa por la política de Draghi; que la UE desiste de la creación de un fondo de garantía de depósitos común y debilita su proyecto de la Unión Bancaria; y que otros cinco jueces se suman al Supremo en el exilio tras huir de Venezuela.

                                                Jorge Cremades Sena