QUE DECIDAN LOS CATALANES

                        Esperpéntico, se mire como se mire; estos dos últimos días hasta el desenlace final del totalitario “procés” soberanista, finiquitado ayer tarde, pasarán a la historia como paradigma de lo que un gobernante democrático jamás debe hacer. En efecto, justo anteayer, Puigdemont deja vía libre a la aplicación del artículo 155 de la Constitución negándose definitivamente a convocar elecciones autonómicas y trasladando al Parlament la posible declaración de independencia, mientras el Senado, donde el President se niega a ir para alegar lo que considerase oportuno y debatir al respecto, proseguía con el procedimiento para poner en marcha el artículo en cuestión, que tanto está dando que hablar, y permitir a Rajoy intervenir la Autonomía Catalana y restablecer la legalidad atropellada por el Govern. Así, en medio de una serie de especulaciones sobre qué sucedería finalmente, se va conociendo que Puigdemont, presionado por unos y otros para proseguir con su locura totalitaria o abjurar de ella, pretendía hacer el último chantaje al Estado de Derecho proponiendo determinadas exigencia a Rajoy a cambio de apearse del burro totalitario y convocar elecciones en Cataluña. Chantaje y exigencias que, obviamente son rechazadas por Rajoy, entre las que cabe citar la liberación de los Jordis (dirigentes de ANC y Omnium), la inmunidad judicial para presuntos delitos relacionados con el soberanismo, la salida de la guardia civil y refuerzos policiales que permanecen en Cataluña y la no aplicación del artículo 155, poniendo en evidencia su mentalidad totalitaria como si del Ejecutivo dependiera incluso el destino final de los ya encausados judicialmente. Y, ante la tajante respuesta de Rajoy, de que la única salida era “el retorno a la legalidad”, Puigdemont despeja por fin el asunto, anunciando cobardemente que dejaba en manos del Parlament la decisión de declarar la independencia. Atrás quedaban sus amagos de convocar elecciones si se suspendía el 155 y sus peticiones al gobierno trasladadas por Urkullu e Iceta, mientras en el Palau de la Generalitat un secesionismo dividido debatía sobre si se declaraba la DUI o se convocaban elecciones, con una Plaza de Sant Jaume repleta de gente, convocada para celebrar el anuncio de la independencia, quienes, ante los rumores de que el chapucero President optaba por lo segundo, gritaban sin cesar “Puigdemont traidor”, hasta que éste, frustradas sus expectativas totalitarias y tras retrasar tres veces su anunciada comparecencia para anunciar su definitiva decisión, se permitiera finalmente comparecer públicamente para aclararla al final: el Parlament decidiría al respecto. Finalizaba así una jornada caótica y vergonzante, mientras el Senado seguía tramitando el 155 y el conseller Santi Vila, el más crítico con la forma de pretender proclamar la independencia, dimitía de su cargo, evidenciando el malestar en el bloque independentista, que llegó a provocar una bronca mayúscula en la que Puigdemont dijo a Junqueras “si el problema soy yo, renuncio y te pones tú al frente”, pero el Vicepresident se negó a aceptarlo. Y mientras los radicales amenazaban con llevar el conflicto secesionista a las calles, los Mossos se disponían a quemar documentos “sensibles” del “procés” y del 1-O cuando la Policía intercepta la furgoneta para requisarlos, dándose cierta tensión entre ambos cuerpos durante el tiempo de espera para que llegara la orden judicial.

            Pero después de tan pintoresca jornada no le va a la zaga la jornada siguiente, la de ayer, con toda la atención mediática puesta en el Parlament, donde se decidía por fin el asunto de la DUI, y en el Senado, donde se decidía sobre la aplicación del 155 y los términos de su alcance. En el Parlament continuaba el chapucero esperpento totalitario independentista, donde Puigdemont no pronuncia palabra alguna ni al principio ni al final de la sesión (como si fuera mudo), haciendo caso omiso a las intervenciones de los portavoces de la oposición, que, ante la chapuza ilegal y antidemocrática que se pretende, abandona el Pleno y, sin ellos presentes, con medio salón de plenos vacío, sólo 70 diputados declaran, aprueban y proclaman finalmente la independencia, jactándose de que “constituimos la república catalana” y, para colmo, frente a otras resoluciones de la oposición rechazadas durante la sesión a brazo alzado, la proclaman insólita y cobardemente con voto secreto para evitar posibles imputaciones judiciales, conscientes los parlamentarios de la ilegalidad que estaban cometiendo, mientras la Mesa del Parlament, presidida por Forcadell y avisada por los servicio jurídicos del propio Parlament y, por tanto, consciente de la ilegalidad y la gravedad del asunto, permitía semejante felonía totalitaria como si nada. En el Senado, por el contrario, tras un amplio y razonado discurso de Rajoy, las pertinentes intervenciones de todos los portavoces de los grupos y el debate al respecto, se da vía libre al 155 con la aprobación por una amplísima mayoría absoluta de la Cámara (214 senadores, frente a 47) y se autoriza de forma legal y democrática al Gobierno y su Presidente, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos (Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT votan en contra) a que tome las medidas necesarias para atajar y acabar con la ilegal, ilegítima y antidemocrática declaración de independencia de Cataluña y con el golpe dado a la Democracia. Se ponía así fin al esperpéntico espectáculo independentista en dos actos a la espera de que el Consejo de Ministros dictase las medidas concretas a tomar, mientras grupos separatistas se concentraban ante la Generalitat para celebrar su recién proclamada República y anunciaban protestas para impedir la aplicación de la Ley, mientras en algunos Ayuntamientos se retiraban las banderas españolas y mientras la UE y los gobiernos de EEUU y Europa, así como otros de Sudamérica, apoyaban al Gobierno de España unánimemente y nadie reconocía a la recién proclamada República Catalana a pesar de los esfuerzos de Romeva por lograrlo. Ya Junqueras, antes del 1-O, admitió que la secesión era “inviable” (según una conversación telefónica previa al referéndum e intervenida a sus colaboradores), aunque siguiera engañando a los ciudadanos, como el resto de sus colegas totalitarios, diciéndoles que la nueva Republica de Cataluña quedaría dentro de la UE y gozaría de todos los parabienes, la realidad es otra, pues recién proclamada dicha república la propia UE sostiene que “ni reconoce, ni reconocerá” la independencia catalana. 

            Y tras la  inmediata celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, pronto llegaba la respuesta concreta, despejando cualquier tipo de especulación malintencionada al respecto en el sentido de que la pretensión del Estado de Derecho y su Gobierno era humillar al pueblo catalán y restringirle su autogobierno. Nada más lejos de la realidad, pues las primeras medidas tomadas para descabezar el golpe, son bien claras y sencillas tras tomar el Gobierno, democrática y legalmente, el control temporal de la Autonomía autorizado por el Senado y en absoluta sintonía con la Constitución española; tales medidas, desveladas por Rajoy, pretenden restaurar lo antes posible en Cataluña la democracia, usurpada por sus actuales gobernantes soberanistas, y consisten en destituir a Puigdemont y todo su Govern totalitario en pleno, disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el día 21 de diciembre, a pesar de estar autorizado para convocarlas en un plazo máximo de seis meses. Y en este lapsus breve de tiempo (55 días) serán los distintos ministerios quienes gestionen las competencias de las consellerías homólogas. Sin duda alguna el Estado, a través de su Gobierno y en sintonía con la oposición nítidamente democrática, ha optado porque sean los catalanes quienes decidan sobre el futuro de su Comunidad Autónoma en el mínimo tiempo posible, asunto que podría haber posibilitado el ya ex President Puigdemont simplemente convocándolas él. Por supuesto, todo lo anterior queda al margen del ámbito judicial que habrá de resolver sobre las más que probables querellas, ya interpuestas o que puedan interponerse, por los gravísimos daños causados por los principales responsables de tan intolerable desaguisado, entre ellas la que Fiscalía prepara por rebelión contra la Mesa del Parlament, contra Puigdemont y contra todo su Govern; y que cada quien, tras apechugar con las consecuencias políticas con sus ceses, apechuguen también con las consecuencias civiles o penales derivadas de su más que nefasta gestión. Asimismo, gracias al pacto Rajoy-Sánchez-Rivera se procede al cierre de las “embajadas” catalanas y al control de los Mossos, cesando al Director General de los mismos.  

            Nada pues contra los catalanes, sino todo lo contrario. Todo contra sus gobernantes que decidieron ilegal e ilegítimamente actuar de forma antidemocrática al margen de la Constitución y contra el Estatut, es decir, al margen de todos los españoles, incluidos los catalanes. Y que conste que no se actúa contra ellos por su ideología independentista, que cualquiera puede seguir sosteniendo (¡faltaría más!), sino por su conducta delincuencial y antidemocrática. Que decidan pues los catalanes y que decidan tranquilos y esperanzados, sabiendo que el próximo Govern que elijan, soberanista o no (eso dependen de ellos), tendrá que gobernar para el interés general de todo el pueblo catalán y, en todo caso, dentro de la Legalidad democrática vigente, en el marco de la Constitución y del Estatut de Catalunya, garantes de los derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos.

Jorge Cremades Sena