RESTAURAR LA LEGALIDAD

                        Dice la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ilegal “Ley del Referéndum”, ya suspendida en su día y ahora anulada definitivamente, que “lo que a todos afecta sólo puede ser decidido por todos” por lo que, además de la vulneración de cualquier legalidad y de los propios reglamentos al respecto, “el Parlament dejó a los ciudadanos a merced de un poder sin límite alguno”, lo que repugna a cualquier planteamiento democrático. Un poder que “no reconoce límite alguno” es lo más parecido a un poder absoluto, autoritario y arbitrario, que es lo que pretende consolidar el Govern de la Generalitat en estos momentos. Por eso no extraña que la respuesta de Puigdemont a los requerimientos por parte del Gobierno español haya sido la que ha sido hasta el final, es decir, una burla en toda regla a los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, y a las instituciones democráticas del Estado de Derecho al que pertenece legal y legítimamente la Generalitat de Cataluña, cuyo Govern, dirigido por Puigdemont y Junqueras, se ha saltado todo tipo de normas, usos y competencias regladas y ajustadas a derecho, prostituyendo la democracia en Cataluña y dañando gravemente la estabilidad económica y la convivencia no sólo entre los catalanes sino entre el resto de españoles. Por todo ello, agotada una paciencia infinita por parte del Gobierno de España y demostrada la tozudez totalitaria de Puigdemont y sus colegas, sólo cabe ya (algunos consideran que se debiera haber hecho antes) aplicar el artículo 155 con la única finalidad de restaurar la legalidad en Cataluña y en España, que es el objetivo que pretende dicho artículo (basta leerlo para comprobarlo), aunque algunos, interesadamente, pretendan venderlo como el de una supresión recentralizadora y caprichosa de la autonomía, cuando precisamente su pretensión es todo lo contrario, es decir, restablecerla y defenderla de los atropellos antidemocráticos de sus totalitarios gobernantes. Por tanto el Gobierno intervendrá la autonomía catalana para frenar la ilegal secesión y al efecto el Consejo de Ministros decidirá mañana las medidas negociadas con el PSOE, para enviarlas al Senado, que finalmente decidirá al respecto, especulándose que el asunto consista en un 155 limitado y elecciones en Cataluña para la primavera; que, entretanto, Gobierno y oposición constitucionalista negociarían nombrar un sustituto temporal de Puigdemont con rango de ministro (es obvio que no se pueden mantener a los zorros cuidando del gallinero) para reinstaurar la legalidad; que el 155 limitaría la función del Parlament pero no lo disolverá; y que, aunque, desde ya, se activará el artículo, la Cámara Alta no lo aprobará hasta finales de mes, esperando (a mi juicio, vanamente) que en ese plazo se convoquen elecciones, mientras Puigdemont amenaza con votar la independencia en el Parlament. En definitiva, que el Gobierno de España, bien a través de un “ministro para Cataluña”, bien con otra fórmula ad hoc, gestione la Autonomía, temporal y brevemente, y que convoque elecciones autonómicas para que sean los catalanes quienes decidan en quienes dejan la responsabilidad del futuro político-institucional inmediato de la Comunidad Autónoma.

            Entretanto el rotundo mensaje de Europa, como no podía ser de otra forma, es a favor de una España unida, dejando bien claro que “nadie en la Unión Europea reconocería la independencia de Cataluña”, por si queda alguna duda, aunque los independentistas sigan vendiendo humo al respecto (lo cierto es que sólo cuentan internacionalmente con el apoyo expreso de Nicolás Maduro, reconocido demócrata como todo el mundo sabe) y sostengan que la hipotética República Catalana sería acogida internacionalmente con los brazos abiertos y seguiría siendo miembro de la UE. Por tanto, Europa cierra filas con Rajoy, que recibe el apoyo de los principales líderes europeos ante el desafío secesionista, especialmente de Macron y Merkel, respaldando siempre una “solución dentro del marco constitucional español”, al extremo de que Tusk, presidente del Consejo Europeo, desautoriza al secesionismo y su propaganda demagógica diciendo que “no hay espacio” para la mediación que buscan los secesionistas. Es la respuesta lógica de una Unión Europea basada en el Imperio de la Ley, frente a quienes pretenden conseguir sus objetivos y gobernar al margen de ella. Pero ni este unánime rechazo internacional, ni la oferta de Rajoy de frenar el 155 si Puigdemont convoca elecciones, ni los plazos dados para que reconsidere su empecinamiento soberanista, ni la oferta de “amnistía” por parte de Rajoy a cambio de elecciones legales para que el President salga indemne a pesar de todo el daño causado, ni nada de nada, parecen hacer mella alguna en la entelequia totalitaria del alucinado Puigdemont. Ni siquiera le afecta que tres de sus consejeros le amenacen con dimitir si aprueba la ruptura por decreto (al parecer, Xanti Villa, Meritxell Borrás y Carles Mundó, han manifestado su voluntad de abandonar el cargo si se utilizara esa vía), mientras la CUP dinamita el “procés” negándose a votar en el Parlament una declaración de independencia (quieren la independencia ya) y el independentismo reactiva las protestas en Barcelona y otras ciudades catalanas con velas en la mano y en silencio para exigir la libertad de los “presos políticos”, es decir, de los presuntos delincuentes, los Jordis, encarcelados cautelarmente por sedición y a la espera de juicio; sin duda alguna, todo un ritual para inventarse mártires de la causa antidemocrática.

            Y todo ello en medio de un deterioro económico en Cataluña (y en el resto de España) que los expertos valoran ya en un coste al Estado de entre 13.000 y 14.000 millones de euros que repercutirán obviamente en el bienestar de todos los ciudadanos. En efecto, el impacto económico del “procés” provoca, entre otras cosas, que en octubre hayan salido de Cataluña 700 empresas (917 en total ya se han ido), que la venta de coches en Barcelona haya caído entre el 30% y 40%, que la actividad turística caiga un 15% (previéndose 1.200 millones menos de ingresos turísticos este año), que las ventas en grandes superficies en Cataluña sufran una caída del 20%, que unas 20 empresas abandonen Cataluña cada hora, que la crisis costará 3.300 millones al PIB y la pérdida de unos 75.000 empleos en 2018…. Pero, instaladas en la teoría de que cuanto peor, mejor, tanto ANC como Ómnium llaman a los catalanes a que saquen sus ahorros de los bancos, en tanto que el Presidente del Sabadell prepara su traslado a Madrid y casi mil empresas han huido ya de Cataluña a causa de la inseguridad jurídica generada por esta pretendida esquizofrénica independencia unilateral, siendo más que probable que el escenario empeoraría más aun ante una hipotética República Catalana al margen de la UE y sin cobertura alguna por parte del BCE. Y mientras Barcelona se queda casi sin opciones para acoger la Agencia del Medicamento a pesar de la defensa de que lo sea hecha tanto por el Gobierno de Rajoy como del Govern de la Generalitat (cuando tenía todas las ventajas para serlo antes de este “procés” soberanista intolerable), y mientras Volkswagen deja en manos de SEAT el plan para salir de Cataluña, sumándose a la ristra de empresas que ya han huido de la quema, Puigdemont planea declarar la DUI y elecciones constituyentes, pretendiendo el PDeCAT apostar por repetir coalición aunque Junqueras, sabedor de que ERC ya ha hundido al PDeCAT, se niegue a ello; aunque me temo que Puigdemont opte por activar la Asamblea de Electos si le suspenden con el artículo 155 y diputados y alcaldes tomarían las riendas de la ruta soberanista como resistencia, al mejor estilo cupista, y al final la antigua CDC, convertida hoy en PDeCAT, acabe siendo finalmente el PDeCUP. Restaurar la legalidad con la aplicación constitucional del artículo 155 ya no sólo es esencial sino urgente, como sostiene Ciudadanos.

            En cuanto a otros asunto, que también los hay, cabe citar al menos que hay penas de cárcel para la cúpula de la CAM; que Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo con Ignacio González, declara ante el juez del caso Lezo que “se robaron 25 millones del Canal en la época de Gallardón” incriminando así al ex ministro; que cunde el miedo a la “lava negra” en Galicia tras los incendios, mientras Fiscalía investiga si hubo “planificación coordinada” en los mismos y aparecen sospechosos al respecto en tanto que las lluvias calman la catastrófica situación; que la Gran Vía de Carmena costará el doble de lo anunciado; y que ACS supera en 2.000 millones la oferta de Atlantia por Abertis, una contraopa de Florentino Pérez para liderar las autopistas en el mundo, al lanzar una oferta por la concesionaria Abertis por 18.500 millones, un 13´6% mayor que la de Atlantia.

            Y en el exterior destacar que mientras David Davis, ministro para el Brexit y jefe negociador británico, dice que “debemos estar preparados para un Brexit sin acuerdo”, la UE busca un divorcio amistoso con Reino Unido; que las milicias antiyihadistas reconquistan Raqqa, el bastión del ISIS en Siria, dejando sin territorio al Estado Islámico gracias a la coalición del FSD y apuntando al final del Califato la victoria de las milicias apoyadas por EEUU; y que en China el presidente Xi Jinping anuncia en Pekín durante la apertura del XIX congreso del Partido Comunista Chino sus planes por convertir el país en “una gran nación socialista moderna” mientras prepara el nuevo ejército de China “para el combate”.

            En cuanto se refiere a los deportes destacar la retirada de Ruth Beitia, la mejor atleta española; y en la Champions de Fútbol un nuevo paso atrás del Atlético de Madrid, que empata, 0-0, en casa del humilde Qarabag, la estrepitosa derrota del Sevilla, 5-1, en casa del Spartak de Moscú, el empate del Real Madrid, 1-1, con el Tottenham en el Bernabeu, y la victoria del Barça, 3-1, frente al Olympiacos en el Camp Nou.

Jorge Cremades Sena