Y LLEGÓ EL 155

                        Inevitablemente, el empecinamiento antidemocrático de Puigdemont y su comparsa ha activado la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución que dice: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Mayor claridad, imposible; y, dadas las circunstancias, mayor necesidad, también, pues es meridianamente claro que los gobernantes secesionistas de la Comunidad Autónoma de Cataluña incumplen reiteradamente las obligaciones constitucionales y las leyes democráticas, atentando grave y claramente contra el interés general de España; asimismo es manifiestamente claro y notorio los requerimientos que el Gobierno de España ha hecho al Presidente de la Generalitat para que deponga su actitud y rectifique en su intolerable proceder, no siendo atendidos por éste, sino todo lo contrario. Por tanto al Gobierno de España sólo le quedaban dos opciones: mirar para otro lado y que la Generalitat prosiguiera con su perverso proceso antidemocrático en contra de todos los españoles, incluidos los catalanes, o “adoptar las medidas necesarias” para obligar a la Generalitat al “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones y proteger así el “interés general”. Y obviamente el Gobierno de España ha optado por ejercer su obligación acordando enviar al Senado para su aprobación “por mayoría absoluta” las “medidas necesarias” para restaurar el orden constitucional en Cataluña consistentes en relevar al President y su Govern, que quedaría destituido por su flagrante actuación al margen de sus obligaciones constitucionales y legales, que pasarían a ser ejercidas temporalmente por el Gobierno de España y sus respectivos Ministerios; en mantener el Parlament de Cataluña pero tutelado parcialmente para evitar nuevos ataques a la Constitución y al Estatuto de Cataluña, como la ilegítima e ilegal legislación paralela para dar apariencia de cobertura legal al “procés” totalitario del Govern; y en convocar elecciones autonómicas en Cataluña en un plazo máximo de seis meses para que los catalanes decidan el nuevo Govern que, al margen de su sesgo independentista o no (eso lo decidirán los catalanes), se disponga a gobernar de forma democrática y, por tanto, acatando la Constitución, el Estatut y las Leyes democráticas acordadas en vez de prostituirlas y mancillarlas como ha venido haciendo este Govern dirigido por Puigdemont y heredado de Artur Mas. Actuación impecable pues del Gobierno de Rajoy, con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos, que representan en las Cortes Generales a más del 70% de todos los españoles, incluidos los catalanes, y que es el Sancta Santorum de la Democracia y donde ha de ejercerse el verdadero diálogo democrático, concreto y eficaz, que se decide finalmente en votaciones mayoritarias, frente a ese manido diálogo antidemocrático, etéreo y chantajista, que esgrimen los populistas y los soberanistas, y que sólo sirve para confundir demagógicamente a los ciudadanos, rechazando, como hace Puigdemont, comparecer con arreglo a la Ley y a los reglamentos en las Cortes Generales para defender allí su proyecto independentista, negándose simplemente porque sabe que es minoritario y porque la democracia sólo le vale si se le garantiza su personal triunfo.

            Con la puesta en marcha del artículo 155, tal como sucedería en cualquier Estado de Derecho democrático, no acaba el problema pero se restablece una normalidad expresada claramente en la entrega de los Premios Princesa de Asturias en la víspera de la toma por parte del Consejo de Ministros de tan extraordinaria medida constitucional. En efecto, en Oviedo, por si quedaban dudas, se expresó claramente la forma correcta de reconducir cualquier amenaza totalitaria y antidemocrática: “España resolverá el inaceptable intento de secesión por medio de sus legítimas instituciones democráticas” porque “Cataluña es y será parte esencial de España” y “la Constitución resolverá el inaceptable intento de secesión” ya que “ningún proyecto de futuro se puede construir basándose en romper la convivencia”, “ningún proyecto de progreso y libertad se sustenta en la desafección ni en la división” y “ningún proyecto puede conducir al aislamiento o al empobrecimiento de un pueblo”, dijo Felipe VI ante las autoridades de la UE, presentes para recibir el citado premio. Sin duda alguna, sabias y sensatas palabras, difíciles de rebatir aunque algunos lo hagan, por parte del Jefe de Estado español, refrendadas por las autoridades europeas: “la fuerza del derecho es un principio fundamental de la UE”, “he visto banderas españolas por las calles y es hermoso”, “la fuerza de Europa se fundamenta en la fuerza del Derecho”, dijo Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea; “la Ley tiene que ser respetada por todos los que participan en la vida pública; para mí la concordia es sinónimo de unidad” dijo Donald Tusk, Presidente del Consejo Europeo; y “no es labor de Europa la mediación en una región de España”, “el Derecho no es una opción, es una obligación, no está mal recordarlo cuando afloran los egoísmos nacionalistas” dijo Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo. Un cierre de filas unánime por parte de la UE (al igual que el expresado por el resto de gobernantes de sus países miembros) con el Estado de Derecho, en este caso el español, frente al separatismo totalitario que, a pesar de esta unánime desaprobación, sigue engañando demagógicamente a la ciudadanía afirmando que su idílica república sería aceptada como miembro de la UE y amparada por sus instituciones cuando la realidad es que quedaría totalmente aislada internacionalmente con los consecuentes perjuicios para sus ciudadanos.

            Por todo lo anterior, desde un planteamiento democrático y de sentido común, se entienden perfectamente, ante la puesta en marcha del artículo 155, las reacciones de Pedro Sánchez y el PSOE apoyando la medida “para poner freno a una quiebra unilateral” o las de Rivera y Ciudadanos que, emulando a Tajani, sostienen que “aplicar la Constitución no es una opción sino una obligación”; pero son incomprensibles e inaceptables las reacciones de Urkullu y el PNV considerando que “es algo desproporcionado, extremo y que dinamita puentes” o las de Pablo Iglesias y Podemos afirmando que “esto aleja aún más a Cataluña de España”, a quienes habría de exigirles que dijeran, en todo caso, dónde estaría la proporción y el acercamiento entre Cataluña y España… ¿dejando actuar al Govern catalán y al Parlament al margen de la Ley?, ¿aceptando su chantaje y darles lo que pidan para que no monten el pollo?, ¿dando veracidad a su demagógica propuesta de un diálogo para consensuar un “referéndum pactado” a todas luces inconstitucional salvo que se reforme la Constitución previamente?....en definitiva, exigirles qué digan exactamente qué harían ellos, si fueran quienes gobiernan España, para que los electores españoles lo tengan en cuenta en lo sucesivo. Por su parte Puigdemont convoca al Parlament “para actuar en consecuencia” y en busca de una reacción a la decisión del Ejecutivo, provocada por él, diciéndole a los catalanes que “no podemos aceptar ese ataque, tenemos que conjurarnos”, pero, de momento, sin mencionar la posibilidad de una declaración unilateral de independencia, aunque, conociendo al personaje, no son pocos quienes sostienen que el Parlament declarará la DUI el día 27-O lo que acarrearía que la Fiscalía se querellara contra él y los principales responsables por rebelión y sugiriera, ante la gravedad de los hechos, prisión provisional. De momento, una vez cesado el Govern, el Estado controlará a los Mossos, a TV3 y la economía catalana, garantizando así el mantenimiento del autogobierno en Cataluña que para nada desaparece pues simplemente se sustituye a sus gestores temporalmente a la espera de que se celebren los anunciados comicios autonómicos una vez recuperada “la legalidad, la convivencia y la economía” y, como es lógico y normal, los funcionarios rebeldes, si los hubiere, podrán ser sancionados, incluso sin sueldo, tal como sucede en cualquier otra Comunidad Autónoma gestionada con absoluta normalidad democrática, que es lo que se pretende con la aplicación del 155, intentando evitar este desastre político, institucional, social y económico provocado por el independentismo totalitario del Govern de la Generalitat, cuyos defensores, con Puigdemont a la cabeza, tienen la desfachatez indecente de calificar la constitucional medida del 155 de “golpe”, cuando son ellos quienes actúan de forma golpista al margen de cualquier legalidad y sin ninguna legitimidad democrática que les evale.

Jorge Cremades Sena