martes, 29 de julio de 2014

REUNIÓN RAJOY-SÁNCHEZ, NO A LA CONSULTA CATALANA

                        Y, como estaba previsto y anunciado, Rajoy recibió en La Moncloa a Pedro Sánchez. Una primera reunión, entre las muchas que debieran hacerse en el futuro (por más que les pese a buena parte de los delegados socialistas en el Congreso Extraordinario) entre el Presidente del Gobierno y el Jefe de la Oposición, líderes respectivos de los dos partidos políticos más importantes y, por tanto, imprescindibles, hoy por hoy, para garantizar cualquier reforma de Estado, que no de Gobierno, que, por su interés extraordinario, requiera, por ley y por sentido común, una mayoría altamente cualificada. Y, como se preveía, han coincidido en que no habrá consulta ilegal en Cataluña. En todo lo demás han discrepado, aunque a nadie se le oculta que en algunos asuntos, especialmente en los de mayor trascendencia, es más de cara a la galería. En cuanto al diálogo abierto sobre Cataluña, Sánchez propone una reforma de la Constitución que Rajoy rechaza porque en este momento no hay el consenso de 1978, recordándole además de los riesgos de la aventura federalista. En efecto, tanto PP como PSOE, al igual que el resto de partidos políticos, tienen todo el derecho y la legitimidad de proponer un determinado modelo de Estado, incluido el unitario centralista ante el desmadre de las CCAA, pero abrir el melón constitucional sin, previamente, haber constatado electoralmente el apoyo cualificado por un determinado modelo, y un amplio consenso para ejecutarlo, al menos tan sólido como el que dio lugar al modelo actual, añadiría incertidumbres innecesarias que agravarían la situación actual. Cambiar el modelo de Estado definido en la Constitución vigente por otro surgido de una victoria pírrica de algún o algunos partidos, como sucedió en todas las anteriores constituciones excepto en la de 1978, sería de tamaña irresponsabilidad que acarrearía graves incertidumbres sobre el futuro de España. Peor aún si se hace además para aplacar la presión minoritaria en España de grupos o partidos separatistas, más o menos importantes en algunos territorios, con claros objetivos centrífugos (radicalmente opuestos al federalismo, que requiere objetivos centrípetos) que no apuestan a ningún modelo estatal sino a la independencia. En el mejor de los casos, sería pan para hoy y hambre para mañana. ¿Y si mayoritariamente ganase la opción centralista? Estos, entre otros, son los riesgos de abrir el melón constitucional sobre el cambio de modelo de Estado que, en la actualidad, supera en algunos aspectos la autonomía competencial de muchos de los estados que forman parte de Estados Federales. Entretanto los asesores de Mas, que mañana se verá con Rajoy, le advierten que la independencia de Cataluña le costará un 2% del PIB. Es lo que menos le importa. Como si fuera el 10% o más, lo importante es seguir alimentando su falacia.
            En todo caso, ahora, la gran preocupación de Mas es intentar salir lo más airoso posible del indecente comportamiento de su antecesor y padre político Jordi Pujol. Por cierto, además de lo suyo personal, enfrascados algunos de sus hijos en graves supuestos de corrupción como su padre, hasta el más pequeño, de raza le viene al galgo, Oleguer está siendo investigado por varias operaciones de blanqueo de dinero. La Policía entrega a Fiscalía un informe sobre diversas transacciones inmobiliarias por valor de 3.000 millones de euros nada menos, por lo que Anticorrupción abre diligencias contra Oleguer. Como ven, su papá, enmerdado hasta las cejas, al igual que buena parte de su familia, casi con toda seguridad tendrá que renunciar a todos los privilegios derivados del alto honor que se le concedió en su día y que con tanto deshonor ejerció. En dicho sentido presiona ERC y buena parte de CiU (las circunstancias obligan), aunque ambos partidos no estén dispuesto a apoyar una investigación parlamentaria urgente al respecto para que, al margen de lo que aclare la justicia, queden aclaradas todas y cada una de las responsabilidades políticas que por acción u omisión se deriven de semejante ignominia a lo largo de tantos años.
            Coincide este merder de Pujol y compañía con el ejemplar comportamiento de Felipe VI que, como dijimos ayer, introduce mayor trasparencia y control de la Corona que el que había con su padre Juan Carlos I. Ni negocios privados de la Familia Real, ni opacidades; dedicación exclusiva a la institucionalidad, que para eso se les paga, y auditorías externas de las cuentas. Es entre otras la primera batería de medidas tomadas por el Rey para cumplir la promesa hecha en su proclamación de dotar a la Corona de mayor transparencia y hacer de la honestidad una norma. Es obvio que el Rey Felipe se está ganando su puesto de trabajo. Además anuncia que antes de finalizar el año se elaborará y publicará un código de obligado cumplimiento para todo el personal de la Casa de SM el Rey. Buena ocasión para que los dirigentes de los partidos políticos, sindicatos y del resto de instituciones del Estado tomaran ejemplo. Y ojala que, al igual que los españoles hacen con Felipe, cada vez sus promesas adquieran mayor índice de credibilidad.
            Quien cada vez tiene menos credibilidad es Messi que está a un paso de sentarse en el banquillo (no del Barça sino de la Justicia) ya que el juez no le exonera de su culpa en el ya conocido delito fiscal y ve “indicios suficientes” de fraude fiscal contra él. No piensen mal. Nada que ver con Jordi Pujol, aunque se trate de un jugador del Barça, club utilizado de forma indecente por los gerifaltes independentistas y por buena parte de sus propios dirigentes para hacer carrera política en el ámbito del independentismo. Seguramente de todo, incluido lo de Messi, la culpa es de España.
            Finalizo con una buena noticia. El Gobierno de Rajoy ha vuelto a la cordura y da marcha atrás, como le exigía la oposición, en el asunto de la tributación de las indemnizaciones por despido y, por tanto, salvo las inferiores a 180.000 euros estarán exentas de IRPF.
            Y una mala noticia, en este caso para Rusia, que tendrá que pagar 37.000 millones por expropiar la petrolera Yukos.      

                                                Jorge Cremades Sena