jueves, 15 de mayo de 2014

LA MATÉ PORQUE SE LO MERECÍA

                        “La maté porque se lo merecía, hizo mucho daño a mi familia”, es la frase lapidaria de Montserrat González, asesina confesa de Isabel Carrasco, líder del PP en León y Presidenta de la Diputación de la citada provincia. Después de negar su participación en los hechos, Montserrat declara su crimen a la policía tras derrumbarse su hija durante un careo. Un crimen premeditado, calculado y ejecutado tras varios intentos frustrados por las circunstancias, según su propia declaración en el transcurso de la investigación policial y judicial que se está efectuando para esclarecer los hechos. De momento, prisión sin fianza para madre e hija por tan horrendo comportamiento causado por el odio, el rencor o la venganza hacia la víctima, que, en ningún caso (y mucho menos si es con premeditación y alevosía), lo justifican. Nadie merece la muerte por denigrantes que hayan sido sus actos. Y menos aún, como ha sido el caso, desde la más absoluta indefensión. Sin embargo, cuando, al margen de cualquier otra consideración, se presumía una respuesta social unánime de condena, en las redes sociales una serie de personajes (la mayoría refugiados en el anonimato) exhiben tal odio, tan enfermizo como el que ha podido albergar Montserrat, que ponen los pelos de punta, pues no sólo justifican el asesinato, sino que, además, hacen apología del mismo e incluso amenazan personalmente, por razones políticas, a otros políticos de similar ideología que la asesinada, jaleando además que, tanto ella (enterrada) como sus ejecutoras (en la cárcel), tratadas como si fueran escoria, desaparezcan de la escena política.
            Pero, si lo anterior es denigrante, casi es peor el debate público que se ha generado al respecto. Mientras Interior, como es su deber, investiga miles de tuits por si fueran constitutivos de delito, o, mientras Justicia estudia la posibilidad de reformas legales para perseguir mejor semejantes conductas, que cualquier persona de bien repudiaría, aparecen los fantasmas ideológicos intentando, una vez más, sacar ventajas políticas de hechos tan graves. Con el maniqueo de buenos y malos, en vez de buscar soluciones para que estas peligrosas conductas no vuelvan a repetirse, aparecen las acusaciones liberticidas bajo el amparo de ultramontanas defensas de una libertad de expresión ilimitada que no existe en ningún otro país. Bajo la excusa de que también hay conductas similares en la otra extrema, en este caso, en la derecha, y que no se tomaron medidas cuando éstas aparecieron (el ya conocido “y tú más”) y sólo lo hacen ahora, se genera un círculo vicioso, carente de sentido, que nos condena a todos a soportar estos indeseables comportamientos de unos o de otros. Quienes, siendo equidistantes ideológicos en la condena de estas violencias verbales (imaginen las físicas), proceden de quien procedan, no podemos entender que, por intereses coyunturales o supuestas ventajas partidarias, se siga este permanente y diabólico juego de favorecer indirectamente a quienes, si pudieran, serían capaces de utilizar el tiro en la nuca por razones ideológicas. Ni es cuestión de demonizar a las redes sociales, que casi todos usamos, ni de menoscabar la libertad de expresión de nadie, es cuestión de erradicar las amenazas, los insultos, las injurias, las calumnias y, en definitiva, la incitación a una violencia física mediante el uso impune de una violencia verbal. Si la propia UE acaba de forzar a Google a retirar enlaces dañinos para la reputación, amparando lo que se ha dado en llamar “el derecho al olvido”, justo ante la petición de un español, no es descabellado, ni fascista, ni cosas por el estilo, que el Gobierno español (éste o cualquier otro de cualquier otro signo político), ante el cariz que toma el asunto, quiera incluir en el Código Penal determinados castigos contra la impunidad, justo para evitar, entre otras cosas, la “incitación al odio” y posibilitar que todos usen las redes sin tener que abandonarlas (como sucedió no hace mucho a Elena Valenciano, entre otros) por razones de un acoso indecente e intolerable.
            Tan indecente e intolerable como la agresión sufrida por el socialista Pere Navarro a manos de la suegra de un concejal de CiU (por cierto, a propósito de CiU, el Gobierno de Mas pide a los catalanes que le envíen sus datos del IRPF), que, al fin, pone en evidencia las tensiones sociales en Cataluña como consecuencia de estrategias políticas basadas en la sinrazón y la descalificación global del contrario, simplemente por no coincidir con proyectos independentistas.
            Y, mientras el PSOE pierde la moción de censura en Extremadura contra Monago, que acusa a Rubalcaba de estar detrás de la maniobra de Fernández Vara, ambos partidos son noticia además por asuntos de corrupción. Mientras la jueza Alaya embarga cinco cuentas y seis inmuebles a Magdalena Álvarez para afrontar la fianza impuesta de casi 30 millones de euros, el juez Ruz constata “parcialmente” la financiación ilegal del PP y sobresueldos en b y pide a Suiza datos de seis cuentas para comprobar si pertenecen a un determinado político, en tanto que la intervención afirma que Rita Barberá “eludió” la ley para fichar a Urdangarín. Además Alaya, en otra vuelta de tuerca sobre los ERE imputa al presidente de Unicaja y otros quince altos cargos.
            Para finalizar, cabe felicitar al Sevilla que, en una final de infarto contra el Benfica, se alza con su tercera copa de la Europa League al derrotar en los penaltis a los portugueses. Asimismo felicitar a Iván Fandiño por su triunfo en Las Ventas al salir por la puerta grande. Y lamentar el trágico accidente en una mina turca en que ya han perecido 274 mineros y otros 125 siguen atrapados.


                                               Jorge Cremades Sena