miércoles, 14 de enero de 2015

PACTO DE ESTADO ANTITERRORISTA

                        Mientras unos y otros andan enredados en la polémica abierta sobre libertad y seguridad (la eterna cuestión) el Gobierno de Rajoy y el PSOE alcanzan un pacto de Estado contra el terrorismo que, entre otras cosas, permitirá combatir de forma más eficaz a los islamistas; así pues, PP y PSOE, ya era hora, pactan medidas drásticas con el objetivo de que el Estado, que somos todos, frene la amenaza yihadista, en tanto que la yihad jalea los ataques de París y amenaza desde España por Internet. Así, al margen de la reforma del Código Penal, se acuerda presentar una proposición de ley, sobre la base de las doce enmiendas del PP, entre las que está, por ejemplo, la ampliación del concepto de organización terrorista, la regulación de la figura del “lobo solitario” y se incrementarán las penas por la financiación y por el proselitismo en Internet. En definitiva, un acuerdo de Estado necesario, abierto al resto de la oposición, en un asunto del que ningún partido decente debiera intentar sacar provecho particular demagógicamente, pues se trata simplemente, como pretenden hacer en el resto de países democráticos, de intentar una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo y poner las bases para ello desde la prevención del mismo. La realidad exige que, por encima de elucubraciones mentales y debates teóricos ideologizados, la sociedad libre y democrática se sienta segura, precisamente para poder seguir siéndolo, frente a quienes pretenden socavarla mediante la violencia. No en vano para que cada cual vaya tomando nota, según una encuesta de NCReport (y poco variarán las demás que se hagan), el 77% de los españoles pide incrementar la seguridad, el 69% reclama que se controle la inmigración islamista y el 78% percibe el fundamentalismo como una amenaza. Estos son los datos, gusten o no. Es obvio que la inmensa mayoría de españoles (como del resto de ciudadanos europeos), nada temen, sino lo contrario, a mayores medidas de seguridad como, por ejemplo, mayores controles, entre otras cosas, porque al ser pacíficos y honrados poco o nada tienen que temer u ocultar… la minoría violenta y delictiva será quien algo tenga que temer.
            Si así está el asunto yihadista en España, en Francia, todavía conmocionada por los recientes atentados, el Primer Ministro Manuel Valls, quien en el acto de homenaje a los tres policías asesinados no pudo contener las lágrimas, declara que su país está “en guerra” contra el yihadismo y ordena controles inmediatos a las comunicaciones en Internet y además se aislará en las cárceles a los islamistas radicales. Por su parte Merkel participa en Berlín en un acto para denunciar el avance de la islamofobia, fenómeno que obviamente hay que erradicar, y Cameron no descarta prohibir el WhatsApp para evitar atentados. Y, mientras el Presidente de Turquía acusa a Occidente de hipocresía y de racismo, Marruecos desmantela cerca de Ceuta una célula del Estado Islámico, que nos ilustra una vez más de sus horrores con una grabación mostrando a un niño que ejecuta a dos supuestos espías rusos. ¡Cómo para no tomar todas las medidas de seguridad posibles!
            Volviendo a España y a otros asuntos, cabe destacar la decisión del Tribunal Supremo de que no se pueden descontar    los años de prisión cumplidos en cárceles francesas, echando así por tierra el criterio de la Audiencia Nacional que al aplicar el descuento a los etarras “Santi Potros” y Plazaola fueron puestos en libertad, con lo que ahora se abre la posibilidad de que vuelvan a prisión para cumplir los años de pena que les quedan y se cortan de raíz las expectativas de otros presos de ETA en el sentido de obtener la libertad mucho tiempo antes de lo previsto. Si casi nadie entiende que condenados por determinados delitos tengan que ser favorecidos por ningún tipo de beneficios carcelarios (valga, como ejemplo, el salvaje y despiadado atentado de Hipercor, que aún se resiste a irse de nuestras retinas y a despejar nuestras mentes, contra un montón de gentes inocentes, protagonizado por “Santi Potros”) y, menos aún, si los condenados ni siquiera muestran el más mínimo detalle de arrepentimiento, lo imposible de entender es la manifiesta discrepancia, no sólo en este caso sino en demasiados, entre tan altos tribunales como el Supremo y la Audiencia a la hora de valorar los hechos y las circunstancias que les rodean. En fin, es lo que hay, qué le vamos a hacer.
También cabe destacar que el Tesoro, en este año electoral por excelencia, asume 2.000 millones de deuda bancaria de las CCAA; y que Anticorrupción pide imputar a dos ejecutivos del Santander por estafa con las convertibles… Ya ven, las irresponsabilidades y las corruptelas, que no cesan.

                                   Jorge Cremades Sena

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